Fabricantes de pesticidas contra la pared en Argentina por contaminación

Daniela M. – Buenos Aires, Argentina

Argentina fue conocida, durante los últimos treinta años del siglo XIX, como “el granero del mundo”. Su capacidad productiva de trigo, maíz, girasol y otros cultivos era tan grande que las exportaciones se convirtieron en su principal fuente económica, firmando quizás el certificado (de la propia condena) que la dejaría casi para siempre como una economía primaria. Su rol como exportadora de alimentos nunca se modificó, pero sí cambiaron las formas de sembrar, cuidar y cosechar. Y fue allí donde los agroquímicos se convirtieron en un engranaje fundamental de la producción contemporánea.

Desde hace años hay una batalla por los productos que se usan para desmalezar y cuidar la producción agrícola y allí el “glifosato” está en el centro de la escena por sus componentes contaminantes que, en muchos casos, han producido malformaciones y problemas en la población. Pero no es una cuestión zanjada: otros dicen que, en rigor, no son peligrosos.

Por estas razones, un abogado especialista en daño ambiental impulsó una demanda colectiva ante la Corte Suprema de Justicia argentina para suspender las fumigaciones en el territorio argentino. Esto se debe a que varios estudios han señalado que el uso de agroquímicos como el glifosato afectan la salud de las personas. Las empresas tienen hasta el mes de marzo para explicar su situación. ¿En qué consiste esta demanda colectiva?

Deberán demostrar que no produjeron perjuicios por el uso de agroquímicos como el glifosato para la producción agropecuaria. Pero todo esto tiene un contexto.

Un problema que no es nuevo

Monsanto, Bayer, Syngenta. Esas son las empresas que fueron demandadas por un grupo de abogados, encabezados por Daniel Sallaberry, para que expliquen exactamente qué contienen los productos que se usan para fumigar. Pero la cuestión viene desde largo: a pesar de que se habla poco del tema, diversos profesionales y ambientalistas advierten sobre esta situación.

En mayo del año pasado, 30.000 profesionales de la salud exigieron que se prohíba uno de los productos más utilizados en la producción agrícola argentina: el glifosato

El glifosato según CASAFE (una de las entidades que promueve su uso en la Argentina) “se utiliza para eliminar la competencia de malezas en los cultivos por luz, agua y nutrientes”, y es un herbicida que se autorizó a ser usado por primera vez en Estados Unidos, en 1974. Este combina elementos químicos que inhiben el trabajo de enzimas que permiten a las plantas llevar a cabo procesos esenciales para la supervivencia, y esto suele ser utilizado para prevenir que los insectos afecten las cosechas, o las plagas, o distintos factores que intervienen en el proceso productivo.

El nombre de “Monsanto” aparece como primero de la lista porque lo creó, pero la patente de este pesticida está liberada desde el año 2000. Hace unos 9 años, un documental francés trazó la radiografía del glifosato:

Ahora bien, el glifosato presenta problemas. Desde la la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) han denunciado casos de malformaciones en argentinos, producto del uso de este herbicida. Por supuesto, la polémica está echada a rodar y todos los que integran la cadena de cultivo y producción suelen desmentir cualquier tipo de problema.

Pero esto se basa en las denuncias de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que depende de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que ha puntualizado con diversos casos que el glifosato es tan peligroso como el PCB de los viejos transformadores o el virus del papiloma humano (HPV). La OMS informó que existe evidencia científica suficiente para declarar potencialmente cancerígeno al producto que de la multinacional estadounidense.

“El glifosato no sólo provoca cáncer. También está asociado al aumento de abortos espontáneos, malformaciones genéticas, enfermedades de la piel, respiratorias y neurológicas”, enfatizaron desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud Argentina (Fesprosa).

El apoyo científico de estas aseveraciones viene dado por un trabajo realizado por Andrés Carrasco, un especialista que llegó a ser presidente del CONICET, la entidad que nuclea a los científicos argentinos, y que probó que la sustancia produce desde muerte celular hasta malformaciones. Sus estudios registraron estos daños, y con un agravante: la prueba científica se hizo con concentraciones de glifosato mucho menores a las que hoy se aplican en los campos.

La demanda colectiva: una acción de clase para proteger a la población

Sallaberry explicó, en declaraciones radiales al programa radial “La mar en Coche” (FM La Tribu, Argentina), la demanda realizada contra estas multinacionales. “Es una demanda colectiva donde un pequeño grupo de personas, afectadas en su salud y su patrimonio representa, a través de la modalidad de acción de clase típica de Estados Unidos”, explicó. Se refiere a la incorporación en Argentina a través de con un fallo muy conocido, llamado “Halabi”, que posibilita que se lleven a cabo este tipo de “acciones de clase”.

Se trata de acciones colectivas en las cuales, a diferencia de una demanda particular, se apunta a los daños y perjuicios que un sujeto o empresa puede realizar. En este caso, a las multinacionales por el uso del glifosato.

“El daño provocado consiste en que nos han perjudicado a todos los argentinos en haber deteriorado los recursos naturales, el suelo, el agua, han incitado a la deforestación en pos de la siembra del monocultivo de la soja, y esto acarrea una serie de afectaciones a un patrimonio colectivo, que es el ambiente en sí: los ecosistemas, los ríos, la salud de las personas. Entonces se le reclama una indemnización a ese daño producido, como si fuera una demanda particular, pero los actores están constituidos por la totalidad de la ciudadanía argentina”, explicó el abogado.

El reclamo de fondo es algo que no existe en la Argentina: una ley de bioseguridad. “La demanda no es tanto contra el Estado, sino más bien a que se intime a constituir una ley de bioseguridad, cosa inexistente en la Argentina actualmente. No existe una ley de protección del recurso suelo: dicten una ley donde el recurso suelo sea protegido. La totalidad de los alimentos que consumimos se producen en la tierra. Pero todo eso se hace usando sustancias como el glifosato, que dicen que son inocuos, y en realidad, no está demostrado”, explicó el especialista.

Los trabajos de Carrasco siguen oficiando de base para estos reclamos. “Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión (anfibio), interfiriendo mecanismos normales del desarrollo embrionario”, había avisado un estido de abril de 2009 a cargo del jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA e investigador principal del Conicet, que era Andrés Carrasco.

Sallaberry explicó qué se haría con el dinero, en el difícil caso de que se falle a favor del reclamo: “Ese dinero iría destinado no individualmente a cada argentino, sino que se va a depositar en un fondo ambiental o un fideicomiso, a fin de que las provincias o el Estado disponga para cubrir las distintas necesidades que surgieron del daño provocado. Nosotros vemos a diario las inundaciones, como si estas se provocan por la naturaleza. En realidad, es una deforestación monstruosa, que se ha hecho cultivable en tierra que no es apta. Y que a través de los químicos se logran estos beneficios. Que reparen económicamente el daño producido”, dijo en FM La Tribu.

Así las cosas, las multinacionales debían responder durante el transcurso de la segunda mitad del mes de marzo. Si no contestaran, sería equivalente a aceptar lo que los reclamos están demandando.

El tiempo, las cosechas y los estudios científicos dirán qué sucede con el glifosato y su controversial, aunque silencioso, uso.