Piden expropiar seis terrenos para ejecutar el plan de construcción de cárceles y alcaidías bonaerenses

En la Legislatura bonaerense comenzará a debatirse un proyecto de ley que propone expropiar seis terrenos e inmuebles en los distritos de Moreno, Quilmes, Merlo y La Matanza en los que, en un plazo de diez años, se construirán cárceles y alcaidías departamentales con el objetivo de disminuir la superpoblación de las unidades penitenciarias y de las comisarías de la provincia de Buenos Aires, una problemática sin resolver que derivó en condenas al Estado nacional por parte de organismos internacionales y que cíclicamente es origen de motines y protestas por parte de las personas privadas de su libertad.

"Tenemos que corregir el problema de superpoblación que heredamos. Recibimos un sistema penitenciario con 52.000 internos. La superpoblación es enorme y la sociedad no tolera la alternativa de las prisiones domiciliarias. Entonces, la única solución que nos queda es aumentar las plazas penitenciarias, alternativa que tiene un importante costo desde lo presupuestario", afirmó a LA NACION una calificada fuente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense.

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El plan para expropiar terrenos e inmuebles para llevar a cabo el proyecto para construir cárceles y alcaidías departamentales en distintos puntos del conurbano, según fuentes oficiales, fue acordado entre el ministro del área, Julio Alak, y distintos intendentes.

El diputado provincial Matías Ranzini (Juntos por el Cambio) sostuvo que el proyecto de expropiación se trataría el jueves próximo. "Estamos a favor de crear más plazas carcelarias, pero debemos ver el plan integral y avanzar lo máximo posible en lo que estamos de acuerdo. No obstante, no debemos de perder de vista la perspectiva de las víctimas y de los vecinos que residen o disfrutan de los lugares aledaños adonde se plantea erigir una nueva unidad penitenciaria", sostuvo el legislador.

Alak, según pudo reconstruir LA NACION, les explicó a los jefes comunales que con la edificación de alcaidías departamentales se podría trasladar a los presos alojados en comisarías y, así, los policías que se ocupan de controlar a los detenidos en las seccionales se podrán abocar a las tareas de prevención en materia de seguridad.

"Se calcula que un 20% de los policías cumplen tareas de control y custodia de presos. Si los detenidos son trasladados a unidades penitenciarias, ya sea cárceles o alcaidías, los uniformados en cuestión podrán sumarse a las tareas de prevención en la calle para luchar contra el delito. Los intendentes están de acuerdo y comenzaron a buscar terrenos y propiedades para expropiar. Lo entendieron tanto jefes comunales del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio", explicaron fuentes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense.

La construcción de cárceles y alcaidías en el conurbano no solo encuentra fundamento en el objetivo de descomprimir la superpoblación en las comisarías, sino que está orientada a reducir los altos niveles de reincidencia de quienes pasan por el sistema penal.

Allegados al ministro Alak explicaron que si los presos son llevados a unidades penitenciarias lejos de donde viven, pierden el vínculo con sus familias y esa situación impacta, en un futuro, en la reincidencia.

En diciembre pasado, cuando asumieron las nuevas autoridades a cargo del área penitenciaria, se decidió hacer un relevamiento para conocer el domicilio de origen de cada uno de presos alojados en la provincia.

"Se determinó que el 70% de los presos del sistema penitenciario bonaerense vivía, antes de ser detenido, entre la ruta 6 y la avenida General Paz. No es lo mismo un preso que recibe las visitas de su mujer, sus hijos y el resto de su familia que el recluso que no recibe esa contención. Les explicamos a los intendentes que cuando los delincuentes salen de la cárcel vuelven a sus distritos. Entendieron el problema y juntos comenzamos a buscar lugares para construir cárceles y alcaidías", dijeron las fuentes consultadas.

Por ejemplo, según información oficial, hay 1488 presos que tienen domicilio en Merlo y ese distrito del oeste del conurbano no tiene plazas penitenciarias; lo mismo sucede con Quilmes que tiene 1340 reclusos con domicilio en el distrito y ninguna unidad para alojarlos; también pasa eso en Tigre (1310) y en Lanús (1138).

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"Hablamos con Alak y su equipo y estamos buscando un lugar para construir una alcaidía que descomprimiría el problema de los presos en comisarías. Tenemos un promedio de 30 presos por seccional y contamos con diez comisarías. Estamos de acuerdo con la iniciativa, pero todavía no pudimos encontrar el lugar adecuado", explicó a LA NACION el jefe de Gabinete de Lanús y funcionario encargado del área de seguridad, Diego Kravetz.

En algunos municipios, vecinos protestaron a través de las redes sociales ante el anuncio de la iniciativa y de la propuesta de expropiación. En Quilmes, por ejemplo, se armó un grupo virtual llamado "No a la construcción de la cárcel en la Ribera".

"Este es un tema que debemos trabajar para solucionarlo. La construcción de una alcaidía en el distrito no es solo que va a solucionar el hacinamiento y la capacidad de detención que tienen las comisarías, sino que va a dar mayor seguridad a la zona. Vamos a poder contar con los policías bonaerenses que hoy están cuidando a esos detenidos en las comisarías para que puedan estar circulando, patrullando o teniendo presencia en la calle. El policía bonaerense no está para cuidar a los detenidos, eso lo tiene que hacer el sistema penitenciario de la provincia, y es lo que van a hacer en la alcaidía", dijo la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en declaraciones al programa Seguro, pero tarde que se emite por FM Sur 88.9.