En Polonia vemos los riesgos para las mujeres cuando se prohíbe el aborto

PSZCZYNA, Polonia — Eran poco antes de las once de la noche cuando Izabela Sajbor se dio cuenta que los doctores estaban preparados para dejarla morir.

Su doctor ya le había dicho que su feto tenía anomalías graves y lo más seguro es que muriera en el útero. Si llegaba a nacer, su expectativa de vida era de un año, como mucho. Con 22 semanas de embarazo, Sajbor había sido ingresada en un hospital después de que se le rompió la fuente de manera prematura.

Sajbor sabía que había poco tiempo para inducir el parto o sacar quirúrgicamente al feto a fin de evitar una infección y una sepsis que podía ser fatal. Sin embargo, aunque tuvo fiebre, vómitos y convulsiones en el piso, parecía que lo que más les preocupaba a los doctores era el pulso del bebé.

“Mi vida corre peligro”, les escribió Sajbor a su madre y marido en una serie de angustiosos mensajes de texto que le compartió a The New York Times el abogado de su familia.

“No pueden ayudarme mientras el feto esté vivo gracias a la ley antiaborto”, escribió apenas unas horas antes de morir. “Una mujer solo es como una incubadora”.

El aborto ha conquistado de nuevo la atención en Estados Unidos ante la posibilidad de que, apenas este mes, la Corte Suprema pudiera revocar Roe vs. Wade, la decisión que desde hace casi 50 años volvió legal el procedimiento de la terminación de un embarazo. Si Roe es revocada, la mitad de las mujeres estadounidenses estarían expuestas a perder acceso legal al aborto.

Polonia ofrece una mirada a un país donde el aborto ya es casi inalcanzable, aunque sea en las circunstancias más graves.

La larga batalla por la prohibición al aborto en Polonia, que tiene de 29 años, se ha intensificado durante los últimos diecisiete meses después de que se eliminó la última excepción significativa que permitía el procedimiento: las anomalías fetales.

Desde que se eliminó la excepción, las muertes como las de Sajbor han sido poco comunes —una de cada tres, citaron los defensores del derecho al aborto—, pero se han vuelto una piedra angular del reclamo de quienes aseguran que los fallecimientos son una prueba de los riesgos que corren las mujeres a causa de unas leyes restrictivas del aborto.

Tan solo uno de cada diez polacos apoya la prohibición más estricta, la cual se dio tras una decisión que tomó el más alto tribunal del país, dominado por jueces leales a un gobierno muy conservador. El resto de la población está casi dividida en dos, entre volver a unas restricciones más leves y legalizar las terminaciones.

En la actualidad, Polonia y Malta, dos países fervientes devotos católicos, son los únicos de la Unión Europea donde los abortos en esencia están prohibidos.

En Polonia, las consecuencias han sido trascendentales: los activistas a favor de los derechos a abortar han sido amenazados con ir a la cárcel por regalar pastillas para abortar. La cantidad de mujeres polacas que viajan al extranjero para realizarse abortos, una cifra que ya ronda los miles, ha aumentado todavía más. Un mercado negro de pastillas para abortar —algunas falsas y muchas con sobreprecio— está en auge.

En términos técnicos, la ley sigue permitiendo los abortos si hay un riesgo grave para la salud y la vida de una mujer. No obstante, los críticos aseguran que no brinda la claridad necesaria, por eso los doctores se quedan paralizados.

“Esta ley crea problemas para los doctores y los pacientes”, comentó Jan Kochanowicz, un doctor que también es el director del Hospital Universitario Clínico en Bialystok. “No hay una respuesta clara y directa que determine qué constituye una amenaza para la salud y la vida de una mujer. Los doctores tienen miedo de tomar decisiones”.

Para los defensores de la prohibición polaca al aborto, estos son casos extremos que no se dan por culpa de la ley, sino por el mal juicio de los doctores.

Apenas este mes, el gobierno le exigió al sistema central de salud pública de Polonia que registrara los embarazos. Los oponentes a la medida la llamaron un “registro de embarazos” que podría usarse para rastrear las terminaciones ilegales.

“Una vez que se empieza a socavar el derecho al aborto, es difícil dar marcha atrás”, opinó Krystyna Kacpura, presidenta de la Federación para las Mujeres y la Planeación Familiar (Federa), un grupo activista con sede en Varsovia.

Eliminar las excepciones

En algún momento, Polonia fue un destino para las mujeres que buscaban realizarse abortos.

Durante el comunismo, la Iglesia católica estaba marginalizada y el aborto se legalizó en 1956. Las mujeres fueron alentadas a trabajar y se les otorgaron derechos reproductivos de gran envergadura que las democracias occidentales apenas aceptaron décadas más tarde.

Sin embargo, eso cambió después del colapso del gobierno comunista en 1989. Doblegado frente a la presión de una Iglesia católica con una firmeza renovada, la cual había apoyado la lucha contra el comunismo, el nuevo parlamento propuso una prohibición al aborto.

“En ese momento, nadie sabía que el periodo de democratización iba incluir una reacción tan negativa para los derechos de las mujeres”, mencionó Magdalena Sroda, profesora de Ética en la Universidad de Varsovia. “Fue un regreso al discurso de los roles tradicionales para las mujeres de esposas y madres”.

