Policías de Los Angeles le disparan a un perro y matan a un adolescente hispano

“¿Cómo pueden impedir que una madre esté con su propio hijo en sus últimos momentos?” Este fue el reclamo de la tía de Armando García, un adolescente de 17 años que perdió la vida cerca de las 4 de la madrugada en Palmdale, localidad ubicada al norte de Los Ángeles.

Según la versión policial, varios agentes de la policía acudieron a esa dirección tras una llamada que se quejaba de la música ruidosa que se escuchaba a esas horas en un complejo de departamentos al que -de acuerdo con el oficial Christopher Bergner- ya habían acudido “al menos en cuatro ocasiones anteriores”.

Al personarse en el lugar, un perro pitbull de unas 60 libras de peso se les abalanzó con el ánimo de agredirlos e incluso mordió a uno de ellos en la rodilla. Cuando este primer incidente se produjo, el jovencito García salió, sostuvo al perro y regresó con él a uno de los apartamentos.

Sin embargo, pocos minutos después, mientras los policías esperaban la llegada de la ambulancia para asistir al oficial lastimado por la mordedura, el can logró escaparse y volvió a atacar a los oficiales, quienes respondieron abriendo fuego.

Curiosamente, el animal salió ileso de la balacera, pero Armando García recibió un disparo en el pecho que lo hirió gravemente, provocándole la muerte al llegar al hospital.

De acuerdo con la versión oficial, el jovencito habría sido víctima de una bala que rebotó en alguna otra superficie, en lo que el capitán Bergner llamó “un accidente extremadamente desafortunado”.

Sin embargo, la decisión policial de no permitirle a su madre que estuviera al lado de su hijo ha suscitado no pocas interrogantes.

Amber Alcantar, la tía del fallecido rechazó ante las cámaras de CBS Los Ángeles la teoría del rebote de la bala y aseguró que se trataba de un intento de la oficina del alguacil de encubrir la realidad. “¿Cómo pueden impedir que una madre esté con su propio hijo en sus últimos momentos?”, insistió la mujer, en referencia a su hermana, Roberta Alcantar, quien intentó acercarse a su hijo gravemente herido.

El perro objeto del ataque policial ni siquiera pertenecía a García, sino a un amigo suyo. Ahora será sacrificado por las autoridades.

No es la primera vez que una reacción policial contra un perro genera polémica. En 2013, la policía de Battle Creek, en Michigan, disparó contra dos pitbulls que embistieron a los oficiales mientras realizaban un registro en una casa en busca de evidencias de drogas.

En esa ocasión, Mark y Cheryl Brown, los propietarios de los perros, presentaron una demanda judicial contra el Departamento de Policía de Battle Creek y contra la Ciudad, alegando que matar a los perros equivalía a la incautación ilegal de propiedad en violación de la Cuarta Enmienda.

Acto seguido, el tribunal del distrito dio la razón a los agentes de policía, tras lo cual los Brown llevaron su caso ante el Sexto Circuito del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos.

El relato del oficial Christof Klein se basaba en que cuando entró en la casa, un gran pitbull saltó del sofá, ladró agresivamente y se lanzó contra él.

Basado en que las leyes admiten que se le puede disparar a un perro si se mueve o ladra cuando los agentes del orden entran en una casa, el juez Eric Clay dictaminó que “el uso de una fuerza mortal contra un perro por parte de un agente de policía mientras ejecuta una orden de registro en un hogar por presunta actividad ilegal de drogas es razonable bajo la Cuarta Enmienda cuando el perro representa una amenaza inminente a la seguridad del oficial”.

En estados como Alaska, Florida, Hawái y Nueva York ya han sido abiertos casos que exigen una compensación, más allá del valor de mercado de un animal. La angustia emocional del propietario, la pérdida de compañerismo y el valor intrínseco han sido también tenidos en cuenta en estos procesos judiciales.

Un estatuto del estado de Tennessee permite demandas por daños emocionales tras la muerte injusta de un animal de compañía. La Ley General de Patton admite la indemnización de hasta 5.000 dólares por daños no económicos como “compensación por la pérdida de la sociedad razonablemente esperada, el compañerismo, el amor y el afecto de la mascota”, pero exime a los responsables gubernamentales.