Los peligros del populismo en la lucha contra las drogas | Opinión

Es paradójico, por decir lo menos. Joe Biden pudo recuperar a un “muerto cerebral”, como la OTAN, y unir a toda la alianza occidental para proteger a Ucrania de la tiranía de Vladímir Putin.

Pero Estados Unidos se hunde en el aturdimiento diplomático cuando un populista como el presidente colombiano, Gustavo Petro, llama a despenalizar el consumo de drogas o a regularlas. Cuando, sin ninguna racionalidad, pide descriminalizar al “proletariado del narcotráfico”, perseguir a los “capitalistas del narcotráfico” o, peor aún, dice que la cocaína es “menos venenosa” que el petróleo y el carbón.

No importa que Petro vocifere disparates ideológicos que disimulan un trasnochado antiimperialismo, o que simplemente cabalgue sobre la manida frase del “fracaso rotundo” de la guerra contra las drogas. La misma consigna con la que la Comisión Global de Política de Drogas ha pedido un cambio de paradigma en la política mundial desde 2011, aunque sin definir qué es lo que se propone, salvo algunas ideas fragmentarias, lejos de un modelo viable e integral.

Una cosa es la gradual aceptación de la sociedad de ciertos estupefacientes, como ocurre con la marihuana, y otra muy distinta e insostenible es que pueda abrirse paso la legalización o una etérea regulación.

Asimismo, resulta razonable que se incorporen enfoques de salud pública o se descriminalice algunos casos de uso y posesión de drogas, lo que no puede ser excusa para enviar el fatal y cínico mensaje de que con la droga los colombianos estamos próximos a ser los nuevos John D. Rockefeller.

Gran productor de cocaína

Cuando un país es el productor del 80% o 90% de la cocaína en el mundo, simple y sencillamente no está en posición de autoerigirse en un experimento global de despenalización. Estados Unidos no puede cometer, en consecuencia, el error del extremo tacto diplomático, como cuando afirma que la estrategia holística de la administración Biden hacia las drogas se superpone con el enfoque holístico del gobierno de Petro, excepto porque no es partidaria de la despenalización.

Sería como decir que la política de drogas del entonces presidente Rafael Correa en Ecuador, desde 2008, era holística, la misma que ahora conduce a Ecuador a repetir el baño de sangre y violencia de Colombia de los años 80.

Es por eso por lo que Washington tiene el deber de ejercer la autocrítica y alertar a los países del gran riesgo que corren cuando asumen posiciones permisivas o demagógicas frente a las drogas. Que nadie pueda decir que no fueron advertidos, pues, aunque Estados Unidos pueda controlar el flujo de droga que alcanza a ingresar a su territorio, países como Colombia podrían quedarse con un aumento desmedido de la violencia, el microtráfico y el consumo interno. Afganistán es vivo ejemplo de esto último.

Si bien el proceso de paz colombiano de 2016 era conveniente para desactivar el aparato criminal de la guerrilla de las FARC-EP, cometieron el gran error de haber avalado el capítulo de drogas de ese acuerdo, el cual alentó un descomunal crecimiento de los cultivos ilícitos.

Es por supuesto lógica la entrega de subsidios y ayudas para alentar a las comunidades a salir de los cultivos ilícitos. Lo que no puede hacer el Estado es supeditar su accionar y la erradicación a que previamente llegue a todos los territorios y resuelva todos los problemas.

Una perspectiva indulgente que ha impregnado hasta a la comisión bipartidista creada por el Congreso estadounidense para evaluar la política antidrogas en América Latina. En su informe de diciembre de 2020, “Western Hemisphere Drug Policy Commission”, no solo acude en forma notable a las fuentes y citas del lobby colombiano contra la erradicación forzada y la fumigación, sino que sucumbe a una visión asistencialista insostenible.

Campesinos reciben subsidios

Es una gran equivocación ignorar que hay muchos actores de la cadena de producción de coca con poco o ningún interés en que dichos cultivos disminuyan.

Ahí están desde los actores armados ilegales, pasando por dueños de cantinas, burdeles, almacenes, supermercados; jóvenes o pobladores que acceden a lujos que en otras condiciones les serían inaccesibles. Algunos campesinos incluso reciben subsidios, pero no erradican la hoja de coca, o procesan algunos kilos de coca para aumentar las ganancias.

Es absurdo entonces hablar del “proletariado del narcotráfico” y “capitalistas del narcotráfico”, como lo sostiene Petro. ¿Cómo se podrían definir?

Pero, como la política de seguridad y “paz total” de Petro está concebida sobre la idea de que la comunidad internacional podría replantear la política contra las drogas, lo cual no va a suceder, es muy probable que el escenario en Colombia en poco tiempo sea el de mayor violencia y muertes. Todo por las bondades del populismo.

John Mario González es un columnista y analista político colombiano.