Las pensiones por invalidez que anunció el Presidente ya benefician al 2,3% de la población

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El presidente Alberto Fernández durante la entrega de la pensión no contributiva número 200.000 para personas con discapacidad
El presidente Alberto Fernández durante la entrega de la pensión no contributiva número 200.000 para personas con discapacidad - Créditos: @Presidencia

CORDOBA.- El presidente Alberto Fernández, con críticas a la gestión macrista, reflotó el tema de la entrega de pensiones no contributivas por invalidez. Aseguró que en la administración de Juntos por el Cambio se rechazaron seis de cada diez solicitudes. Los números oficiales muestran que en el país, entre 1999 y 2021 esas prestaciones pasaron de 72.156 a 1.084.932, es decir, crecieron 15 veces en 22 años. Los beneficios equivalen a 2,3% de la población argentina.

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El período de más crecimiento coincide con el segundo gobierno de Cristina Kirchner, entre 2010 y 2014, cuando prácticamente se duplican: de 575.526 pasan a 1.065.518. Cuando asumió Néstor Kirchner la presidencia esos beneficios eran 81.539 y se va con 230.847, prácticamente tres veces más.

La primera gestión de Cristina Kirchner termina con 575.526 pensiones por invalidez, unas 2,2 veces más del número que recibió. Así, el mayor incremento se da en los cuatro años que van entre 2010 y 2014.

En la administración de Mauricio Macri, cuando por una investigación de LA NACION, el tema quedó en el centro de la escena, desde el Gobierno aseguraron que se depurarían los padrones y de 1.065.518 con que asumieron entregaron el poder con 1.040.461, 25.057 menos.

Desde la asunción de Fernández a diciembre del 2021 -dos años dominados por la pandemia del Covid-19- se sumaron 44.471 beneficios.

Los beneficios no contributivos, entre los que están las pensiones por invalidez, incluyen también a expresos políticos, madres de siete o más hijos, excombatientes de Malvinas, vejez y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), ninguna de esas variantes repite la tendencia de crecimiento de las por discapacidad.

Los especialistas en medicina del trabajo sospechan, desde que se conocieron en 2016 los números del abrupto incremento en las entregas, que un “manejo político” se adueñó del sistema. En ese momento salieron a la luz varios casos de beneficiarios que dijeron haberse enterado de que el dinero que recibían era por una pensión por discapacidad cuando fueron a buscar empleo; suponían que era un subsidio o una beca.

En el acto de hoy Fernández afirmó que “antes buscaban excusas para no dar pensiones; tenían cajoneados 145.000 pedidos” y agregó que el Gobierno “no está dando nada trucho ni malgastado la plata del Estado”. “Queremos dar las pensiones que hagan falta, no es una dádiva es un derecho que tienen, no estamos regalando nada, estamos reconociendo derechos a aquellos que lo necesitan”, subrayó.

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Para acceder a una pensión por invalidez hay que presentar ante el Ministerio de Desarrollo Social un certificado médico oficial expedido por un profesional competente de un hospital público nacional, provincial o municipal, servicio o unidad sanitaria, con la firma y sello del médico y del director del establecimiento. También la copia o transcripción de resumen de la historia clínica firmada.

También encontrarse en situación de vulnerabilidad; no percibir el solicitante ni su cónyuge o conviviente una jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva; no estar empleado bajo relación de dependencia, ni registrado como autónomo o monotributista del régimen general (sí se puede ser monotributista social). “No tener ingresos ni recursos suficientes”, agregaron.

En 2017, por ejemplo, Guanaco Muerto -un pueblo del norte de Córdoba- pasó a ser conocido por tener más pensiones por invalidez (480) que población (320). Las provincias del norte son, en general, la que mayor relación proporcional tienen entre pensiones por invalidez y la población en edad de trabajar que busca empleo.