El plan de AMLO contra las adicciones: sin presupuesto, infraestructura y con mensajes contradictorios

Gonzalo Ortuño

El gobierno federal relanzó su estrategia contra las adicciones anunciando un cambio en la manera de atender a la población y abordando la salud mental.

Por un lado, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador busca la legalización de la marihuana y la no criminalización de los consumidores, pero por otro, en los spots de campaña y en sus discursos relaciona los problemas de adicciones con “la desatención a los jóvenes, la desintegración de las familias”, y “la pérdida de valores culturales, morales, espirituales”.

Ahí entra una gran contradicción, de acuerdo con Catalina Pérez Correa, especialista en política de drogas de América Latina y profesora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

La investigadora explica que la política de drogas no parece ser diferente a la de administraciones pasadas, porque no contempla la posibilidad de que haya un consumo adulto y responsable, pues se manda un mensaje de que el único consumo sano es el que no se hace. 

Además, la estrategia anunciada por el presidente aún no tiene recursos presupuestado para 2020, mientras que las partidas asignadas en el pasado al tema de adicciones tendrán un recorte. 

No solo eso, la estructura con la que cuenta el gobierno federal para tratar el tema tiene un déficit de personal especializado, como reconoció la misma Secretaría de Salud en entrevista. 

El problema del plan presentado por el gobierno federal, subraya Pérez Correa, es que se parte de la idea de que todo consumo muestra “un defecto en la personalidad o en la comunidad”, y que no distingue entre un consumo problemático de uno responsable. 

“Esta idea muy cristiana o puritana de decir que solamente la gente que está sola o la gente que tiene problemas afectivos busca el consumo de drogas es mentira. La gente busca drogas por muchas razones distintas, sentirse más energéticos, para tener experiencias distintas, otros con razones medicinales o para explorar”.

Una política de drogas distinta, afirma Correa, tendría que asumir que hay un porcentaje de personas que van a consumir y lo que se debe reducir son “los riesgos para las personas que van a consumir, retrasar los primeros consumos lo más posible”.

¿En qué consiste la nueva estrategia? 

Una de las claves del nuevo plan, de acuerdo con las autoridades, es la implementación de “un modelo de cobertura universal de servicios de salud”, donde una entidad se encargará de la atención en salud mental.

Se trata de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasamar) que aún no existe oficialmente, pero que según la estrategia, deberá coordinarse con otras entidades como el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y las secretarías de Salud, Educación y Cultura.

Lorena Rodríguez-Bores Ramírez, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, explica que su objetivo es incidir en una reducción de consumo de sustancias para evitar trastornos adictivos en la población, por lo que buscarán fortalecer la prevención y atención, mediante campañas masivas de información y capacitación a personal médico. 

En el caso de adultos y jóvenes que ingieren drogas y sustancias ilícitas, sin problemas de adicción, la especialista dice que su consumo debe ser respetado y no estigmatizado o criminalizado. 

“A esa parte de las juventudes que ya consumen, les queremos fomentar el tema de consumo responsable y tratamos también de incidir en una reducción de consumo, para que no vay a llegar a un trastorno con sustancias, que si bien es la minoría, en lo que queremos incidir es en que no haya ese riesgo”, explica en entrevista. 

Sin embargo, reconoce que el gobierno federal mantendrá acciones para detener la oferta de drogas, “mientras que nosotros vamos a tratar de incidir en los factores que causan la demanda, abordar esos factores psicosociales, para evitar el consumo, en el caso de los menores”.

Al respecto, Pérez Correa dice que “básicamente es el mismo discurso que vimos en otros gobiernos, en el cual se dice que lo único que están haciendo es combatir la oferta pero de facto lo que termina pasando es que la oferta se combate persiguiendo el narcomenudeo, y lo delitos de narcomenudeo se llevan a los consumidores entre las patas, ese siempre ha sido el problema”.  

La especialista sostiene que la estrategia de “combatir la oferta” siempre termina siendo una política que persigue a consumidores, a productores campesinos y a narcomenudistas que resultan ser jóvenes que venden en las calles.

El Consejo Nacional de Salud Mental también está colaborando con las campañas antiadicciones que se transmiten en los tiempos oficiales de radio y televisión, en los que “no estamos tratando de causar miedo”, según su secretaria técnica, quien afirma que, hasta ahora, no ha salido ningún anuncio que mencione la palabra “droga”, ni la palabra “adicto”. 

Pero esto contrasta con las palabras del mismo López Obrador quien dijo que buscan mostrar “el sufrimiento que produce la drogadicción”. 

“Vamos también a mostrar esto, lo que daña el fentanilo, el cristal, cómo elaboran esas drogas hasta con raticidas, y vamos a utilizar todo el tiempo en radio, en televisión que tenemos, lo que se contrata de publicidad dirigido a eso; y los tiempos oficiales a lo mismo, a informar, a orientar”, señaló. 

