Presa Madín, cuando las inmobiliarias contaminan el agua en Edomex y CDMX
Al costado de un camino irregular de maleza, árboles y tierra, baja un riachuelo. El agua es verde con pequeñas burbujas que se deslizan en la superficie y desembocan unos metros más adelante en la presa Madín. El olor a drenaje se intensifica con el sol del mediodía, y donde el riachuelo toca la presa se forma una capa de nata oscura con ramas y residuos.
Alejados del olor, hay dos hombres bajo una sombrilla. Las cañas de pescar y la cubeta vacía delatan un intento de pesca. Desde su lado la vista es más disfrutable. El verde oscuro de los árboles armoniza con el agua, y el aire frío disimula el olor de los desagües silenciosos que están llegando a la presa.
“Esa es una descarga que viene desde Nuevo Madín”, dice Marcela Galar Martínez, investigadora y actual directora del Laboratorio de Toxicología Acuática del Instituto Politécnico Nacional (IPN), mientras señala hacia el riachuelo.
Galar Martínez también es vecina de la zona y ha estudiado la presa Madín desde hace más de 20 años. Ella junto con otros investigadores integran voluntariamente la Comisión de Cuenca Presa Madín, con el propósito de conservar este cuerpo de agua, ubicado en los límites de Naucalpan y Atizapán, Estado de México, a unos minutos de la capital del país.
La contaminación por descargas de aguas residuales es el principal problema de la presa Madín. No hay una cifra oficial, pero investigadores y vecinos coinciden en entrevistas que son más de 50 desagües. En 2022, el gobierno de Atizapán reconoció 23.
De acuerdo con investigadores y vecinos, el origen está en los fraccionamientos de los alrededores. Las plantas de tratamiento de aguas residuales han sido ineficientes y los residuos van directo a la presa, que es la fuente de abastecimiento de agua de más de 150 mil personas en el Estado de México, principalmente, de Naucalpan.
A mediados de este año se informó que también se enviaría de esta agua a la Ciudad de México.
La presa Madín cuenta con dos plantas potabilizadoras, una de ellas inaugurada recientemente con una vida útil de 30 años. Esto tendría que contribuir a eliminar los contaminantes, pero los estudios que realiza la investigadora Galar indican que los niveles de contaminación siguen allí, en el agua y los sedimentos; en las algas y los peces; en el consumo de las miles de personas al abrir la llave, al ingerir agua, al lavarse los dientes, al limpiar y lavar.
“En general es un cóctel complejo de contaminantes, como lo es cualquier cuerpo de agua contaminado, pero el caso de la presa Madín tiene la característica de que el agua se utiliza para consumo humano y la mayor parte de estos contaminantes no se remueven con los procesos de potabilización convencionales”, explica la investigadora Galar.
Contaminar desde la Sexta Sección
Mientras en la presa Madín prevalece el sonido del viento, en los alrededores ruge la urbanización. Los autos recorren las vialidades de dos o cuatro carriles sin espacio para el peatón. En las faldas de El Cerrito, una de las áreas verdes cercanas a la presa, continúan los anuncios en lona roja que publicitan el proyecto residencial Terralago, de la empresa Fortem Capital.
El pasado agosto Terralago obtuvo una suspensión provisional por el Juzgado Cuarto de Distrito luego de que vecinos, respaldados por investigadores de la Comisión Cuenca Presa Madín, se opusieran al proyecto que incluía mil 533 viviendas y dos torres residenciales de 12 niveles.
Terralago sería un desarrollo más en una zona de fraccionamientos como Lomas Verdes o Nuevo Madín, a 15 minutos de Ciudad Satélite, otro gran referente residencial para la capital del país en los años 60, pero grupos de vecinos de estas zonas se oponen a nuevos proyectos.
Los estudios sobre contaminación por descargas y la escasez de agua en años recientes generan rechazo a más construcciones de complejos habitacionales.
“Nos dimos cuenta que no sólo se trata de la falta de suministro. Nos prometieron fraccionamientos con descargas cero, pero no se está cumpliendo con la normatividad porque nuestras plantas de tratamiento no están operando y las aguas negras se vierten a la presa Madín. Al final estamos siendo partícipes de esa contaminación”, señala Valeria Del Portillo, vecina de la Sexta Sección de Lomas Verdes.
Un fraccionamiento de descargas cero se refiere a un sistema de tratamiento en el que las aguas residuales puedan ser procesadas para reutilizarse. En el Convenio de Factibilidad para estudiar la viabilidad de la Sexta Sección de Lomas Verdes, a cargo de la empresa Club Lomas Verdes S.A. de C.V., con fecha del julio del 2000, se indica que el proyecto debe contar con “un sistema de emisiones cero”.
Los vecinos denuncian que dicho sistema nunca ha operado. Comenzaron a notarlo con las tomas de agua potable y de agua residual tratada que tienen en sus hogares por petición del desarrollador. De la llave para agua tratada nunca han visto salir una gota.
