Yahoo Noticias Propietarios de laboratorio enfrentan cargos por pruebas de COVID-19
Tres personas de la Florida, California y Texas enfrentan cargos por su presunto papel en un fraude de atención médica y electrónico y en un esquema de lavado de dinero de unos $36 millones que implicó presentar reclamaciones falsas para pruebas de COVID-19.
Las reclamaciones fraudulentas fueron presentadas al Departamento de Salud, al Medicare y al Programa para personas sin seguro COVID-19 de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA), informó la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida.
Los acusados fueron identificados como Enrique Pérez-Paris, de 47 años, de Aventura, Florida, y Diego Sanudo Sánchez Chocrón, de 47 años, de Venice, California, quienes hicieron sus comparecencias iniciales en un tribunal de Miami, y Gregory Charles “Milo” Caskey, de 57 años, de San Antonio, Texas, quien hizo su comparecencia en una corte de Texas.
Según documentos judiciales, Pérez-Paris, Sánchez y Caskey eran propietarios de Innovative Genomics, un laboratorio independiente. Entre noviembre de 2019 y junio de 2023, los acusados y otras personas supuestamente conspiraron para presentar reclamaciones por pruebas de COVID-19 médicamente innecesarias y no reembolsables.
Los acusados también supuestamente pagaron sobornos ilegales a reclutadores de pacientes que hicieron arreglos para que los proveedores de atención médica remitieran las pruebas a Innovative Genomics.
En ocasiones, los acusados supuestamente provocaron que se facturara indebidamente al Programa para personas sin seguro HRSA COVID-19 por las pruebas para los beneficiarios de Medicare.
Los acusados supuestamente facturaron además por pruebas que la Administración de Alimentos y Medicamentos no había aprobado para autorización de uso de emergencia.
Cada uno de los imputados está acusado de conspiración para cometer fraude en la atención médica y fraude electrónico, tres cargos de fraude en la atención médica y conspiración para cometer lavado de dinero.
Si son declarados culpables, cada uno enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada uno de los cargos de conspiración y una pena máxima de 10 años por cada cargo de fraude a la atención médica, dijo la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida.
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