Principal organización indígena del Ecuador advierte con paro sorpresivo en contra del gobierno

QUITO (AP) — La principal organización indígena del Ecuador advirtió el miércoles con un paro sorpresivo en contra del gobierno de Daniel Noboa, a quien responsabiliza por la crisis energética y de seguridad en el país; además, el movimiento hizo una serie de demandas al gobierno, acordadas durante una asamblea en Quito.

“Hay una definición del pueblo de poder construir un proceso de lucha en las calles, no diremos ni la fecha ni hora, en el momento que se dé, tendrá conocimiento el pueblo del Ecuador”, dijo Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), en una rueda de prensa.

La advertencia se produjo en medio de una severa crisis de generación eléctrica que atraviesa el país y que ha provocado o racionamientos de hasta 14 horas diarias, además de cortes de agua de hasta 10 horas en la capital, debido a que “prácticamente no ha llovido en estos meses”, según señaló el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

A ello se suma una crisis de seguridad por la arremetida de violencia desencadenada por bandas criminales vinculadas con grandes carteles de narcotráfico de Colombia y México, y un reciente estallido de violencia en una cárcel de Guayaquil, que dejó al menos 17 muertos.

Un pliego de varios puntos acordado por las distintas organizaciones indígenas que forman la CONAIE y que leyó Iza tras la reunión, señaló que las movilizaciones iniciarán a partir del 15 de noviembre en los "territorios” hasta “construir el gran levantamiento popular”. Los otros puntos exigían al gobierno el pago de la deuda en salud, la no extracción minera, entre otras.

Iza, quien además es candidato presidencial para los comicios de febrero de 2025, aseguró que “si la lucha en las calles resta votación, no vamos a cambiar de estrategia” y agregó que “nos han conocido en las calles y aquí es nuestra lucha sin cesar”.

El dirigente indígena aludió al presidente Noboa, quien también es candidato presidencial, exigiendo que tome una decisión: “ser candidato o simplemente hacer algo por el pueblo ecuatoriano, cumpliendo un proceso de transición”.

También condenó la reciente suspensión temporal de la vicepresidenta Verónica Abad, sancionada por el ministerio de Trabajo por abandono injustificado de labores, y que ya fue reemplazada temporalmente por otra funcionaria, a pesar de las alertas de varios expertos sobre la inconstitucionalidad de la medida tomada por el gobierno.

Previo al anuncio ante la prensa, la CONAIE hizo público un comunicado en el que cuestionó "la falta de un gobierno efectivo” y lo acusó de haber sumido al pueblo en la “lucha diaria por la supervivencia, en medio de una crisis energética”.

“Nos encontramos frente a un gobierno incompetente, frívolo, de Daniel Noboa, que en lugar de actuar espera soluciones naturales como la lluvia, descuidando el mantenimiento esencial, la inversión en infraestructura crítica”, señaló la organización.

Ecuador afronta una sequía que afecta a los ríos que abastecen a los complejos hidroeléctricos que, en épocas normales, cubren más del 70% de la demanda de electricidad. El déficit de generación está entre los 1.000 y 1.400 megavatios, mientras el gobierno intenta concretar la venta de energía desde Colombia, tanto desde el sector privado como público.

En octubre de 2019 y en junio de 2022, Iza lideró protestas callejeras en contra de los expresidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-203).

En ambos casos, las movilizaciones se prolongaron por semanas, con bloqueos de carreteras, agresiones a medios de comunicación y periodistas y escasez de alimentos.

Los indígenas se oponían, en 2019, a las medidas económicas tomadas por Moreno, y en 2022, al aumento de los precios de los combustibles.

Las pérdidas por el paro más reciente, el de 2022, se calcularon en 1.100 millones de dólares, según gremios productivos y el gobierno.

Iza interpuso la víspera una demanda por calumnias en contra del expresidente Lasso quien en un programa periodístico lo calificó de “terrorista” y pidió dos millones de dólares como indemnización.