Una película nominada a los premios Oscar presenta la búsqueda de justicia ‘siempre viva’ en Argentina

BUENOS AIRES, Argentina — Los huesos de un hombre, revelados en un laboratorio, habían hablado.

Durante años, estuvo guardado dentro de una caja de plástico azul en un estante con cientos de otras cajas que contenían restos humanos no identificados que se creía pertenecían a víctimas de la brutal dictadura militar que gobernó Argentina de 1976 a 1983.

Su esqueleto, tendido sobre una mesa en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense de Buenos Aires, contaba una historia: tenía cerca de 25 años y medía entre 1,70 y 1,80 metros. Cinco heridas de bala, una en la cabeza y cuatro en la pelvis, lo habían matado.

Y ahora, más de 30 años después de su hallazgo en una fosa común, está a punto de ser identificado.

“Cuando pasan de tener un número a tener un nombre, es maravilloso”, aseguró Patricia Bernardi, antropóloga forense y fundadora del equipo, una organización sin fines de lucro que trabaja en casos relacionados con abusos cometidos bajo el régimen militar.

La identificación de las víctimas forma parte de un esfuerzo más amplio por hacer justicia y exigir responsabilidades 40 años después del final de la dictadura, un capítulo traumático que vuelve a estar de actualidad debido a “Argentina, 1985”, filme que ha obtenido una nominación a los premios Oscar en la categoría de mejor película extranjera.

Se trata de un drama histórico que retrata un caso real que marcó un hito y que un equipo de abogados llevó contra los líderes militares en un juicio, terminando con la condena a cadena perpetua de cinco miembros de la junta militar, entre ellos los dictadores Jorge Videla y Emilio Massera. Otros cuatro fueron absueltos.

Los militares desataron una ola de represión para eliminar a los llamados subversivos, categoría que llegó a incluir a disidentes políticos, activistas estudiantiles, organizadores sindicales, periodistas, intelectuales y miembros del clero. Los grupos de derechos humanos calculan que hasta 30.000 personas fueron asesinadas o desaparecieron durante la dictadura.

En una escena crucial de la película, un personaje basado en un fiscal de la vida real dice a un panel de jueces que el juicio puede ayudar a forjar una paz basada en la justicia y en la conmemoración de las atrocidades.

“Esta es nuestra oportunidad”, dice. “Puede que sea la última”.

Más que un final, esas palabras, extraídas de los verdaderos alegatos finales, fueron un principio. Hasta hoy, en los tribunales de toda Argentina, casi 180 exmilitares, policías y civiles están siendo procesados por crímenes de lesa humanidad.

Con más de 300 investigaciones abiertas y catorce juicios, el proceso está “siempre vivo”, comentó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, una organización de derechos humanos creada por mujeres que buscan a sus nietos Un momento crucial nacidos en y luego entregados a otras familias.

Algunas investigaciones se centran en delitos cometidos en centros clandestinos de detención donde cientos de personas fueron torturadas y asesinadas. En un caso, un excapitán de los marines está siendo juzgado por orquestar la adopción ilegal de la hija de su hermano, que nació en un centro de detención y fue criada por otro militar. Sus padres siguen en paradero desconocido.

En total, más de 1100 militares, policías y civiles han sido condenados por crímenes de lesa humanidad desde 2006, 58 de ellos el año pasado.

El ajuste de cuentas de Argentina con su pasado ha sido mucho más amplio que el de países vecinos también marcados por un régimen militar represivo, como Brasil, Chile y Uruguay. Las leyes de amnistía en Brasil han bloqueado los juicios militares, mientras que en Uruguay se han celebrado un pequeño número de juicios. En Chile, muchos altos cargos condenados por crímenes de la época de la dictadura recibieron penas reducidas.

“Estos juicios son justos y necesarios”, afirmó María Ángeles Ramos, una de las principales fiscales federales de los crímenes de la época de la dictadura en Argentina.

“Tomamos la decisión de que lo ocurrido es imperdonable y Argentina no puede permitirse ignorar su pasado”, señaló Ramos. “Es una autocrítica muy grande como sociedad. Es un valor que nos pone en un lugar distintivo en el mundo”.

La búsqueda de justicia no ha sido fácil. Tras el juicio celebrado en 1985 contra dirigentes de la junta, el gobierno promulgó leyes que bloquearon la mayoría de los demás procesamientos. Además, un expresidente indultó a los mandos militares condenados.

En la década de 1990, las víctimas y los familiares de los desaparecidos organizaron protestas frente a los domicilios de los exdirigentes militares y de otras personas que se consideraba que habían violado los derechos humanos.

La madre de Teresa Laborde, Adriana Calvo, física y profesora universitaria, fue una testigo clave en el juicio de 1985. Describió cómo la habían esposado y vendado los ojos y cómo llamaba a gritos al bebé que acababa de dar a luz en el asiento trasero de un Ford Falcon mientras la trasladaban de un centro de detención clandestino a otro.

La recién nacida era Laborde, que ahora tiene 45 años. Ella y su madre fueron finalmente puestas en libertad.

“Ese juicio que todos califican de ejemplario, en mi casa lo vivimos como la puerta de la impunidad”, comentó Laborde, refiriéndose a la absolución de cuatro de los líderes y a las condenas leves para algunos otros. “Justicia significaba responsabilizar hasta al último torturador”.

En 2003 hubo un momento crucial, cuando el Congreso argentino, en respuesta a la creciente presión pública, abolió las leyes que habían frenado el enjuiciamiento de los crímenes de la época de la dictadura. En 2006, un tribunal dictó la primera sentencia en el marco de un proceso de enjuiciamiento relanzado.

“En cierto sentido, fue toda la sociedad civil la que construyó esto”, aseguró Natalia Federman, abogada de derechos humanos y directora ejecutiva del Equipo Argentino de Antropología Forense. “Se hizo imposible que el Estado afirmara: ‘No vamos a hacer nada’”.

El trabajo del equipo forense ha sido clave en los juicios. Se han recuperado más de 1400 cadáveres, de los que se han identificado unos 800. Algunos aparecieron en las playas tras ser arrojados desde aviones durante los llamados vuelos de la muerte. Otros, como el hombre del laboratorio del equipo forense, fueron descubiertos en fosas comunes.

El equipo mantiene en secreto los detalles sobre el hombre hasta que se confirme su identificación, pero se cree que fue prisionero de uno de los centros de detención de la dictadura. Las pruebas que aparecieron en los juicios contra las personas con las que fue enterrado ayudaron a los analistas a reconstruir una hipótesis sobre su identidad.

Sin embargo, el tiempo es un enemigo acechante: más de mil personas investigadas han muerto, al igual que las víctimas y sus familiares.

“Hay lentitud, y a veces indiferencia”, de Carlotto comentó sobre el ritmo de la justicia. “Pero nuestra permanencia y resistencia está presente”.

c.2023 The New York Times Company