Patricio Bernedo: “Si se aprueba la nueva Constitución de Chile, sería bajarle la cortina al modelo que nos rige desde hace casi 50 años”

El estallido social de octubre de 2019 inició un proceso de cambio en Chile que enfrentará un hito el próximo domingo. El nuevo proyecto de Constitución, redactado durante un año, será sometido al juicio de los votantes chilenos, que deberán decidirse en las urnas por el “apruebo” o el “rechazo”.

Pero los interrogantes sobre el texto fundamental superan el misterio de cuál opción terminará triunfante. Otras preguntas se orientan al largo plazo, a su lugar en la historia y en este proceso de cambio que exigieron los chilenos movilizados como jamás se había visto.

Para Patricio Bernedo, doctor en Historia y profesor titular del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se trata de un momento sin precedente que, según explicó a LA NACION, podría marcar “el inicio del reemplazo acelerado de una visión de país”.

-¿Qué rol ocupa este plebiscito en la historia política chilena desde la vuelta de la democracia?

-Ocupa un rol central, que en caso de triunfar el “apruebo” podría marcar el inicio del reemplazo acelerado de una visión de país, la neoliberal, que se comenzó a diseñar años antes del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. En concreto, sería bajarle la cortina al modelo de sociedad que nos rige desde hace casi 50 años. También sería un portazo enorme a más de 200 años de nuestra historia nacional, cuando nos iniciamos como república con un proyecto de nación unitaria y centralizada. La nueva propuesta introduce el concepto de plurinacionalidad, que implica la existencia, además de la nación chilena, de al menos 11 naciones y pueblos indígenas. En lo territorial, le da un giro de 180 grados a la forma habitual de organizar el país, que ha sido partiendo desde el Estado central, para ir bajando a las regiones, provincias y comunas. Ahora el foco explícito está en la comuna autónoma, a partir de la cual se van estructurando las unidades territoriales mayores. Los alcances de esta propuesta van mucho más allá de cambiar cuestiones heredadas de la dictadura militar, pues buscan cambiar los fundamentos de la creación del Estado nacional, que configuró la república y la nación chilenas.

-¿Por qué nunca hubo consenso, interés o decisión para cambiar una Constitución heredada de un gobierno militar?

-Pienso que en el segundo gobierno de Michelle Bachelet tuvimos sobre la mesa una propuesta de reforma sustancial a la Constitución de 1980, pero la derecha desde el Parlamento se opuso tenazmente. Pero también es cierto que Bachelet tampoco empujó con mucha convicción ese cambio, pues lo presentó en las postrimerías de su gobierno. Sin embargo, la lápida a ese proyecto se la puso su sucesor, Sebastián Piñera, al descartar cualquier posibilidad de proseguir con esa propuesta. Es posible que con las sucesivas y también profundas reformas que se le hicieron a la Constitución de 1980, la clase política y una parte importante de la opinión pública se habían ido conformando con esa carta fundamental, que incluso contó con la firma del presidente Ricardo Lagos, a partir de 2005. Mientras se reformaba sucesivamente la Constitución y objetivamente se la hacía más democrática, las cifras económicas eran muy positivas, incluyendo el control de la inflación y una caída histórica de la pobreza. La estabilidad política que se vivió durante esas décadas y la sensación de un futuro esplendoroso para todo el país, llevó a una suerte de autocomplacencia en la derecha, la centroderecha y parte de la centroizquierda, que a la postre, como ahora sabemos, resultó nefasta.

-¿Por qué se esperó al estallido social de 2019 para proponer un nuevo proyecto de fondo?

-El denominado estallido social mostró, de la peor manera, que el futuro esplendoroso no había llegado a todas las capas de la sociedad, y que la rabia acumulada durante décadas estaba dando paso a niveles de violencia muy peligrosos para la convivencia democrática en el país. Claramente la democracia en Chile tambaleó fuertemente entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre de 2019, cuando se firmó el llamado Acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Este pacto fue apoyado por todos los partidos políticos y el actual presidente Gabriel Boric, quien lo hizo a título personal, pues los partidos de su sector, incluyendo el Partido Comunista, se negaron a firmarlo. En suma, es posible afirmar que para evitar un quiebre institucional violento, se puso sobre la mesa una salida institucional, la redacción de una nueva Constitución, que reemplazaría a la heredada de la dictadura, más allá de las reformas a las que había sido sometida.

-¿Los nuevos constituyentes estuvieron a la altura en la elaboración del nuevo texto, que ahora genera rechazos incluso entre quienes pedían un cambio?

-Un problema importante fue que en la Convención Constitucional, por una cuestión del momento político en que se llevó a cabo la elección de sus integrantes y del sistema electoral que se utilizó para elegirlos, la centroizquierda y la centroderecha, que se habían alternado en el gobierno desde el retorno a la democracia, quedaron débilmente representadas. Ese cuadro llevó a que la izquierda más radical redactara una propuesta constitucional que ha hecho muy difícil que concite un apoyo electoral amplio para el plebiscito. Sabemos que la ciudadanía, con un contundente 78 por ciento, expresó claramente en el plebiscito de entrada que quería -y quiere- una nueva Constitución, pero parece que no el tipo de Constitución que ahora se le está ofreciendo. Además, una serie de comportamientos públicos inexcusables y expresiones lamentables de algunos integrantes de la convención instalaron una sensación de rechazo y descrédito que impactó negativamente en la valoración del texto.

-¿Cómo sigue el proceso de cambio, si es que sigue, en caso de ganar el “rechazo”? ¿Vuelta a cero?

-Las encuestas revelan que estaría ganando la opción “rechazo”, por estrecho margen. De confirmarse ese resultado, quedaría en evidencia que la ciudadanía no estaba disponible para apoyar cambios tan profundos y rápidos como los propuestos por la Convención Constitucional. Tarde o temprano tendremos una nueva carta fundamental. La ciudadanía lo expresó así, democráticamente, en el plebiscito de noviembre de 2020. Incluso triunfando la opción del “rechazo”, tendrá que haber negociaciones entre las distintas fuerzas políticas, auspiciadas por el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, para acordar un nuevo itinerario institucional. Hay quienes sospechan de la real voluntad de cambio de la derecha y centroderecha, pero pienso que la nueva generación de dirigentes políticos de ese sector, que no se identifica con el golpe militar de 1973 y que rechaza sin ambigüedades las violaciones a los derechos humanos de la dictadura, tampoco se siente la defensora de la Constitución de 1980. Pienso que ahí estará una de las claves para avanzar hacia un nuevo texto constitucional, que incorpore, entre otros, el establecimiento de un Estado social de derechos, que hoy en día genera un alto consenso en Chile. De ganar la opción “apruebo”, tendremos obviamente un nuevo texto constitucional, pero el gobierno y las fuerzas que apoyan esa opción ya se comprometieron ante la ciudadanía a introducir reformas para hacerlo más nacional y menos partisano. Pero más allá de la opción que triunfe, es claro que la Constitución de 1980 dejará de regirnos y que el texto que la reemplace no será el mismo que nos propuso la Convención Constitucional.