Procesaron a Exequiel Espinosa, extitular de Enarsa, por contratar alquileres millonarios que nunca se usaron

El juez federal Sebastián Casanello procesó a Exequiel Espinosa, titular durante el kirchnerismo de la empresa nacional de energía Enarsa, por haber llevado al Estado a la contratación de alquileres millonarios que nunca se utilizaron. El magistrado imputó al exfuncionario ligado a Julio De Vido el delito de administración fraudulenta agravada.

De acuerdo con el fallo del juez, Espinosa acordó con tres empresas, sin licitación, el alquiler de “tanques intermedios” de almacenamiento de combustibles líquidos, pero lo hizo sin haberse garantizado que tendría el combustible, que jamás llegó. La responsable de esa provisión iba a ser Cammesa (la empresa encargada del despacho de energía eléctrica) y Espinosa sostuvo que había firmado el acuerdo con ella, a pesar de que no era cierto y era un requisito imprescindible para avanzar con las contrataciones.

Aferrados a los amigos y a la ideología

Hombre de De Vido, Espinosa fue el primer titular de la empresa estatal de energía -lo nombró Néstor Kirchner en 2004- y manejó una caja enorme porque Enarsa fue responsable, entre otras cosas, de las importaciones de gas y de grandes obras de infraestructura energética.

En el caso por el que ahora fue procesado, el juez dio por probado que Espinosa asumió, en nombre del Estado, obligaciones que según las empresas dueñas de los tanques, generaron una deuda de más de 15 millones de dólares que las compañías reclaman hoy ante el Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Ese reclamo se suma a los 32.284.416 pesos que Enarsa ya pagó a otra de las firmas para rescindir el contrato, “por la puesta a disposición –ociosa- de la planta de almacenaje”.

Además de procesarlo, Casanello embargó a Espinosa por 800.000.000 pesos. Antes de este caso, ya había tenido otros problemas con la Justicia federal. El primero, por haber sido uno de los pasajeros de un vuelo privado que trajo a la Argentina, desde Caracas, 800.000 dólares sin declarar el 4 de agosto de 2007. Fue el caso de la valija de Guido Alejandro Antonini Wilson. Enarsa, ya por entonces en manos de Espinosa, fue la que alquiló el avión privado.

Pero además, Casanello lo había procesado en mayo del año pasado, junto a directivos de las empresas Isolux y Iecsa, por presuntas irregularidades en las licitaciones para la construcción de dos centrales termoeléctricas. La Cámara Federal revocó esos procesamientos (los convirtió en “faltas de mérito”), pero Espinosa y los empresarios siguen bajo investigación.

Sin autorización ni licitación

En el caso por el que acaba de ser procesado Espinosa, el juez consideró acreditado que “sin autorización del directorio de Enarsa” emitió “cartas de oferta irrevocables para la contratación de un servicio de almacenamiento de combustible, sin tener garantizado el suministro del combustible ni el pago de las plantas”.

También, que “violó el sistema competitivo de selección de contratistas, dado que los montos de las contrataciones imponían una licitación pública”, y que, en consecuencia “obligó abusivamente a la empresa que presidía, situación que generó una deuda a favor de las empresas Generación Independencia SA, Chenyi SA y Pobater SA por un servicio que Enarsa SA jamás utilizó”. Según informaron a LA NACION fuentes del caso, en la causa no hay pruebas de que Espinoza haya recibido a cambio algún “retorno”.

De acuerdo con los elementos reunidos en el expediente, Cammesa no cerró el acuerdo para la provisión del combustible por un problema impositivo; la operación obligaba al pago de altos impuestos. Fue así como se cayó el plan, que estaba destinado a alimentar una serie de centrales eléctricas. “El combustible a almacenar era propiedad de Cammesa y, por ende, la firma del acuerdo marco era una condición obvia y esencial para la operatividad de los contratos. Sin combustible no había nada almacenar y los contratos, en consecuencia, no tenían ningún sentido ni finalidad”, dijo el juez.

El procesamiento de Espinosa fue por el delito de “administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública”. En el mismo fallo, Casanello le pidió a la fiscalía federal número 1 una “investigación patrimonial sobre los bienes” de Espinosa a los efectos de identificar sus propiedades para un eventual “recupero de activos”.