Grupos de mujeres organizaron manifestaciones y firmaron peticiones. En aquella época, tres de cada cuatro polacos encuestados respondieron que preferían que el asunto se resolviera por medio de un referendo, no que lo hiciera el parlamento. El país estaba casi dividido en dos, con un 53 por ciento a favor del statu quo liberal.

A pesar de todo, el parlamento prohibió el aborto en 1993 con tres excepciones: el peligro para la salud o la vida de la madre; una violación o un incesto; anomalías fetales.

Después de la prohibición, el aborto se volvió clandestino de inmediato. Los doctores que habían ofrecido terminaciones gratuitas en hospitales públicos cobraban cifras elevadas por realizarlas en clínicas privadas. Ofrecían servicios de ginecología por medio de anuncios clasificados que tan solo tenían un número telefónico y palabras clave como “anestesia” y “seguro”. Aunque la cantidad de los abortos legales cayó a unos 1000 al año, la cifra real de terminaciones se ha mantenido en alrededor de 150.000, según estimados de grupos activistas como Federa.

“Todo el mundo simplemente se las ingenió”, comentó Sroda. “Era un problema mayor para las mujeres en ciudades pequeñas y pueblos, quienes no tenían los medios suficientes para realizarse un aborto en una clínica privada”.

O, en palabras de Kacpura: “La prohibición ha logrado muchas cosas. Lo que no ha logrado es detener los abortos”.

En 1996, un parlamento con tendencias de izquierda aprobó una ley que restauraba los derechos al aborto tan solo para que la Corte Constitucional la anulara unos meses después.

A lo largo de las siguientes dos décadas, las escuelas públicas estuvieron obligadas a enseñarles a los niños sobre “paternidad responsable” y la “vida en la fase prenatal”. El aborto se volvió un tabú.

Y un envalentonado movimiento antiaborto encabezado por una alianza de organizaciones católicas comenzó a cabildear para eliminar la excepción más usada para la prohibición —las anomalías fetales—, la cual se había utilizado en casi todos los mil abortos legales al año en Polonia.

Después de que el partido nacionalista Ley y Justicia llegó al poder en 2015, adoptó una prohibición casi absoluta como parte de su agenda tradicionalista.

El resultado fue una oleada de manifestaciones masivas. La legislación que promovía la prohibición fue rechazada dos veces en el parlamento.

No obstante, de todas maneras, entró en vigor el año pasado después de que el más alto tribunal de Polonia intervino de nuevo.

Según la presidenta del tribunal, Julia Przylebska, abortar un feto con anomalías constituía “prácticas eugénicas” y “una forma de discriminación abiertamente prohibida”.

Amenaza de proceso penal

Para las mujeres que buscan realizarse un aborto en Polonia —y las que quieren ayudarlas—, las vías para lograrlo se han vuelto peligrosas. En febrero de 2020, a Justyna Wydrzynska, una prominente activista a favor de los derechos a abortar, le llegó un mensaje lleno de angustia de una de ellas.

La mujer estaba en una relación abusiva. Su pareja vigilaba todos sus movimientos y la iba a denunciar a la policía si se iba al extranjero a realizarse un aborto.

“Por favor, ayúdame, porque ya no voy a sobrevivir”, suplicó susurrando en una llamada telefónica.

Conforme la ley, una mujer no puede ser juzgada por tomar pastillas para abortar, pero puedes ir a la cárcel por ayudar a alguien más a obtenerlas. Así que Wydrzynska suele tan solo darles instrucciones para que sepan cómo comprar y usar las pastillas.

Sin embargo, ese día, la desesperación de la mujer la obligó a enviarle un paquete de pastillas. La pareja de la mujer, quien leía sus mensajes de texto y correos electrónicos, denunció a Wydrzynska a la policía.

Wydrzynska está en espera de un juicio y enfrenta tres años de cárcel. Se espera un veredicto en septiembre.

Como regresar en el tiempo

Más o menos 80 mujeres polacas al año solían visitar Heemstede, una clínica de abortos cerca de Ámsterdam que se especializa en abortos durante etapas avanzadas del embarazo, los cuales son permitidos hasta la vigésima cuarta semana en los Países Bajos. El año pasado, de los 3000 abortos realizados ahí, 400 fueron a mujeres polacas.

“Éramos una clínica para embarazos no deseados”, comentó Femke van Straaten, la directora de la clínica. “Las mujeres polacas que llegan ahora son un grupo muy distinto”.

Muchas quieren tener un hijo y se sintieron devastadas al descubrir que sus fetos tienen defectos graves ya muy entrado su segundo trimestre.

Cuando abrió Heemstede en 1971, el ministro de Justicia neerlandés intentó cerrar la clínica y las agrupaciones de mujeres se enfrentaban constantemente con la policía antimotines afuera de sus puertas.

Ahora, las manifestaciones antiaborto están apareciendo de nuevo.

“Es como regresar 50 años en el tiempo”, dijo Van Straaten.

c.2022 The New York Times Company