Por qué realmente no se termina de aprobar el matrimonio gay en toda Latinoamérica

Por Juan Francisco Alonso

2018 supondrá para el colectivo LGBTI (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero e Intersexo) un antes y un después, pues este año comenzó con el histórico llamado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo a los países de la región para que tomen las medidas legales necesarias para “garantizar a las parejas constituidas por personas del mismo sexo, igualdad y paridad de derechos respecto de las de distinto sexo, sin discriminación alguna”. En otras palabras llamó todos los Estados americanos a abrirle las puertas al matrimonio gay.

El pronunciamiento figura en la opinión consultiva 24, con la cual el juzgado internacional respondió una serie de interrogantes que el Gobierno de Costa Rica le formuló en 2016 con relación con las personas transgénero y el trato que deben recibir al momento de que soliciten ajustar sus documentos a su identidad y sobre los derechos que este grupo tiene a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, el máximo tratado hemisférico en materia de garantías fundamentales.

Pese a lo importante de la declaración de la Corte, la posibilidad de que la misma se traduzca en acciones concretas a favor del colectivo LGBTI por parte de los 22 Estados para que los que los dictámenes de este organismo son vinculantes son pocas. Al menos esta es la sensación que deja el hecho de que, hasta el momento, solo autoridades de tres países se han mostrado favorables a acatar el contenido de la misma o han instado a los funcionarios competentes; es decir los legisladores; a hacerlo.

El primero en hacerlo fue el Gobierno costarricense, el cual fue el que solicitó al tribunal que se pronunciara sobre la materia. Así lo anunció la vicepresidenta de ese país, Ana Helena Chacón, quien dijo que “el Poder Ejecutivo se abocará a estudiar a profundidad la resolución”.

Días después hizo lo propio la también vicepresidenta de Panamá, Isabel De Saint De Malo; y el presidente del Poder Judicial peruano, Duberlí Rodríguez, recordó que los dictámenes y decisiones de la Corte deben ser “respetadas” por ese país, por ser éste parte del “sistema interamericano”. Preocupación justificada.

En el resto del continente la reacción al llamado del juzgado regional ha sido el silencio, lo cual revela el poco interés de los gobernantes por meterse en un tema tan controvertido.

Más avances: Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia…. y México en menor medida

En los últimos años cuatro países latinoamericanos se han sumado a EEUU y Canadá y han aprobado los casamientos entre parejas del mismo sexo y les han reconocido todos sus derechos, incluso la polémica adopción de niños (Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia); mientras que otros como México lo han aprobado en algunas zonas del país y otros como Chile y Ecuador han aprobado las llamadas “uniones civiles”, que no es otra cosa más que un matrimonio pero con otro nombre.

No obstante los número anteriores, en diez países de la región las parejas del mismo sexo no son reconocidas y, por ende, no pueden heredar o tomar decisiones en caso de emergencias médicas de uno de sus miembros.

Menos avances: Bolivia y Venezuela

Entre los países que no han hecho nada para revertir esta situación e incluso han tomado decisiones con las que dejan en claro que no piensan reconocer ningún derecho a este colectivo están Bolivia, Nicaragua o Venezuela, los cuales contradictoriamente se presentan como modelos de izquierda progresistas e inclusivos.

¿Por qué de esta contradicción? “El gran impedimento para que se avance en materia de reconocimiento de los derechos del colectivo LGBTI tiene que ver con razones familiares, ideológicas, culturales y religiosas, pero no legales ni constitucionales”, respondió Feliciano Reyna, director de Acción Solidaria, una organización que ha pasado de combatir el SIDA en Venezuela a tratar de paliar la escasez de medicamentos; y quien agregó: “Si uno revisa las constituciones de todos los países de la región se encuentra que todas establecen el derecho a la igualdad y prohíben la discriminación, más sin embargo esos mismos países le dan un trato desigual y discriminatorio a un número importante de sus habitantes al no permitirles casarse, heredar o adoptar simplemente porque su pareja no es del sexo opuesto”.

La mayoría de las legislaciones nacionales ciertamente proscriben la discriminación en cualquier forma, pero también establecen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer.

En la Corte están conscientes de que su pronunciamiento no iba a ser bien recibido de inmediato y mucho menos acatado. “La oposición al matrimonio de personas del mismo sexo está basada en convicciones religiosas o filosóficas”, afirmó un magistrado, quien tras reconocer que ellas son importantes para la vida de las personas y sociedades advirtió que las mismas no pueden “determinar los derechos de los seres humanos”, entre ellos los de la igualdad y no discriminación.

“El significado de la palabra ´matrimonio’ al igual que la de ‘familia’ ha variado conforme al paso de los tiempos”, recordó citando lo señalado por la Corte, en su decisión, la cual fue objetada por dos de sus integrantes.

España, el ejemplo a seguir

Tras exigir a los parlamentos seguir las instrucciones de la Corte, porque las mismas están previstas “en sus constituciones y los tratados internacionales de Derechos Humanos que han firmado”, Reyna llamó a las organizaciones civiles a movilizarse y a seguir el ejemplo de España.

“Hay que ejercer presión en las autoridades para conseguir avances y hay que ubicar en el Estado funcionarios concientizados en esta materia, como ocurrió en España con (José Luis Rodríguez) Zapatero”, rememoró, al tiempo que agregó: “Este es un tema que no puede esperar a que la sociedad esté educada. Se deben aprobar las reformas legales y luego que debe salir alguien que se explique a las personas que las mismas lo que buscan es subsanar una discriminación y no atentar contra el concepto de familia o matrimonio que alguien tiene”.