Programa de mejora de viviendas suscitó quejas y escrutinio. Miami-Dade podría tomar medidas enérgicas

Miami-Dade está considerando tomar medidas enérgicas contra un programa de financiación de mejoras en el hogar muy publicitado que ha atraído cientos de quejas de los consumidores en todo el estado y ha sido objeto de demandas y escrutinio federal.

El programa PACE (Property Assessed Clean Energy) ofrece a los propietarios la oportunidad de pagar grandes gastos de vivienda, como techos nuevos o ventanas de impacto, sin necesidad de comprobar su solvencia o, en algunos casos, sin pagar nada. En su lugar, los usuarios ponen sus casas como garantía, a cambio de una cuota anual que se cobra como parte de la factura del impuesto sobre la vivienda.

En un principio, el programa PACE se presentó como una solución para mejoras “ecológicas”, como paneles solares o mejoras de la eficiencia energética, pero en la Florida se usa mayoritariamente para sustituir tejados o instalar puertas y ventanas de impacto.

El programa ha crecido en la Florida a lo largo de los años como una opción popular, en particular para los propietarios de viviendas que tratan de evitar o que no cumplen los requisitos para préstamos bancarios tradicionales, pero, mientras que los préstamos bancarios están muy regulados, PACE no lo está.

Esto ha dado lugar a muchos problemas a lo largo de los años, desde cientos de quejas sobre contratistas poco fiables y malos tratos comerciales con algunos consumidores que decían no entender cómo se pagarían las facturas. El programa también ha provocado ejecuciones hipotecarias en California, demandas colectivas y una investigación estatal en curso sobre el mayor proveedor de PACE en la Florida: Ygrene.

En febrero, Miami Herald publicó una investigación sobre Ygrene en la que se descubría que la empresa había abandonado temporalmente el estado debido a problemas financieros, dejando potencialmente a miles de propietarios y contratistas sin dinero para pagar sus proyectos. La investigación también descubrió que la Florida iba rezagado de los demás estados en cuanto a protección de los consumidores para el programa.

Pero ahora Miami-Dade, que tiene la mayor parte de los acuerdos PACE en el estado, podría ver regulaciones más estrictas para la controvertida industria.

“Un mensaje claro”

El comisionado Kevin Cabrera, citando información de Herald, presentó una serie de proyectos de ley destinados a aumentar la protección de los consumidores, que van desde la exigencia de documentación que detalla exactamente cuánto podrían deber los consumidores a uno que podría expulsar a Ygrene de la zona no incorporada de Miami-Dade.

Ese proyecto de ley fue aprobado por tres a dos en una audiencia del comité el martes, por lo que se someterá a la votación de toda la comisión a principios de octubre. Se disolvería la organización cuasi-gubernamental que supervisa todos los acuerdos PACE de Ygrene en el estado, conocido como el Corredor Verde.

Cabrera dijo que el incidente en el que Ygrene interrumpió la financiación de proyectos en la Florida —para luego reanudar la firma de contratos y el pago a contratistas varios meses después— merecía un castigo. Calificó la situación actual de “explotación sancionada por el gobierno”.

“No vamos a quedarnos de brazos cruzados y, citando a Miami Herald, dejar que arruinen a nuestros habitantes”, le dijo a la Comisión. “Esto envía un mensaje claro”.

La comisionada Raquel Regalado, uno de los votos en contra, reconoció la historia de los problemas con el programa PACE, en particular con los habitantes de bajos ingresos, pero dijo que no podía apoyar un proyecto de ley que no busca mejorar la raíz del problema y en su lugar se deshizo de la junta diseñada para supervisar una sola empresa.

“No creo que la eliminación de un grupo de protección de los consumidores que realmente ha estado tratando de hacer las cosas bien sea la decisión correcta”, dijo. “No tiene visión de futuro, es solo punitiva”.

Ygrene es uno de los cuatro programas PACE que tienen permiso para operar en Miami-Dade, pero es el único supervisado por el Corredor Verde, un grupo de siete alcaldes o cargos políticos en todo Miami-Dade. Por cada contrato de Ygrene firmado en el estado de la Florida, el Corredor Verde se lleva una pequeña comisión.

A lo largo de los años, eso ha sumado unos $3 millones, que el Corredor usa principalmente para financiar un programa de cooperativas solares llamado Solar United Neighbors.

El jefe del Corredor Verde, el ex alcalde de South Miami Phil Stoddard, dijo ante los comisionados que Ygrene solucionó su problema de financiación y había tomado medidas para garantizar que no volviera a ocurrir; también dijo que la junta, bajo su liderazgo, presionó para la supervisión de los consumidores durante años, haciendo Ygrene el mejor en la industria.

