Presupuesto Participativo: cómo evitar la destrucción de un parque en la CDMX sin ayuda de las autoridades

Fue en la medianoche del 23 de septiembre de 2013, mientras los vecinos de la colonia Reforma Social, en la alcaldía Miguel Hidalgo, descansaban en sus domicilios, que decenas de vehículos con “golpeadores” llegaron y con mazos comenzaron a destruir todo a su paso: vehículos, ventanas y algunos negocios, mientras otras personas descargaban tapiales de distintas camionetas. Querían bardear y apropiarse del parque que lleva el mismo nombre de la colonia y que por décadas ha sido cuidado y custodiado por los vecinos.

Sin dudarlo, los vecinos salieron de sus casas y confrontaron a quienes buscaban adueñarse del área verde. Los enfrentaron con lo que tenían al alcance: piedras e incluso palos de escobas, recuerda el vecino Gustavo Sánchez.

“En las canchas (del parque) todavía había gente —era medianoche—, todavía había chamacos jugando y de repente empezaron a correr por las calles, a tocar puertas diciendo ‘están saqueando el parque’”, cuenta el hombre de 76 años.

“Toda la gente salimos a defender nuestro parque a golpes (…) ya lo venían bardeando, eran unos armazones de lámina grandísimos, traían todo armado, camiones, todo (…) se armó una bronca muy fea… Afortunadamente no hubo muertos”, recuerda.

La lucha en defensa del parque Reforma Social no comenzó aquella noche. Desde 2010 estaban en alerta porque supieron que había una persona que argumentaba ser dueña del parque público; sin embargo, fue esa madrugada que los vecinos se prometieron que, sin importar el tiempo que les tomara, defenderían con toda su fuerza el área verde de tres hectáreas que por décadas ha sido un pequeño pulmón en el poniente de la CDMX.

Llevaron una mesa y algunas sillas. Ahí, durante meses hicieron guardia día y noche. Comían, dormían, leían, jugaban… pasaban el tiempo necesario cuidando y dando rondines por el parque para corroborar que todo estaba en orden. Ante cualquier situación estaban listos para llamar a todos los vecinos, que sin dudarlo saldrían a defender el área verde las veces que fuera necesario.

Más de una década después, la comunidad cuenta con instrumentos jurídicos y recursos públicos para recuperar y defender su parque, gracias a que recurrió a un instrumento de democracia directa: el Presupuesto Participativo de la ciudad.

Participación ciudadana

En México, particularmente en la CDMX, desde hace apenas una década la democracia directa y la participación ciudadana han ido ganando terreno a través de ejercicios anuales como el Presupuesto Participativo que, desde 2012, permite a los habitantes de la CDMX decidir en qué quieren que se gaste una parte del presupuesto que reciben las alcaldías.

Bernardo Valle Monroy, consejero del Instituto Electoral capitalino (IECM), reconoce que no ha sido un ejercicio perfecto; sin embargo, al paso de los años la Ley de Participación Ciudadana se ha ido mejorando y cada vez los proyectos propuestos por los vecinos son más innovadores.

“Sí hemos visto un incremento en la presentación de proyectos, pero yo donde veo y destaco más el avance es en la calidad de los proyectos que se van presentando. La gente cada vez conoce más el instrumento y va eligiendo proyectos que realmente beneficien a la comunidad y no solo que se hagan banquetas y ese tipo de proyectos que de por sí son obligación de la autoridad”, subraya el consejero.

El Presupuesto Participativo contempla entregar a los vecinos de las poco más de mil 800 unidades territoriales de la CDMX el 4% del total del presupuesto que anualmente se entrega a cada una de las 16 alcaldías. Se trata de una bolsa total de unos mil 700 millones de pesos que se reparte en cantidades iguales dependiendo del número de unidades territoriales, colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales que tenga cada demarcación.

El dinero nunca llega directamente a las manos de los vecinos; son las alcaldías las que ejecutan el gasto dependiendo de la solicitud de los vecinos, quienes se constituyen en una Comisión de Participación Ciudadana (Copacos) —la cual es votada cada tres años por los colonos— y tienen la responsabilidad de dar seguimiento a sus peticiones y vigilar el correcto manejo del dinero por parte de las demarcaciones.

“La gente lo ha venido asimilando y para nuestra satisfacción puedo decir que muchas colonias o pueblos se han venido transformando a través de esos proyectos. Han pasado de ser espacios que eran terrenos baldíos, llenos de basura donde se alojaba la delincuencia, y que en este momento son espacios que las familias han recuperado y ahora son lugares públicos donde la gente va a disfrutar en las tardes o los fines de semana”, agrega Valle Monroy.

Algunos Copacos, o comúnmente conocidos como comités vecinales, han decidido destinar los recursos que reciben, por ejemplo, a la compra de calentadores solares, lo que les ha llevado a ahorrarse hasta el 60% del gasto en gas que anteriormente hacían; en otras colonias han arreglado camellones y áreas verdes y en otras tantas han apostado por pavimentar las calles, poner mayor iluminación o instalar cámaras de vigilancia, tareas que, aunque en su mayoría son responsabilidad de las alcaldías, los vecinos continúan proponiendo porque las autoridades siguen sin cumplir con ellas.

Hay otros que han entendido en su más amplia dimensión el objetivo del Presupuesto Participativo, como los vecinos de la colonia Reforma Social que, desde 2019, han invertido el dinero en el pago de abogados para defender y recuperar un parque público en donde se planeaba —sin consultarles previamente— la construcción de seis torres con mil 200 departamentos.