De hecho, tras el multihomicidio contra familiares del activista Julián LeBarón en Bavispe, Sonora, el presidente relacionó a los responsables con el consumo de estupefacientes.

“Hay personas que están en el crimen organizado y ya con un nivel de descomposición extremo. Por lo general, los que cometen estos actos de crímenes, de asesinatos, son gentes drogadas. Eso está probado”, dijo este 7 de noviembre en su conferencia mañanera.

 

Faltan psiquiatras y centros de prevención

Las propias autoridades federales han reconocido que hay falta de infraestructura y personal para atender a la población. 

De acuerdo con Rodríguez-Bores Ramírez, en México hay 3.6 psiquiatras por cada 100 mil habitantes, de los cuales, el 60% está concentrado en la Ciudad de México; Monterrey, Nuevo León, y Guadalajara, Jalisco. 

En cuanto a infraestructura, el país cuenta solo con 45 Centros Integrales de Salud Mental (Cisamen), de los cuales solo el 30% tienen médicos; los demás son atendidos por trabajadores sociales. 

También se cuenta con 336 Centros de Atención Primaria de las Adicciones (CAPA), sin embargo no todos realizan actividades de prevención o atención a salud mental.

Ante este escenario, el Consejo Nacional de Salud Mental descarta construir más centros, pues buscan “aumentar su capacidad de atención”, y capacitar a personal no especializado para combatir el déficit en atención a la salud mental. 

Para capacitar a los trabajadores de salud, Rodríguez-Bores Ramírez asegura que utilizará la Guía de intervención mhGAP para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias en el nivel de atención de salud no especializada, un documento publicado por la Organización Panamericana de la Salud en 2016.

El objetivo, asegura, es crear una red de facilitadores, para capacitar a personal de los estados, que su vez puedan replicar ese aprendizaje a enfermeras, trabajadores sociales, promotores de la salud, y todo personal que no es especialista en salud mental, pero participa en la identificación, diagnóstico, abordaje y tratamiento de las personas con trastornos de este tipo.

El cálculo, de acuerdo con la especialista, es capacitar anualmente a entre 240 y 480 personas, un promedio de 20 al mes, cuya formación se dará en tres o cuatro días. 

Hasta ahora, detalla, se han capacitado a 120 facilitadores del centro de atención Línea de la Vida, el cual ofrece prevención y atención del consumo de sustancias, así como orientación a familiares.

Centros de Integración Juvenil

El gobierno federal anunció el 29 de octubre la estrategia junto con voluntarios e integrantes de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), una asociación que se dedica a la atención y rehabilitación de adicciones en México y que depende, en su mayoría, del Estado, por lo que está sujeta a sus normas.

De los 2,108 establecimientos residenciales privados que atienden adicciones en México, 11 unidades de hospitalización son de CIJ, más 104 unidades de consulta externa.

De acuerdo con el Informe sobre la situación de drogas en México, de la Secretaría de Salud, 1,045 centros se encuentran registrados y apenas 348 son reconocidos por la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).

Catalina Pérez Correa advierte que justamente hay una falta de verificación en la que operan los centros privados, pues asegura que algunos de ellos pueden incurrir en actos de tortura o tratamientos que no están aprobados científicamente.

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La especialista asegura que el modelo con el que operan es el mismo, sin reducción de riesgos y daños ni información para los jóvenes que quieran consumir.

“Hay que ver todavía si implementan algunos programas de reducción de riesgos y daños, como intercambios de jeringas, o de lugares seguros para inyectar a quienes usan drogas inyectables. Campañas de prevención sobre el consumo para informar a las personas cuáles son las formas menos riesgosas de poder consumir”, menciona.

Datos del informe de salud muestran que en 2018, se atendieron 91,684 personas en la modalidad ambulatoria a través de la red de CAPAS, principalmente por consumo de alcohol y mariguana, mientras que en los en Centros de Integración Juvenil se atendieron 43,631 pacientes.

Recorte al presupuesto 

De acuerdo con Rodríguez-Bores Ramírez, por ahora no se cuenta con un monto establecido para la estrategia de manera integral, por lo que cada dependencia ha ido aportando recursos, sin embargo, esperan que exista una partida específica para el presupuesto de 2020.

En tanto, el diputado del PAN Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante de la Comisión de Salud, expuso que para el programa de Prevención y Atención contra las Adicciones, del Ramo 12 Salud, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se reduce el presupuesto 18.2 millones de pesos, 1.3% en términos reales.

También dijo que para la Conadic se proyecta un recorte de 50 millones, lo que implicará una reducción del 7%. 

El legislador sostuvo que el servicio contra el tema de adicciones en las instituciones públicas como el IMSS e ISSSTE se maneja de manera deficiente, por lo que propondrán un reajuste para no reducir en término reales el dinero sobre atención a adicciones en 2020. 


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