La promesa de DeSantis de poner fin a la ciudadanía por nacimiento es más fácil de decir que de hacer

Andressa Reis, una joven de 29 años de Coconut Creek, se refiere repetidamente a su condición de ciudadana estadounidense como un “privilegio”. Nació en la Florida después que sus padres brasileños, recién casados y que estaban entonces en Estados Unidos, decidieran formar una familia.

“En mi comunidad era bastante común que hubiera gente indocumentada”, dijo Reis en una entrevista con el Miami Herald. “Así que crecí reconociendo el privilegio que tenía. No tuve que pasar por una cuarta parte de la lucha que la mayoría de la gente enfrenta”.

Sin embargo, el gobernador Ron DeSantis está prometiendo que si es elegido presidente eliminará la garantía constitucional de ciudadanía para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos.

DeSantis hizo la promesa esta semana al tiempo que dio a conocer una serie de políticas de inmigración de línea dura destinadas a atraer a los electores conservadores. El ex presidente Donald Trump también prometió hace años hacerlo a través de una orden ejecutiva y, aunque nunca lo cumplió, ha renovado la promesa para la campaña de 2024.

Pero expertos jurídicos —e incluso algunos republicanos— se muestran escépticos ante la propuesta, que probablemente se toparía con obstáculos judiciales.

“No es realista”, dijo al Herald el ex representante republicano Carlos Curbelo, quien condenó la propuesta de Trump en 2018. “Ni siquiera resolvería mucho teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que inmigran ilegalmente están buscando oportunidades económicas, no la oportunidad de dar a luz ciudadanos”.

Curbelo perdió su intento de reelección en 2018 para representar un escaño de mayoría hispana en el área de Miami aproximadamente una semana después que Trump dijo por primera vez que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Curbelo dijo que tal propuesta podría atraer cierta atención de los electores conservadores en una primaria presidencial republicana, pero no llegaría a mucho más allá de eso.

“Puede conseguir algo de atención en una primaria del Partido Republicano, pero tendrá un costo entre los electores hispanos y los electores indecisos en una elección general”, dijo.

Un portavoz del senador federal Rick Scott, predecesor de DeSantis en la mansión del gobernador, dijo que el senador se opone a cualquier incentivo para que ciudadanos de otros países entren en Estados Unidos para dar a luz a un ciudadano estadounidense. Pero el senador, que se postula a la reelección el próximo año, cree que asegurar la frontera es la respuesta.

“El senador Scott ha dicho que nunca deberíamos tolerar eso y que deberíamos ponerle fin, pero que CUALQUIER propuesta debería empezar por asegurar la frontera: esa es la respuesta a este y a todos los demás problemas de inmigración que tenemos”, dijo McKinley Lewis, director de Comunicaciones del senador.

Scott aspira a la reelección en el Senado.

La campaña no da detalles

DeSantis ha hecho de la propuesta de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento una parte clave de su plan para modificar el sistema de inmigración de la nación si lo eligen presidente. Dijo que hará lo que Trump no pudo, pero aún no ha dado detalles sobre cómo exactamente planea ejecutar dicho plan.

Un portavoz de su campaña no respondió a las preguntas del Herald sobre cómo planea poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, incluyendo si intentaría revocar ese derecho retroactivamente o a través de una orden ejecutiva.

Un esbozo escrito del plan de seguridad fronteriza publicado por la campaña el lunes se limitaba a señalar que el gobernador “emprenderá acciones para acabar con la idea de que los hijos de extranjeros ilegales tienen derecho a la ciudadanía si nacen en Estados Unidos”.

“Ofrecer el premio de la ciudadanía a los futuros hijos de inmigrantes ilegales es uno de los principales motores de la inmigración ilegal”, afirmó la campaña al presentar la propuesta. “Tampoco encaja con la idea original de la 14ta. Enmienda, y DeSantis obligará a los tribunales y al Congreso a abordar finalmente esta política fallida”.

Para ello tendrá que enfrentarse a la 14ta Enmienda de la Constitución federal, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”.

Esa cláusula se incluyó principalmente para anular el infame fallo del caso Dred Scott en la Corte Suprema federal, que sostenía que los esclavos negros no eran ciudadanos, dijo Kunal Parker, profesor de Derecho de la Universidad de Miami. Por esa razón, señaló, el lenguaje de la enmienda es “en realidad bastante claro”.

Parker dijo que eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento probablemente requeriría enmendar la Constitución, un proceso extraordinariamente difícil, especialmente en el actual entorno político del país. Las enmiendas pueden ser propuestas por el Congreso, a través de una resolución conjunta aprobada por dos tercios de los votos, o por una convención convocada por el Congreso en respuesta a una solicitud de dos tercios de las legislaturas estatales.

DeSantis pudiera intentar forzar al Congreso a actuar, aunque cualquier legislación que pusiera fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento estaría casi con toda seguridad sujeta a fuertes impugnaciones legales.

“Si es a través de la legislación, el riesgo es que sería inconstitucional en el contexto del significado de la 14ta Enmienda”, dijo Parker, agregando que sería muy poco probable que la Corte Suprema anule el precedente legal sobre el asunto. “Y si está intentando enmendar la Constitución... bueno, buena suerte”.

En 1967, la Corte Suprema se planteó la revocación de la ciudadanía por derecho de nacimiento en un caso relacionado con una ley federal que despojaba de la ciudadanía a los estadounidenses que votaran en elecciones extranjeras. En un fallo de 5 a 4, el tribunal falló que la 14ta Enmienda está diseñada para “proteger a todo ciudadano de esta nación contra una anulación forzosa de su ciudadanía por parte del Congreso”.