El vecino Gustavo Sánchez recuerda que, en 2010, cuando se llevaba a cabo una asamblea informativa en su colonia, comenzó a circular un panfleto que decía que el parque público, ese espacio en donde él y sus vecinos jugaron de niños, donde corrieron sus hijos y ahora jugaban sus nietos, tenía dueño y había que entregarlo porque no había nada qué hacer.

“Fue ahí que empezó nuestra lucha”, recuerda Sánchez, quien con sus vecinos fundó el grupo Asamblea de Vecinos en Defensa del Parque Reforma Social.

“Se descubrió que era un fraude y empezamos a hacer marchas, a buscar a la Presidencia de la República (…) pasaron los años y empezamos a descubrir cada vez más anomalías. Fueron nueve años, desde 2010 hasta 2019, siempre enfrentado adversidades”, comenta.

A lo largo de todos estos años, los vecinos sostuvieron que el parque es propiedad federal y que las personas que reclamaban su propiedad buscaban cometer fraude con los bienes de la nación. En el camino comenzaron a conocer de leyes, documentos y usos de suelo. Se convirtieron en investigadores de tiempo completo.

Pasaron los años y el cansancio nunca mermó sus ganas de seguir en pie de lucha, pero no tenían recursos económicos para pagar a los abogados que los asesoraban.

Aunque hicieron colectas y algunos vecinos cooperaban con un poco más de dinero, la situación se complicó.

No sabían qué hacer porque las pocas autoridades que les asesoraron y recibieron solo decían que “harían algo”, pero todo se quedó solo en un dicho y conferencias de prensa en las que se tomaban fotos con los vecinos para simular interés en sus demandas. Al final, ninguna autoridad accedió a asesorarlos y menos a destinar recursos para defender el parque.

“Los gobiernos deben hacer caso a nuestras peticiones”

En 2019, cuando ya no veían más soluciones porque ya no tenían dinero para pagar la asesoría de abogados privados, se preguntaron: ¿y si usamos el Presupuesto Participativo para defender nuestro parque?

“Las autoridades dejaron mucho qué desear y tuvimos que emplear el Presupuesto Participativo para poder lograr lo que ahora se está logrando”, resalta Gustavo Sánchez.

Araceli Solorio recuerda que, pese a la investigación que hicieron, no contaban con el conocimiento suficiente para dirigirse a la autoridad. “Entonces, tuvimos que estar brincando de un lado a otro hasta encontrar una posibilidad, y la posibilidad se encontró con el Presupuesto Participativo”, comenta la vecina.

No fue fácil: para las autoridades de la alcaldía —encargadas de palomear las propuestas— era más conveniente autorizar los recursos para hacer banquetas o poner luminarias, pero los vecinos no cedieron y exigieron que aceptaran su propuesta.

Luego de muchas vueltas lo lograron: inscribieron su proyecto para que en la jornada de votación los vecinos decidieran si la apoyaban o no.

Gustavo, Araceli y Luis, algunos de los vecinos más activos en esta lucha, afirman que no fue necesario hacer una campaña de socialización de la propuesta, porque todos los vecinos estaban de acuerdo con rescatar el parque. Aquellos que por alguna situación no sabían cuáles eran los proyectos que se iban a votar apenas llegaban a la casilla, y leían que uno de ellos era la defensa del área verde, no dudaban en palomear el proyecto.

Desde 2019, el proyecto de defensa del parque Reforma Social ha sido apoyado por la gran mayoría de los vecinos, quienes pueden decirse victoriosos porque al día de hoy, con ayuda de los abogados a quienes pagan con los recursos del Presupuesto Participativo, han logrado recuperar dos de las tres hectáreas del parque, las cuales han sido reconocidas como propiedad federal por parte del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), lo cual cancela toda posibilidad de que el área verde sea intervenida por cualquier particular.

“Con esto ya hemos comprobado que la ciudadanía necesita opinar, necesita decidir, porque somos la mayoría y somos los que pagamos impuestos. Y los gobiernos deben de entender que nos deben de hacer caso de nuestras peticiones, que son justas, porque es en beneficio de todas las comunidades”, agrega Gustavo.

Los vecinos comparten su felicidad por los logros alcanzados y por el reconocimiento del IECM, que en 2022 los premió con 20 mil pesos porque su proyecto fue el más innovador en la alcaldía Miguel Hidalgo, recursos que —informaron— destinaron para la poda y el riego del parque, una responsabilidad que también han asumido los vecinos porque las autoridades no le dan mantenimiento al área verde de forma cotidiana.

“El Presupuesto Participativo es una ventana para que el ciudadano decida por sí mismo sin que nadie esté alrededor, sin que ningún funcionario ni político se adhiera a nosotros. Creo que es un buen ejercicio para todos los ciudadanos que nosotros decidamos, que nosotros pensemos qué es lo que realmente necesitamos, porque finalmente los que vivimos en la comunidad somos nosotros, no son los funcionarios”, destaca Araceli Solorio.

Aún está pendiente el recuperar una hectárea del parque, por lo que ya alistan la presentación de su proyecto para las votaciones del 7 de mayo próximo, donde se decidirá el destino del Presupuesto Participativo de 2023 y 2024. Este, en conjunto, asciende a poco más de 3 mil 500 millones de pesos.

Este artículo se realizó en el marco de una colaboración periodística entre Animal Político y SWI swissinfo.ch para intercambiar perspectivas sobre el quehacer democrático, sus actores y el uso de las herramientas de la democracia directa en México y en Suiza, en un contexto global.