Polémica en Mendoza: crece la controversia por el plan del gobernador para avanzar con una reforma judicial

MENDOZA.- El plan del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, para reformar la Suprema Corte de Justicia provincial, tal como contó LA NACION, abrió aún más la grieta política y judicial en la tierra cuyana. Así, mientras oficialismo y oposición se tiran con munición gruesa frente al controversial proyecto, ahora aparecieron en escena los expertos en la materia, quienes repudian la iniciativa y reclaman, principalmente, que no se eliminen las salas especializadas, tanto en lo civil y comercial, como en lo penal y laboral.

Por eso, más allá de que el radicalismo cuente con los votos necesarios para avanzar con el polémico proyecto, que crea un “colegio de jueces”, sortea las causas y promete “transparencia” frente al “forum shopping”, la realidad es que crecen las voces contra la medida y sugieren una discusión a fondo y de consenso más amplio, sabiendo además que hoy el oficialismo obtiene la mayoría de los fallos a favor cuando la Corte decide en plenario. Por eso, se encienden las alertas sobre la independencia del principal órgano de Justicia de la tierra cuyana.

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De hecho, en los últimos días, fue la Legislatura el sitio elegido para escuchar las principales opiniones. Allí, mientras se reiteran las explicaciones de los funcionarios, quedaron plasmadas las posturas de los especialistas que generan dudas sobre las verdaderas intenciones del Ejecutivo. Desde las sospechas de pretender el “control total” de la Corte, pasando por la “mayoría automática” hasta los cuestionamientos por las “designaciones político-partidarias” en el máximo tribunal judicial local quedaron sobre la mesa para que los legisladores analicen a fondo qué hacer. En los próximos días continuará la discusión en comisiones, con la presencia de los actuales ministros de la Corte, por lo que se seguirán escuchando visiones encontradas.

Pero, lo destacado de las últimas jornadas fueron las exposiciones de los reconocidos y prestigiosos ex juristas y ex miembros del máximo tribunal local, Aída Kemelmajer de Carlucci y Alejandro Pérez Hualde, así como el ex gobernador justicialista Arturo Lafalla, quienes tiraron por tierra el plan oficial.

La jugada oficialista consiste en poner en marcha un tribunal colegiado, eliminando las dos salas y sorteando todas las causas, con el objetivo de evitar el “forum shopping”, en referencia a la elección del foro más conveniente, y “transparentar” el funcionamiento del máximo órgano judicial de la provincia, compuesto por 7 miembros, entre los que se encuentra el presidente, Dalmiro Garay, de extracción radical, y quien pasaría a tener más poder de decisión. De esta manera, desaparecerían la Sala I (Civil y Comercial), integrada por Julio Gómez, afín al peronismo, y por María Teresa Day y Pedro Llorente, vinculados al radicalismo; y la Sala II (Penal y Laboral), compuesta por los filoperonistas, Mario Adaro y Omar Palermo, y José Valerio, de extracción radical. El Gobierno se muestra inquieto porque los abogados litigantes aguardan que la Sala II se encuentre de turno, la segunda quincena de cada mes, para interponer las demandas, en cuanto a acciones procesales administrativas o planteos de inconstitucionalidad. Por eso, desde el justicialismo plantean que el proyecto sólo avance para estos últimos expedientes, por sorteo, sin afectar el funcionamiento de las salas especializadas.

“Yo quiero una Corte que le resuelva bien los problemas a la gente. Por eso quiero que continúen las salas. Necesitamos gente especializada en cada materia”, planteó Kemelmajer, la primera mujer en integrar la Corte local, desde 1983 hasta 2010, cuando se jubiló. Según explica la especialista, tradicionalmente, a la Sala Penal y Laboral le llegan más expedientes, tal como advirtió el Gobierno, por encima del 75% de las causas, pero las materias de esta sala, son más repetitivas, aclara la experta. “Por ejemplo, la laboral recibe despidos, indemnizaciones, bien o mal hechas; la penal, si tal persona cometió tal delito. En la Sala Civil y Comercial son menos repetitivas, por la conflictividad y diversidad de cuestiones; hay menos expedientes pero mayor diversidad, por lo que exigen mayor estudio. Ni que hablar de los asuntos de familia, cuestiones que antes no se presentaban y ahora sí”, explicó Kemelmajer. Por eso, aclaró: “El número no es un argumento para decir que la Sala II está recargada, siempre fue así. La Sala II ha tenido siempre tres veces como mínimo de empleados y secretarios que la Sala I. ¿Qué Corte queremos? Jueces que estén especializados. Quiero una Corte que resuelva bien los problemas de la gente, con salas especializadas. No es cierto que todos estamos capacitados para todo. Podemos tener más o menos capacidad, mejor o peor una sentencia. Pero, si de lo que nos estamos quejando es de la gran cantidad de juicios que llegan a la Corte, necesito quien resuelva en menor tiempo, y para eso tiene que saber. ¿En derecho penal, voy a tener al ministro especializado en una hipoteca? ¿Para qué diablos hizo un doctorado en Alemania ese señor? Defiendo la especialidad en la sala”, exclamó Kemelmajer.

Por eso, ya en tono político, la especialista hizo hincapié en la importancia de las designaciones transparentes y técnicas de los ministros de la Corte para evitar la discusión que hoy tiene en vilo al Ejecutivo local y a la oposición. “Tener ideas políticas no significa defender ideas partidarias en el tribunal. Hay una diferencia muy grande. De ahí, todo este problema de la mala distribución del trabajo, y lo que dice la prensa, de las mayorías automáticas, los jueces radicales y los peronistas”, completó la experta.

En tanto, Pérez Hualde también se focalizó en la importancia de la especialización, más allá de que las voces del Ejecutivo y de los ministros afines al radicalismo consideren que se “idealiza” o que no la contempla la Constitución. “No hay que perder la especialidad de las salas. Se lo dice alguien que ejerció 26 años como abogado. Le damos a nuestros clientes confianza, previsibilidad, cómo puede salir, al ir estudiando la jurisprudencia, la trayectoria de la sala, cómo viene resolviendo. Damos un panorama para que nuestro cliente elija. No se puede destruir eso y atomizarlo. Los resultados pasan a ser imprevisibles. Hay que mejorar el proyecto”, se despachó Pérez Hualde, al tiempo que consideró, por otro lado, que tener votación en pleno de 4 a 3 a favor del radicalismo es “muy endeble, más allá de cómo están hoy los gobiernos”. Por eso, el ex juez de la Corte se preguntó: “¿Si cambia el gobierno, cambia todo de nuevo?”.

Por eso, Pérez Hualde, se mostró en desacuerdo con la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de Mendoza, que salió a respaldar el proyecto oficial. “La normativa propuesta viene a corregir deficiencias, evitar distorsiones y erradicar prácticas abusivas”, indicó la entidad.

Luego, hizo su presentación Lafalla, quien ponderó las explicaciones de sus antecesores. “Hay que escuchar a quienes saben, a quienes tiene la trayectoria como Kemelmajer y Perez Hualde, antes de tomar la decisión”, sentenció el ex mandatario mendocino. “Pongan la calma posible para discutir el tema. Por prudencia política, debería haber mayoría más que la simple. Se necesitan acuerdos importanttes para resolver los conflictos”, sostuvo Lafalla, para concluir que no advierte que el proyecto “garantice aceleración en los procesos”. Por eso, exclamó: “Nos piden una justicia rápida. Este proyecto lo complicaría, con sorteos y mayor personal. Que se achique el Estado es el reclamo ciudadano. Adhiero a Kemelmajer y Pérez Hualde, en la especialización de salas”.