“Aquí también están los compromisos sobre las instalaciones subterráneas y el tratamiento de aguas residuales”, dice Del Portillo mientras sostiene la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de México, con fecha del 26 de mayo de 2003, en la que se publicó el acuerdo para que la empresa desarrollara la Sexta Sección de Lomas Verdes.
A Del Portillo le dieron una copia de dicha Gaceta Oficial cuando compró el lote que hoy es su casa. En éste se especifica que el desarrollador debe realizar proyectos para el suministro de agua potable, drenaje y descarga de aguas negras y pluviales.
En el papel, las obras se construyeron por el desarrollador y se entregaron al Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) de Naucalpan para su operación.
En un recorrido a finales de octubre para este reportaje, se encontró que la planta de tratamiento de aguas residuales lote XXXIV, lote XLIV y San José Del Real, encargada de la Sexta Sección de Lomas Verdes, estaba detenida. El personal en turno de OAPAS Naucalpan se limitó a decir que por el momento no estaba en funcionamiento.
“Parece que protegen a los desarrolladores, no a los ciudadanos ni al medio ambiente”, acusa Valeria.
Al igual que la Sexta Sección de Lomas Verdes, el proyecto Terralago cuenta con un Convenio de Factibilidad Condicionada CONV/FACT/002/2022 en el que pide al desarrollador manejar sus aguas residuales bajo el concepto de descarga cero, por lo que debería contar con una planta de tratamiento y una conexión al drenaje municipal para los vertimientos.
“En el caso de descargar en la red municipal, deberá hacer el pago correspondiente por dichas sanciones”, explica OAPAS Naucalpan en una respuesta vía solicitud de información en la que se preguntó cómo serían las descargas de este complejo.
Por su parte, el municipio de Atizapán, encargado de la presa Madín, ha reconocido que sí existen descargas en la cuenca.
“Detectamos 23 puntos de descargas residuales, pero no podemos determinar el grado de contaminación que pudieran tener, sin embargo, estamos trabajando para determinar cuáles de las descargas son altamente contaminantes, o si de alguna manera, las plantas tratadoras están cumpliendo con los requisitos que pide la norma”, declaró Pedro Rodríguez Villegas, presidente municipal de Atizapán, en 2022.
Sin embargo, ese mismo año OAPAS Naucalpan negó vía solicitud de información que llegaran aguas residuales sin tratamiento directas a la presa Madín. “El agua que generan las plantas de tratamiento es reutilizada para riego de áreas verdes y jardínes. No se realizan descargas de aguas sin tratamiento”, respondió la dependencia.
La respuesta entra en contradicción con el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Atizapán de Zaragoza (SAPASA), que es el organismo encargado de la presa Madín, el cual respondió recientemente vía solicitud de información a Causa Natura Media que tenía registro de cinco sanciones.
La primera en 2020 a nombre del usuario José Otoniel Noris Barrera por conexión a la red sin autorización. Mientras que entre 2022 a 2024 se sancionó por descargas a cielo abierto a la agencia automotriz BMW y dos comercios en la Plaza Bona, al igual que al conjunto Lago Esmeralda de Residencial Atizapán por uso distinto al contratado.
Sobre Nuevo Madín o la Sexta Sección de Lomas Verdes no hay registros, a pesar de las denuncias vecinales.
Un cóctel de aluminio, fármacos y pesticidas
“En el agua de la presa y en los sedimentos podemos encontrar contaminantes de diversos tipos. Hay metales como el aluminio en concentraciones muy elevadas, en ciertos puntos incluso superan límites máximos permisibles para la protección de vida acuática”, señala la investigadora Marcela Galar Martínez.
En el monitoreo que lleva desde hace 20 años ha documentado la presencia de aluminio, pero también de contaminantes tipo fármaco como diclofenaco, naproxeno, acetaminofén, algunos antibióticos como la penicilina B o la penicilina G, y hasta pesticidas.
Además de las descargas residuales, hay problemas con el derrame de lixiviados, líquidos tóxicos provenientes de tiraderos de basura, del relleno sanitario de Santiago Tepatlaxco y otros que operan de manera clandestina.
Como titular del laboratorio de Toxicología Acuática de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, Galar Martínez ha realizado estudios de toxicología para evaluar el impacto de los contaminantes.
“Se utilizaron peces y algunos invertebrados acuáticos para ver cuál era el impacto que tenía esta mezcla de tóxicos y vimos que se generaba estrés oxidativo, daño en el material genético, se morían las células de estos organismos, se producían malformaciones congénitas, es decir, era todo un conjunto de efectos tóxicos que estaban poniendo en riesgo la vida de estos organismos en la presa”, explicó la investigadora sobre uno de sus primeros estudios.
