Programa de parole para Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela va a juicio. ¿Sobrevivirá?

El futuro de un programa de inmigración de la administración Biden que ha permitido que decenas de miles de cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos ingresen a Estados Unidos por motivos humanitarios está en manos de un juez federal de Texas que supervisa una demanda que irá a juicio el jueves.

La demanda impugnando el programa del Departamento de Seguridad Nacional, que radicaron el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y otros 20 estados liderados por republicanos, está programada para un juicio que comenzará el jueves por la mañana en el Tribunal de Distrito del Sur de Texas. El juez Drew Tipton, designado por Trump y confirmado en 2020, preside el caso desde la ciudad de Victoria.

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Los estados pidieron a los tribunales federales en su demanda original que “prohibieran, declararán ilegales y dejaran de lado los programas ilegales del Departamento”. Del resultado de la demanda podría depender el acceso de los beneficiarios actuales y potenciales al programa de permiso humanitario, que ha generado tanto interés que los patrocinadores y beneficiarios que presentaron su solicitud en enero todavía están esperando permiso para viajar.

Más de 181,000 cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses han llegado a Estados Unidos a través de procesos humanitarios hasta julio. Las autoridades estadounidenses han limitado los permisos de viajes a través del programa a 30,000 personas por mes. Muchos más han presentado solicitudes: CBS informó en mayo que el gobierno de Estados Unidos recibió al menos 1.5 millones de solicitudes de patrocinadores.

La semana pasada, Nueva York, California, Connecticut, Delaware, otros 11 estados y el Distrito de Columbia presentaron un escrito de “amigo de la corte”, pidiendo al juez Tipton que denegara cualquier solicitud para bloquear el programa. Los estados argumentaron que una orden judicial a favor de bloquear el programa causaría daños sociales y económicos, daría lugar a separaciones familiares y pondría a las personas en parole en riesgo de deportación a países de origen que enfrentan una inestabilidad social, política y económica extrema.

“Prohibir las vías de parole causaría graves daños dentro de nuestras respectivas jurisdicciones y en todo el país. Estos daños al interés público, que los demandantes ignoran, justifican una denegación de la solicitud de medidas cautelares de los demandantes”, se lee en el escrito.

Pero los estados demandantes argumentan que el Departamento de Seguridad Nacional violó los límites de su propia autoridad al crear los procesos de parole, que describieron como un programa de visas de facto sin supervisión ni aprobación del Congreso. El 14 de febrero, los demandantes solicitaron una orden judicial preliminar para bloquear el programa, sobre la cual el juez dijo en documentos judiciales de junio que se pronunciaría después del juicio del jueves.

“Los estados demandantes... enfrentan daños sustanciales e irreparables debido a los abusos del Departamento de su autoridad de parole, que permiten potencialmente que cientos de miles de extranjeros adicionales ingresen a sus territorios ya abrumados”, se lee en la demanda de enero.

El Departamento de Seguridad Nacional y su secretario, Alejandro Mayorkas, son los acusados en la demanda. Al igual que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y todos los jefes de las agencias, que caen bajo la jurisdicción del Departamento de Seguridad Nacional.

Varias organizaciones de derechos de inmigración y proveedores de servicios, incluidos Haitian Americans United y Lutheran Immigration and Refugee Services, también han presentado declaraciones en apoyo del programa de parole durante el transcurso de la demanda.

La Red de Información Legal para Ucrania dijo en una declaración que el programa de parole ucraniano era “materialmente indistinguible” de los programas para Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.

“El programa Unidos por Ucrania tiene menos limitaciones, mientras que los programas de parole que actualmente se cuestionan tienen más restricciones y límites mensuales de aprobaciones”, se lee en el amicus del grupo.

Los nicaragüenses, venezolanos, haitianos y cubanos que pasan por el programa de parole primero deben tener un patrocinador financiero que presente una solicitud en su nombre. Deben pasar controles médicos y de antecedentes. Una vez aprobados para viajar, tienen tres meses para llegar a Estados Unidos en avión, donde las autoridades fronterizas determinarán si se les permitirá ingresar al país. Una vez aquí, pueden solicitar un permiso de trabajo. Aunque el programa ha sido promocionado como un parole de dos años, la administración no ha dicho qué sucederá después de dos años.

El proceso de parole humanitaria es uno de varios esfuerzos de inmigración que la actual administración ha implementado utilizando los poderes del poder ejecutivo para tratar de frenar tanto la migración ilegal a la frontera entre Estados Unidos y México como la ola de refugiados haitianos y cubanos que intentan llegar a Estados Unidos a través del Estrecho de Florida y el pasaje de Mona. El Departamento de Seguridad Nacional bajo el gobierno de Biden también creó un programa similar para los ucranianos que huyen de la guerra, que precedió al programa de parolepara los cuatro países latinoamericanos y a los programas de reunificación familiar para Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Después de implementar el programa humanitario, Seguridad Nacional anunció que a los inmigrantes que traten de ingresar ilegalmente a Estados Unidos se les podría prohibir la entrada por hasta cinco años. La administración también promulgó una política que supone que los migrantes que llegan a la frontera generalmente no son elegibles para recibir asilo a menos que tengan una aprobación de viaje para un proceso de permiso humanitario, hayan programado una cita a través de una solicitud telefónica del gobierno o se les haya negado previamente el asilo mientras llegaban a los Estados Unidos.

A pesar de estos esfuerzos, los inmigrantes indocumentados siguen tratando de entrar a los Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha registrado casi 2 millones de encuentros en la frontera suroeste entre octubre de 2022 y julio. Las Naciones Unidas también informaron a principios de este mes que un récord de más de un cuarto de millón de migrantes ha pasado por el Tapón del Darién, la jungla entre Colombia y Panamá que los migrantes recorren a pie en sus esfuerzos por llegar a la frontera entre Estados Unidos y México.