La razón constitucional por la que Mueller no acusó a Trump de obstruir la justicia

En un raro y al parecer único discurso público, el fiscal especial Robert Mueller explicó personalmente por qué decidió no presentar cargos penales de obstrucción de la justicia contra el presidente Donald Trump en el contexto de su investigación sobre la injerencia electoral de Rusia y, adicionalmente, afirmó claramente que su oficina fue instituida y actúo siempre de modo legítimo, independiente, justo e íntegro, con un mandato legal válido, una materia de indagación patente y respetando las políticas institucionales del Departamento de Justicia.

Todo ello, cabe señalar, refuta las alegaciones de Trump y su entorno sobre que la cuestión rusa era una farsa y que las investigaciones de Mueller eran una caza de brujas o una suerte de golpe contra el presidente motivado por inquinas demócratas.

Robert Mueller en la conferencia de prensa en el que anunció el fin de su tarea como fiscal especial sobre la injerencia electoral de Rusia y explicó por qué no exoneró ni acusó al presidente Donald Trump. (AP Photo/Carolyn Kaster)

Mueller explicó a grandes rasgos que no halló evidencia suficiente para acusar a Trump o su entorno de haber conspirado con Rusia para interferir con las elecciones presidenciales de 2016, pero dejó claro que esa interferencia existió a gran escala, perpetrada tanto por instancias militares como civiles al servicio de Moscú.

Y en lo relacionado a la obstrucción de la justicia, Mueller reiteró que no exoneró a Trump. “Si hubiésemos tenido confianza de que el presidente claramente no cometió un crimen lo hubiéramos dicho”, dijo tajante Mueller. Y añadió que si no acusó a Trump fue porque consideró, al parecer en seguimiento a la política vigente en el Departamento de Justicia, que la ley impide fincar cargos federales contra un presidente en funciones, incluso si el expediente se mantuviese confidencial y sellado durante todo el periodo de Trump.

Mueller consideró que acusar penalmente a un presidente es inconstitucional y por ello se abstuvo de proceder contra Trump. Pero aunque el presidente clama que el reporte de Mueller lo muestra inocente y que el caso ruso está cerrado, esa conclusión es equívoca: al no haber habido juicio no se dilucidó formalmente si hay culpabilidad o no, y en todo caso esa inexistencia de proceso se debió en la cuestión de la injerencia a que no se halló evidencia suficiente (aunque alguna hubo) y en la de la obstrucción a que el freno constitucional no lo permitió.

Eso refuerza la noción, difundida en la prensa y desde la oposición demócrata, de que cualquier persona que hubiese tenido conductas de talante obstruccionista como las de Trump y se narran en el reporte de Mueller habría sido acusado penalmente. Si Trump no lo fue no se debió a su inocencia sino al amparo constitucional que, a juicio de Mueller, protege de acusaciones penales al presidente en funciones.

Y el caso tampoco está en realidad cerrado. Mueller ciertamente dijo que su oficina ha dejado ya de existir y que él vuelve a la vida privada pero claramente implicó, como también consta en su reporte, que si bien por la vía de la procuración de justicia no se puede avanzar ya más en lo relacionado a la posible responsabilidad del presidente sí habría otra vía. Y aunque no lo dijo claramente en su discurso, lo introdujo entre líneas, es claro que Mueller dio pie a que el Congreso retome el asunto en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, que incluyen el procedimiento de destitución o impeachment.

Mueller ciertamente no llegó a afirmar o sugerir que ese último recurso es el camino, pero su reiteración de que él no ha exonerado a Trump y de que no lo acusó a causa de la limitación constitucional citada es sugerente. Deja entrever que en la conducta de Trump habría cuestiones posiblemente comprometedoras, en lo vinculado a la obstrucción de la justicia, y eso seguramente dará ímpetu a la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes para tratar de ampliar en lo posible lo que se sabe al respecto, vía nuevas audiencias y más requerimientos formales (muchos de los ya hechos han sido ignorados por Trump y su entorno), y, quizá, proceder contra Trump, si bien el liderazgo partidista aún se resiste a declararse abiertamente por un proceso de impeachment que aunque podría avanzar en la Cámara baja no tiene hasta ahora viabilidad alguna en el Senado de mayoría republicana.

Trump insiste, con todo, en que es plenamente inocente.

Mueller, con todo, ha dicho que no añadirá más al respecto, ni siquiera al Congreso, y que todo lo que ha de decir está en su reporte. “Mi reporte es mi testimonio”, comentó Mueller, aunque muchos señalan que ese deseo de no protagonizar deja muchos huecos y se desearían más clarificaciones. Pero al parecer, incluso si fuese requerido por el Congreso, Mueller no está dispuesto a decir nada distinto o adicional a lo que ya escribió en su reporte.

Y queda, ciertamente, la cuestión del futuro: aunque Mueller no lo hizo, ciertamente Trump podría ser acusado cuando deje la presidencia y aunque hay mucha incertidumbre en todo el asunto, la labor de Mueller es clave para la valoración futura de lo que sucedió en 2016, tanto en lo judicial como en lo político y, sobre todo, a gran escala del fortalecimiento democrático del país.

Cómo prevenir injerencias y obstrucciones futuras que pudiesen implicar riesgos para la institucionalidad democrática de Estados Unidos es una cuestión imperativa que surge del reporte de Mueller y que aún no se ha respondido cabalmente.

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