Qué pasa cuando deportan a tu pareja

Los ciudadanos estadounidenses cuyos cónyuges han sido deportados se enfrentan a decisiones difíciles sobre lo que es mejor para su futuro, especialmente cuando tienen hijos.

[Estamos en WhatsApp.
Empieza a seguirnos ahora
]

Mientras Héctor Reyes estacionaba su camión en la ciudad fronteriza mexicana de Ciudad Juárez, su teléfono se iluminaba con fotos y videos de su hijo Daniel recibiendo su diploma de escuela secundaria.

La ceremonia se celebraba en El Paso, a solo un kilómetro y medio de distancia. Sin embargo, Reyes había sido deportado en 2017, y se le había prohibido entrar en Estados Unidos durante 20 años, por haber cruzado ilegalmente la frontera en dos ocasiones.

Su esposa y sus dos hijos, todos ellos ciudadanos estadounidenses, han hecho su vida en El Paso, mientras que Reyes vive a ocho manzanas de la frontera. Recuerda haber mirado al cielo la noche de la graduación, en mayo, esperando ver los fuegos artificiales que marcarían la salida de su hijo de la secundaria.

“Esta vida”, dijo, “no se la deseo a nadie”.

Familias como la de Reyes han estado observando con interés una nueva política del gobierno de Biden que pretende ofrecer una vía hacia la ciudadanía a los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses. Aunque el programa inicial no estaba abierto a las personas que viven fuera del país, las familias dijeron que era una primera señal de que existía una apertura a reconsiderar su difícil situación. Los cónyuges deportados entendieron que aunque se trataba de una posibilidad remota, podría ser su única oportunidad de superar prohibiciones vitalicias o de décadas de entrar a Estados Unidos.

Sin embargo, el nuevo programa no tardó en toparse con una fuerte oposición por parte de los republicanos, y fue suspendido por un juez federal en Texas después de que 16 estados presentaran una demanda para bloquearlo. Con el expresidente Donald Trump amenazando con deportaciones masivas si recupera la presidencia en noviembre, además de perder la oportunidad de ser tomadas en cuenta, las familias podrían también ver cómo muchas otras se unen a sus filas.

Algunas de las razones más comunes que se dan para las deportaciones y prohibiciones de entrada incluyen entrar en Estados Unidos sin autorización, regresar tras una deportación, quedarse más tiempo del permitido en el visado, trabajar sin permiso o cometer un delito, explicó Jorge Loweree, director ejecutivo de programas del Consejo Americano de Inmigración, un grupo de defensa de los inmigrantes.

En entrevistas, las parejas describieron los esfuerzos, en ocasiones extraordinarios, que habían realizado para continuar sus relaciones, y las desgarradoras decisiones a las que se habían enfrentado sobre si seguir al cónyuge deportado al extranjero o permanecer en Estados Unidos en busca de trabajos mejor remunerados, oportunidades educativas y una mayor seguridad.

“Deberíamos hablar de unidad familiar, no de unidad familiar para algunos”, dijo Tran Dang, fundador y director del Centro Rizoma del Migrante, una clínica jurídica que ofrece sus servicios a personas deportadas y a sus familias.

Una amplia gama de partes interesadas, desde líderes empresariales hasta defensores de los inmigrantes, llevan décadas pidiendo un ajuste de las leyes de inmigración, desde mucho antes de las oleadas fronterizas de los últimos años. Pero el Congreso, cada vez más polarizado, no ha logrado alcanzar un consenso, dejando al país con un sistema anticuado y disfuncional.

El número de inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera ha descendido en los últimos meses, tras un cambio en la política de asilo introducido por el gobierno de Biden en junio. No obstante, la frontera sigue siendo un tema central de campaña para los republicanos.

“Hasta que no resolvamos la crisis en nuestra frontera sur, no podremos hacer nada más”, dijo John Thomas, estratega republicano y socio director de Nestpoint Associates. “Podemos limpiar el resto del sistema después”.

No hay datos fiables sobre cuántos ciudadanos estadounidenses tienen cónyuges que han sido deportados, pero los defensores de los inmigrantes calculan que son decenas de miles.

Para la mayoría de las parejas en esta situación, alternar entre ambos lados de la frontera no es una opción. Muchos de los cónyuges estadounidenses tienen que elegir entre trasladarse permanentemente al extranjero o vivir lejos de sus parejas. Inevitablemente, algunas relaciones no sobreviven al reto y han acabado en divorcio.

