Yahoo Noticias Plan de Ordenamiento Territorial de CDMX requiere ley que lo regule, alertan académicos; señalan que carece de acciones concretas
Especialistas de la UNAM advirtieron que, antes de que se apruebe el proyecto de Plan General de Ordenamiento Territorial (PGOT) para la Ciudad de México, debe existir una ley que pueda regularlo, y afirmaron que el documento presentado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) no especifica cuáles serán las acciones para alcanzar sus objetivos.
Este viernes, la UNAM fue sede del tercer foro de discusión sobre la nueva propuesta de PGOT, que actualmente está en revisión en la Jefatura de Gobierno, antes de ser entregada al Congreso local. Entre reclamos por la falta de certeza sobre su contenido —que aún no es público y al que solo han accedido algunos especialistas—, académicos y activistas cuestionaron los mecanismos de participación ciudadana para su elaboración.
Antonio Azuela de la Cueva, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), señaló que para que pueda aprobarse el PGOT es necesario que exista una Ley de Ordenamiento Territorial que regule al plan, así como los procesos para su elaboración y consulta, lo que a su parecer “no va a pasar la prueba en ningún tribunal, porque cualquiera que conozca la jurisprudencia sabe que esto se va a caer”.
Además, el doctor en Sociología por la UNAM calificó de “inadmisible” el que las autoridades capitalinas busquen aprobar este instrumento “sin legitimidad”, debido a que la ciudadanía desconoce cuál es su contenido y a que no existe diálogo con los grupos de vecinos y asociaciones civiles inconformes.
“Si el proceso hubiera partido de un diagnóstico, sería lo primero que debió identificar: esta crisis de legitimidad y de credibilidad por parte de los actores que giran sobre el tema del desarrollo urbano, pero este documento que presentan no resuelve la crisis, solo la agrava y no nos lleva a ningún lado”, dijo.
Claudia Reyes Ayala, de la Facultad de Arquitectura, criticó que las autoridades capitalinas están más preocupadas por elaborar un PGOT que a la letra resulte prometedor que por determinar las acciones concretas que se tomarán para atender las problemáticas del desarrollo urbano.
“Veo una desconexión completa entre los instrumentos y lo que ocurre en la gestión de la ciudad. Tenemos haciendo mapeos cerca de 40 años, y cada que los hacemos nuevamente los resultados nos muestran que no hay mejoría en temas de gestión de espacios públicos o de atención al cambio climático. No me preocupan los objetivos ni las líneas de acción, sino cómo le vamos a hacer”, cuestionó.
En representación de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, Alejandro Velázquez agregó que a la fecha las organizaciones comunitarias desconocen los 100 procesos de consulta que las autoridades presumen con autoridades comunales, así como las propuestas que supuestamente fueron anotadas en el PGOT por parte de esta población.
“Las autoridades dicen que firmaron 49 protocolos de consulta, pero algunos fueron firmados con personas no representativas de los pueblos, cercanos al gobierno o partido en el poder. Es por eso que hay una molestia justificada de los pueblos hacia este proceso”, señaló durante el foro.
ONG se suman a críticas
La asociación Ruta Cívica y la Asociación Nacional de Urbanistas señalaron en conferencia de prensa esta semana que los proyectos de Plan General de Desarrollo (PGD) y de PGOT, que fueron recientemente anunciados por el secretario de Gobierno, Martí Batres, son instrumentos carentes de legalidad debido a que el IPDP no cuenta con titular ni consejo ciudadano y labora con un directorio técnico incompleto.
Mónica Tapia, directora de Ruta Cívica, y Armando Rosales, presidente de la Asociación de Urbanistas en la Ciudad de México, se pronunciaron en contra de que haya sido la Secretaría de Gobierno capitalina, y no el IPDP, quien presentara el instrumento, lo que a su parecer contraviene el carácter autónomo del Instituto de Planeación, así como la búsqueda de consensos entre los grupos inconformes.
Los activistas también cuestionaron la decisión de las autoridades de dejar en manos de los alcaldes de la ciudad la decisión de los usos de suelo, lo que podría modificar el mapa de espacios destinados para la conservación o las actividades agroforestales, dando paso a su urbanización.
“En los hechos, el proyecto del PGOT expande la urbanización sobre el suelo de conservación, con el reconocimiento de asentamientos irregulares que prevé crear infraestructura en él. Se consolida la ciudad de las personas que viven lejos y deben moverse muchas horas a su centro de estudios y laboral, se pavimenta el suelo que infiltra lluvias al acuífero y carece de política de vivienda social”, destacaron.
Estos comentarios se suman a los que en días previos se realizaron al PGOT por parte de académicos, en dos foros organizados por la UNAM a los que acudió un representante del IPDP para comentar el contenido del Programa de Ordenamiento Territorial. En las ocasiones previas, los especialistas coincidieron en que el proyecto anunciado por el gobierno capitalino fue irregular en su consulta y carece de medidas para atender el fenómeno de desdoblamiento de la ciudad y la gentrificación.
En respuesta, el IPDP señaló que tal como lo establece la Ley de Planeación, el instituto entregará al Congreso local los nuevos proyectos, en cuanto sean aprobados por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y una vez que esto ocurra se tendrá que garantizar un parlamento abierto. Será hasta entonces cuando se den a conocer los documentos a la ciudadanía.