“La propia naturaleza de nuestro gobierno libre hace que sea completamente incongruente tener un imperio de la ley bajo el cual un grupo de ciudadanos temporalmente en el cargo pueda privar a otro grupo de ciudadanos de su ciudadanía”, escribió el juez Hugo. L. Black en el fallo de 1967 en el caso Afroyim vs. Rusk.

Leandro de Assis, ingeniero de software de 34 años que vive en Boca Ratón, pudiera verse afectado por la propuesta de DeSantis, si sale adelante. Dice que la idea es “más que tonta”.

“Si naciste en Estados Unidos puedes decir con orgullo que eres ciudadano estadounidense”, dijo De Assis. “Eliminar esa posibilidad, aunque no sea retroactivamente sino para las generaciones futuras, es un paso atrás. Si queremos avanzar, tenemos que abrazar a toda la gente y no distinguir dos lados diferentes de las personas”.

El historial de DeSantis

Queda por ver si DeSantis podrá cumplir.

El llamamiento de DeSantis a poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es solo uno de los puntos de una larga lista de políticas de inmigración y seguridad fronteriza de línea dura dadas a conocer esta semana, que incluyen terminar la construcción de un muro a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, delegar en los gobiernos estatales y locales el arresto y deportación de inmigrantes y establecer “reglas de enfrentamiento apropiadas para que quienes intenten introducir drogas de contrabando en Estados Unidos sean recibidos con el uso de la fuerza”.

Dos veces esta semana, DeSantis abogó por el uso de la fuerza letal contra los presuntos narcotraficantes sorprendidos mientras cruzando las barreras fronterizas, advirtiendo que terminarían “muertos como piedras”.

Las propuestas políticas subrayan cómo las opiniones intransigentes sobre la inmigración y la seguridad fronteriza han llegado a dominar la política de las primarias republicanas en los años transcurridos desde que Trump lanzó su primera candidatura presidencial en 2015, despotricando contra los inmigrantes indocumentados, la “migración en cadena” y los llamados “bebés ancla”, niños nacidos de no ciudadanos en Estados Unidos que pudieran ayudar a dar a sus familias un camino hacia la residencia legal.

En ese momento, esos comentarios provocaron las burlas de sus compañeros republicanos, incluido Jeb Bush, el ex gobernador de la Florida e infructuoso candidato presidencial en 2016, quien contraatacó a las amenazas de Trump de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento declarándola un “derecho constitucional”.

“El señor Trump puede decir que está a favor de esto porque la gente está frustrada porque se abusa de ello”, dijo Bush a CBS News en una entrevista en 2015, poco después que Trump lanzó su campaña a la Casa Blanca. “Pero deberíamos arreglar el problema en lugar de quitar derechos que son concedidos constitucionalmente”.

Como gobernador de la Florida, DeSantis ha mostrado su disposición a tomar decisiones unilaterales en materia de inmigración a través de órdenes ejecutivas y normas administrativas, y ha puesto a prueba los límites de sus poderes de gobierno con otras acciones, como la creación de un programa financiado por el estado para transportar migrantes a cualquier parte del país.

Algunas de sus acciones han dado lugar a varias demandas, investigaciones penales sobre el trato a los inmigrantes, escándalos administrativos y correcciones en la legislación estatal. Sin embargo, DeSantis ha cumplido sus promesas electorales en materia de inmigración, al menos hasta cierto punto.

Por ejemplo, DeSantis prometió obligar a todos los empleadores de la Florida a usar el sistema electrónico federal E-Verify para verificar el estatus migratorio de todos los contratados. Pero la Legislatura, liderada por los republicanos, aprobó una legislación que exige que todos los empleadores públicos y las empresas privadas con 25 empleados o más usen el sistema, mientras que exime a las pequeñas empresas, los empleadores que contratan a contratistas independientes o los propietarios de viviendas que contratan a personas para realizar trabajos en sus hogares, como jardineros, reparadores y empleadas domésticas.

Este año DeSantis pidió a los legisladores que derogaran una ley de 2014 —defendida por la propia vicegobernadora de DeSantis, Jeanette Núñez— que ha permitido a los jóvenes inmigrantes indocumentados conocidos como dreamers pagar la colegiatura estatal en institutos superiores y universidades estatales. Pero la propuesta no llegó a ninguna parte en la Legislatura, después de un esfuerzo de semanas entre bastidores dirigido por un grupo de dreamers.

La dinámica a nivel estatal será diferente a nivel federal.

“Cuando entremos el primer día, vamos a reunir cada pedacito de autoridad que tengamos, trabajaremos con el Congreso cuando sea necesario, tomaremos medidas ejecutivas cuando podamos y será una prioridad del primer día, y verán un gran cambio muy rápido”, dijo DeSantis en un evento de campaña en Texas el lunes.

Parker, el profesor de Derecho de UM, reiteró que se necesitan más detalles para ver cómo DeSantis planea hacer las cosas.

“Es parte de una campaña política y creo que mucha gente dice cosas en las campañas que creen que su electorado quiere escuchar”, dijo Parker. “En realidad no está tan claro cómo puede cumplir esto. No ha ofrecido una teoría de porqué los hijos de extranjeros indocumentados deberían ser exceptuados del alcance de la 14ta Enmienda”.