“Como Ygrene es el programa PACE líder, se encontró primero con todos los problemas, pero también los resolvió primero”, dijo. “Si termina su acuerdo con Ygrene, se queda con programas PACE residenciales que no tienen supervisión directa del consumidor”.

Stoddard le dijo a Miami Herald que solo puede recordar una persona que viene directamente a su junta con un problema PACE en la década en la que ha existido, pero dijo que busca proactivamente a las personas que se quejan de problemas PACE —como en los artículos de los medios de comunicación— y trabaja con ellos para resolver los problemas.

“Cada vez que hemos tenido un problema, lo hemos resuelto”, dijo. “Intentamos entender lo que ha ocurrido realmente y, si creemos que es apropiado un cambio, lo haremos”.

Una revisión por parte de Herald de varios años de actas de reuniones de la junta a disposición del público no reveló a ningún asistente registrado para hacer comentarios públicos, aunque los abogados de la junta sí hicieron un seguimiento de las docenas de demandas presentadas contra Ygrene y el Corredor Verde por trabajos insatisfactorios a lo largo de los años.

El procurador general de la Florida también tiene una investigación en curso sobre Ygrene, que ha acumulado más de 100 quejas ante la oficina estatal desde principios de 2019.

En Miami-Dade, la Oficina de Resiliencia le dijo a Herald que ha registrado 34 quejas sobre PACE desde 2016, 22 de las cuales fueron sobre Ygrene. Otras agencias, como el recaudador de impuestos, el Departamento de Construcción y el tasador de propiedades, también rastrean las quejas por separado.

El Departamento de Construcción de Miami-Dade encontró varios contratistas que hacían negocios para varios proveedores de PACE, Ygrene y Renew Financial, que trabajaron ilegal o indebidamente en alrededor de 40 viviendas.

“Estos contratistas no estaban sacando o manteniendo los permisos y/o no estaban obteniendo la aprobación de la inspección final, dejando a los propietarios responsables y teniendo que eliminar las mejoras en el hogar y pagar para que se rehicieran, usando el proceso de permisos legales”, escribió el jefe de Resiliencia, Jim Murley, en un correo electrónico.

Stoddard dijo que comparte el deseo de la comisión de mejorar la protección de los consumidores, pero no está de acuerdo en que deshacerse de su junta sea la forma de solucionarlo.

“Aprecio lo que están tratando de lograr, pero creo que se basó en información incompleta”, dijo. “Tenemos tres semanas para apresurarnos y reunir la información correcta e intentar educar a toda la junta sobre lo que hemos hecho en el pasado y las protecciones que tenemos ahora”.

Más protecciones para el consumidor

Por ahora Miami-Dade está en el medio del pelotón en términos de protección de los consumidores PACE.

Algunos condados, como Collier, eliminaron por completo el programa tras recibir demasiadas quejas; otros, como Palm Beach, exigen a los proveedores de PACE que expliquen las condiciones del acuerdo a los propietarios. En Pasco, un empleado de la oficina del recaudador de impuestos llama a cada nuevo registro PACE y les explica el proceso antes de que se cierre el plazo de cancelación de tres días exigido por el estado.

En la reunión del martes, ningún comisionado parecía interesado en prohibir por completo el programa del condado, que ha enviado cabilderos a Tallahassee varios años consecutivos para presionar a ampliar el programa para incluir cosas como séptico a las conversiones de alcantarillado.

“En muchos lugares ha sido depredador, pero yo represento a un distrito en donde la gente lo usa. Son consumidores educados”, dijo Regalado. “Creo que hay que hacer algo, pero espero que haya un término medio”.

La nueva legislación de divulgación de Cabrera, que tendrá su primera audiencia la próxima semana, requiere que los proveedores de PACE para explicar exactamente cuánto costarán las mejoras con tasas de interés que —para Ygrene, al menos— puede alcanzar 9.9%; también requiere que el condado lleve a cabo una campaña educativa para explicar PACE a los habitantes.

Dijo que Ygrene ha indicado que está interesado en trabajar con él en el proyecto de ley y sus compañeros comisionados expresaron su interés en una mejor protección para los habitantes.

Después de la discusión del martes, Cabrera dijo que envió otro proyecto de ley a los abogados del condado que haría más difícil para las empresas a salir y volver, dejando a los clientes en el gancho, como Ygrene hizo.

“No está bien irse y volver a su antojo”, dijo. “Entiendo que hay cierto valor en estos programas, pero no quiero permitir a gente que no haga lo debido”.