Un policía mató a uno de los ladrones que intentaron robarle

El oficial de la Policía de la Ciudad Pablo Méndez había terminado de trabajar. Estaba, vestido de civil, en una esquina de Nueva Pompeya esperando el colectivo para volver a su casa cuando fue sorprendido por tres delincuentes armados que se bajaron de un auto e intentaron robarle. La víctima se identificó como policía, dio la voz de alto y se resistió a los tiros. Uno de los ladrones murió y los otros dos se dieron a la fuga. El uniformado fue detenido, acusado de homicidio y después de 48 horas fue excarcelado bajo una caución de 60.000 pesos.

Así lo informaron a LA NACION fuentes del caso. La causa está a cargo de la jueza criminal y correccional porteña Susana Guichandut y Méndez, que presta servicios en el Departamentos de Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad, será excarcelado cuando se haga efectiva la caución dispuesta por la magistrada.

El hecho ocurrió anteayer a las 6.30. Al escapar, los ladrones dejaron abandonada una de las armas, una escopeta. El automóvil donde se movilizaban los delincuentes era un Chevrolet Merina negro, propiedad del padre de uno de los sospechosos.

"Dentro del auto había un bolso con pertenencias de una víctima que había sido asalta antes del intento de robo a Méndez. Un taxista, que declaró como testigo, sostuvo que vio cómo los ladrones se bajaron del auto con la escopeta y se dirigieron hacia dónde el uniformado esperaba el colectivo. Le apuntaron con el arma, entonces el oficial se identificó como policía, dio la voz de alto y disparó", dijeron fuentes policiales.

La decisión de que Méndez fuera detenido no cayó bien en oficinas del gobierno porteño. No es la primera vez que una resolución de Guichandut causa malestar en despachos oficiales. En enero del año pasado la magistrada había excarcelado a un motochorro de nacionalidad colombiana, lo que generó que el gobierno nacional, encabezado por Mauricio Macri, por intermedio del representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, pidiera un informe sobre la actuación de la magistrada.

En ese oportunidad, el delincuente fue beneficiado con la suspensión del juicio a prueba durante un año. Al aceptar ese beneficio, el acusado de robar en la modalidad motochorro, se comprometió a no consumir estupefacientes, a concurrir al organismo que controla el cumplimiento de la pena y regularizar su situación ante la Dirección Nacional de Migraciones y a pagar $ 700 como reparación del daño sufrido por la víctima del asalto.

"El fiscal César Troncoso, dada la declaración testimonial del taxista y las circunstancias del hecho, manifestó que no era intención del Ministerio Público dejar detenido a Méndez, pero la jueza Guichandut lo dejó preso hasta hoy, que fijó la caución de 60.000", dijeron fuentes de la Policía de la Ciudad.