Los problemas judiciales de Trump se acumulan a medida que se cruzan las fechas de los juicios con el calendario de campaña

WASHINGTON — Mientras el expresidente Donald Trump hace campaña para la Casa Blanca al tiempo que se desarrollan varios procesos criminales en su contra, una cosa queda clara: según las leyes de la física, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo.

Por lo general, los acusados de delitos penales deben estar presentes en la sala de la corte durante sus juicios. Eso no solo obligará a Trump a alejarse de la campaña electoral, quizá durante semanas, sino que los jueces que supervisan sus juicios también tendrán que competir entre sí para secuenciar las fechas. El curso de colisión está planteando cuestiones extraordinarias, y sin precedentes, sobre los desafíos logísticos, jurídicos y políticos de varios procesos que se desarrollan con una campaña presidencial de fondo.

“Los tribunales tendrán que decidir cómo equilibrar el interés público para tener juicios expeditos con el interés de Trump y el interés público de que este pueda hacer campaña para que el proceso democrático funcione”, explicó Bruce Green, profesor de la Universidad de Fordham y exfiscal. “Ese es un tipo de complejidad con la que los tribunales nunca habían tenido que lidiar antes”, agregó.

En términos más generales, las complicaciones ponen de manifiesto otra realidad: los problemas de Trump están entrelazando la campaña con los tribunales como nunca antes se había visto en el país y están aumentando las tensiones en torno al ideal de mantener el sistema judicial separado de la política.

Trump y sus aliados han señalado que tienen la intención de convertir sus problemas judiciales simultáneos en un referendo sobre el sistema de justicia penal, al buscar presentarlo como instrumento que los demócratas usan como un arma política.

En octubre, Trump enfrentará un juicio estatal por acusaciones de fraude civil en Nueva York. Otro juicio, relacionado con la difamación de la escritora E. Jean Carroll, comenzará el 15 de enero, el mismo día que los caucus de Iowa. El 29 de enero, comienza el juicio de otra demanda, en la que se acusa a Trump, su empresa y a tres de sus hijos de usar el nombre de la familia para incitar a personas vulnerables a invertir en oportunidades de negocio falsas.

Como esos casos son civiles, Trump podría optar por no asistir a los juicios, como hizo con una demanda anterior de Carroll, en la que un jurado lo declaró culpable de abuso sexual.

Pero no tendrá esa opción en las acusaciones penales de Nueva York de que falsificó los registros empresariales para encubrir un escándalo sexual poco antes de las elecciones de 2016. La fecha inicial de este juicio, que muy probablemente dure varias semanas, es a finales de marzo, unas tres semanas después del Supermartes, cuando más de una docena de estados votan el 5 de marzo.

Jack Smith, el fiscal especial que dirige dos investigaciones federales contra Trump, solicitó al juez que supervisa la acusación formal en la investigación penal sobre el almacenamiento de documentos confidenciales por parte de Trump que fije la fecha del juicio para finales de 2023.

Pero el martes —el mismo día que Trump dio a conocer que fiscales federales podrían acusarlo en la investigación sobre los sucesos que culminaron en los disturbios del Capitolio— sus abogados defensores le solicitaron a la jueza Aileen M. Cannon que pospusiera el juicio relacionado con los documentos hasta después de las elecciones de 2024. Argumentaron que la intensa publicidad del calendario de campaña perjudicaría sus derechos.

Desde siempre, Trump ha recurrido a la estrategia de alargar los juicios, con la intención de hacer correr el reloj. Si puede retrasar su juicio federal (o juicios si también se le acusa formalmente en la investigación sobre el ataque al Capitolio del 6 de enero) después de las elecciones de 2024, cabe la posibilidad de que él u otro republicano gane la presidencia y ordene al Departamento de Justicia que desestime los casos.

Un presidente carece de autoridad para anular casos estatales, pero incluso si Trump fuera condenado, lo más probable es que las inevitables apelaciones siguieran pendientes el día de la toma de posesión en 2025. Si, para ese momento, estuviera de nuevo en el cargo, el Departamento de Justicia también podría plantear recursos de inconstitucionalidad para tratar de aplazar cualquier procedimiento judicial, como una sentencia de prisión, mientras se encuentre en la presidencia.

Para justificar el inicio del juicio después de las elecciones, los abogados defensores de Trump argumentaron el martes que Trump, de hecho, se estaba enfrentando en los tribunales a su rival de 2024, el presidente Joe Biden.

“Claro está que no sabemos qué va a pasar en las primarias, pero, ahora mismo, él es el principal candidato”, dijo Todd Blanche, uno de los abogados de Trump. “Y si todas las cosas van como esperamos, la persona que es su contendiente, es líder del gobierno que lo está procesando”, añadió.

Pero David Harbach, fiscal del equipo de Smith, dijo que Trump no era “diferente de cualquier otra persona importante con muchas ocupaciones sobre la que pese una acusación”. Dijo que la afirmación de influencia política era “totalmente falsa” y que parecía más bien estar destinada al “tribunal de la opinión pública” que a un tribunal de justicia.

“El procurador general nombró al fiscal especial para que esta investigación no estuviera sujeta a influencias políticas y no ha habido ninguna, en absoluto”, dijo.

No existe una autoridad superior que actúe como controlador aéreo cuando varios jueces están decidiendo fechas que podrían entrar en conflicto. Tampoco hay normas que den prioridad a los casos federales o estatales o que digan que cualquier caso que se haya imputado primero debe ir primero a juicio.

Brandon Van Grack, exfiscal que trabajó en la investigación sobre Rusia comandada por el fiscal especial Robert Mueller, puso como ejemplo esa pesquisa. Los fiscales presentaron cargos contra el exjefe de campaña de Trump, Paul Manafort, en dos jurisdicciones; primero, en el Distrito de Columbia y, luego, en el Distrito Este de Virginia, pero los juicios tuvieron lugar en orden inverso.

“Había sensibilidad hacia las fechas de las audiencias y correspondía a los abogados educar a ambos jueces sobre las fechas y los conflictos, pero no había una regla que dijera que el asunto del Distrito de Columbia se presentó primero y, por lo tanto, tenía que ir a juicio primero”, comentó. “Se trata de discreción judicial”, concluyó.

Por si fuera poco, algunos de los abogados defensores de Trump son los mismos en varias de las investigaciones en su contra, lo cual los obliga a tratar de encontrar tiempo para todo.

Varios expertos jurídicos afirmaron que aunque conforme a la Sexta Enmienda los ciudadanos tienen derecho a elegir su representación legal, no es absoluto. Señalaron que los jueces podrían decir a los acusados que, si los abogados que seleccionaron están demasiado ocupados para atender asuntos adicionales de manera oportuna, deben contratar a otros.

Una orden como esa le daría algo más de qué quejarse ante un tribunal de apelaciones, dijo Green, quien agregó: “Creo que lo más probable es que sea un argumento perdido”.

c.2023 The New York Times Company