Se postula a la Comisión de Miami-Dade y quiere que un juez selle su caso de perjurio

Una candidata a la Comisión de Miami-Dade quiere evitar que el público vea los registros judiciales vinculados a su arresto por cargos de perjurio en 2020, un caso penal que la llevó a renunciar a la Comisión de Sweetwater por mentir sobre haber residido en ese lugar durante el tiempo necesario para ocupar el cargo.

Sophia Lacayo, que se postula para reemplazar a José “Pepe” Díaz como comisionado del Distrito 12 del condado, presentó una solicitud en la Corte del Condado Miami-Dade para que se selle el caso de delito menor el 14 de junio. Se declaró culpable de perjurio en 2020 y como parte de su acuerdo con los fiscales renunció a su cargo.

El sellado de su caso penal haría que todos esos registros fueran inaccesibles para el público, según la Fiscalía Estatal de Miami-Dade, que se opone a la solicitud de Lacayo.

Su declaración de culpabilidad y su dimisión atrajeron la atención después que se postuló a la Comisión de Miami-Dade. Su oponente en la contienda por el Distrito 12 es J.C. Bermúdez, alcalde de Doral. Según su acuerdo de culpabilidad, Lacayo fue sentenciada a un año de libertad condicional y no se registró ninguna condena.

Lacayo y su abogada, Susy Ribero-Ayala, no estuvieron disponibles para hacer comentarios.

En 2019, Lacayo, dueña de un negocio de declaraciones de impuestos, era una candidata novata a la Comisión de Sweetwater. Las reglas de la ciudad requieren que los comisionados hayan vivido en Sweetwater durante dos años antes de la elección.

En sus formularios de candidatura, Lacayo citó dos domicilios: un duplex donde dijo que había estado viviendo con su madre y otros familiares durante nueve meses, así como una habitación abajo que dijo que había alquilado desde 2016.

Unos seis meses después, la Policía Estatal investigó una información sobre que Lacayo no cumplía los requisitos de residencia.

Durante una declaración jurada en español el 28 de octubre de 2019, en la oficina de la Policía Estatal de la Florida (FDLE) en Miami, Lacayo dijo a los investigadores que había pagado hasta $400 algunas veces por un dormitorio en casa de una clienta, Ana María Pazos. Lacayo dijo que se quedaba allí cuando no trabajaba o se quedaba con sus hijos en una casa en Kendall que todavía compartía con su esposo, del que se había separado.

“Por mis horarios, por la hora a la que me iba y volvía, algunas personas realmente no sabían que vivía allí”, dijo Lacayo a los investigadores sobre la habitación de Sweetwater, según una transcripción de la entrevista traducida al inglés. “Siempre llegaba sin hacer ruido”.

‘Un favor muy complicado’

Pero Pazos dijo a los investigadores que dos hombres vivían en la habitación durante el tiempo que Lacayo dijo que la alquiló. Pazos dijo que Lacayo nunca vivió en su casa, pero sí preguntó si podía usar el domicilio cuando se postuló a las elecciones.

“Le dije: ‘Bueno, puedes usar mi domicilio, siempre y cuando no tenga [ningún] problema con esto’”, dijo Pazos durante la entrevista en inglés, según la transcripción. En otro momento de la entrevista, dijo a los investigadores: “Era un favor muy complicado”.

Los fiscales de Miami-Dade se oponen a la solicitud de Lacayo de sellar los registros de su arresto y caso judicial. En una respuesta presentada el miércoles, Michael Spivack, fiscal estatal adjunto de Miami-Dade, instó al juez Edward Newman a no hacer confidenciales los registros, diciendo que el público tiene derecho a conocer los hechos detrás del caso.

“Esto es especialmente válido ya que la peticionaria puede volver a postularse un cargo y el público tiene derecho a saber que se declaró previamente culpable de un cargo de perjurio relacionado con el cumplimiento de los requisitos para un cargo público”, escribió Spivack.

David Ovalle, redactor del Miami Herald, contribuyó a este artículo.