Cuando Regina Cano, una doctora, se casó con Juan Manuel Cano de la Cruz en 2011, su plan era vivir cerca de su familia en Cincinnati mientras ella terminaba su residencia en medicina familiar.

Sin embargo, cuando Cano de la Cruz, un ciudadano mexicano que vivía en EE. UU. sin autorización, solicitó su tarjeta de residencia permanente —o green card— en 2013 en el consulado de EE. UU. en Juárez, un funcionario no solo denegó su solicitud, sino que además le prohibió volver entrar a Estados Unidos, de manera permanente. La razón, explicó Cano de la Cruz, era que había enviado dinero a su padre y a su hermano, lo que se consideró como financiación de la inmigración ilegal, pues más tarde ellos habían cruzado la frontera sur sin autorización.

“No sabía que era ilegal”, dijo sobre el envío de dinero. “Me frustró durante años”.

Para los Cano, su solución ha sido vivir juntos en Guadalajara, donde ahora tienen dos hijos, uno de 7 años y otro de 6 meses.

“Mi marido me dijo que me quedara a ganar dinero”, contó Regina Cano. “Estuve dos años separada de él y ya no quería vivir así”.

Ahora, ella y sus hijos vuelan a Ohio varias veces al año para que los niños puedan visitar a sus abuelos y primos estadounidenses mientras ella gana algo de dinero extra cubriendo turnos de otros médicos que están de baja por maternidad o de vacaciones.

Como ocurre con muchas familias, las decisiones más difíciles para estas parejas suelen centrarse en qué será lo mejor para sus hijos.

Cuando la solicitud de green card de su marido fue denegada en 2017, Laura Araujo primero pensó que la opción más práctica era mudarse con sus tres hijos a la ciudad de Toluca, en México. (Él había cruzado dos veces la frontera ilegalmente). Ella y su esposo, Alberto Araujo Rodríguez, terminaron criando a esos niños en México durante cinco años, y tuvieron dos más.

“No estábamos migrando necesariamente para tener una vida mejor”, dijo acerca de su traslado. “Estábamos migrando para estar juntos”.

En 2022, la pareja decidió que lo mejor para la educación de los niños era que ella y los niños regresaran a Maryland.

“Volví a la casa donde vivíamos juntos, y su fantasma estaba por todas partes”, dijo Araujo. “Al final del día, me siento ahí, sola. No tengo a mi marido”.

Araujo Rodríguez ahora tiene un permiso de trabajo canadiense y trabaja en una granja lechera de Terranova para mantener mejor a su familia.

“Espero que estas lágrimas de tristeza algún día se conviertan en lágrimas de felicidad”, dijo Araujo Rodríguez sobre un viaje reciente que hizo la familia para visitarlo en Canadá. “Se me rompe el corazón cuando veo a mis hijos así. Necesitan a su padre”.

Cassandra Holguin, cuyo prometido había entrado ilegalmente en el país y fue deportado a México recientemente, sigue intentando asimilar lo ocurrido y pensando en cómo criarán a su hijo, Milo, que cumple 2 años esta semana.

En mayo, casi un mes después de que deportaran a su prometido, Francisco Javier Gamiño Jaramillo, Holguín llevó a Milo a Guanajuato para que pudiera ver a su padre. La última noche antes de regresar a Texas, Gamiño le rogó que se quedara.

“Por favor, no me dejes”, le dijo en español. “No quiero estar aquí solo. No voy a aguantar”.

Holguin se preocupó por el bienestar de su prometido, así que decidió dejar a Milo con él temporalmente mientras ella regresaba a Texas para cuidar de sus tres hijos mayores. Lloró durante las dos semanas siguientes, dijo, y ha perdido 20 kilos por no comer.

“Se siente como un sueño, día tras día”, dijo.

En Juárez, Reyes tiene frente a sí al menos 13 años más antes de poder volver a entrar en Estados Unidos. Para entonces, sus hijos tendrán más de 30 años.

“Es un buen ciudadano”, dijo Sandra Reyes, su esposa. “Teníamos buen dinero, teníamos nuestra propia casa, teníamos coches. No le pedimos ni un centavo al gobierno”.

“Aun así, no fue suficiente”, añadió.

Miriam Jordan conlaboró con reportería. Susan C. Beachy colaboró con investigación.

Christina Morales
es una reportera que cubre noticias sobre alimentación y cultura.
Más de Christina Morales

Miriam Jordan conlaboró con reportería. Susan C. Beachy colaboró con investigación.

c. 2024 The New York Times Company