En 2021 la presa Madín tuvo una muerte masiva de peces. Cientos de carpas quedaron apiladas en las orillas cubiertas de una mezcla oscura y con mal olor. La explicación fue que los niveles de agua habían bajado y la concentración de contaminantes facilitó la pérdida de oxígeno, generando así la mortandad.
Un año después, Marcela Galar, junto con las doctoras Karina Ruiz Lara y Sandra García Medina, publicaron un estudio en el que se evaluó el impacto a la salud humana de quienes reciben agua de la presa Madín en sus casas. Dicho análisis se desarrolló entre marzo de 2019 y septiembre de 2021 con 142 participantes saludables en un rango de 18 a 65 años.
“Lo que observamos es que al igual que en los peces, al igual que en los invertebrados acuáticos, también se produce estrés oxidativo, también se produce daño al material genético en las personas expuestas. El estrés oxidativo está relacionado con el cáncer, con la diabetes, con el Alzheimer”, explicó Galar.
Dos potabilizadoras y una ley corrompible
Para Eduardo Espinoza Medel, profesor investigador en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el origen del problema sobre la presa tiene que ver con las faltas en el ordenamiento urbano y las legislaciones.
“Se necesita un permiso de concesión para descargas a ríos, lo dice la ley. Naucalpan en algunos casos lo tiene y Atizapán no tiene permisos… Son necesarias las plantas de tratamiento porque en la legislación dice que el consumidor, utilizador, contaminador es pagador. El que contamina, paga, y está obligado a reparar el daño ocasionado”, explica Espinoza Medel.
Asimismo, expone que en casos como el proyecto Terralago, se permite que los organismos de agua como OAPAS Naucalpan y SAPASA de Atizapán cedan volúmenes de agua a pozos desarrollados por particulares. “No pueden ceder ni una gota de agua a un particular y es lo que están haciendo”, agregó el profesor.
La legislación también tiene un rol importante en los estudios de contaminación que hace la investigadora Marcela Galar.
SAPASA ha informado vía transparencia que su Departamento de Calidad del Agua realiza análisis de toxicidad en repetidas ocasiones. Sin embargo, la mayoría de estos evalúan parámetros como Escherichia Coli (heces fecales), conductividad, pH, oxígeno disuelto, entre otros lineamientos que no incluyen contaminantes como el aluminio.
Apenas en junio de este año SAPASA comunicó que estaba trabajando en la valoración para 38 parámetros bajo la NOM-127-SSA1-2021, para ampliar el margen de estudio de la contaminación.
Para hacer frente a la contaminación, la presa Madín cuenta con dos plantas potabilizadoras, una de ellas, Madín II, se inauguró el 27 de octubre del año pasado por la Conagua, en conjunto con los gobiernos del Estado de México y la Ciudad de México, con un costo de 517 millones de pesos. El objetivo es limpiar todos los contaminantes que tiene el agua de la presa, para que ésta llegue potabilizada a la población de la Zona Metropolitana del Valle de México.
“Todos los desarrollos de fraccionamientos y edificios deberían tener una planta tratadora y eso ayudaría a las potabilizadoras porque la carga de contaminantes sería menor”, insiste el investigador Espinoza Medel.
“Hemos solicitado varias veces conocer el proceso de la nueva planta potabilizadora para identificar cuáles son los procesos que se incorporaron, según lo que nos comentaron (las autoridades). Eso sí, permitían la remoción de algunos de los contaminantes que nosotros habíamos detectado, pero no sé cómo será y no podría decir si realmente esto soluciona el problema”, cuenta la investigadora Marcela Galar.
Futuras acciones
Con el reciente cambio de administración federal, las reuniones entre las dependencias y los investigadores de la Comisión Presa Madín se han estancado, pero sigue pendiente atender la Recomendación 135/2023 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a Conagua, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), al gobierno del Estado de México, así como a las presidencias municipales de Atizapán y Naucalpan.
La Recomendación 135/2023 reconoce que existen violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua resultado de la contaminación persistente en la Presa Madín.
Con la muerte de peces en 2021, la Comisión Cuenca Presa Madín solicitó a la CNDH una declaratoria de emergencia ambiental para la presa, la dependencia tardó dos años en verificar y dar respuesta, hasta que en octubre pasado se publicó el reconocimiento de que existe contaminación por las descargas de aguas residuales municipales no controladas y los residuos del relleno sanitario de Naucalpan.
A partir de ahora deben trazar en conjunto un plan de rescate. A pesar de que la Conagua compartió en su momento una carta de no aceptación de la Recomendación 135/2023.
“Definitivamente, es necesario acelerar el proceso porque ya pasó el tiempo que marca la CNDH”, dice Marcela Galar Martínez.
Y mientras los planes de acción están por ser atendidos por las autoridades, las aguas residuales siguen fluyendo en las barrancas hacia una planta de tratamiento sin operar y dos potabilizadoras en duda.
*Este es el segundo reportaje de la serie #AguaContaminada, publicada originalmente en Causa Natura Media.