Panel debía revisar abusos de la Policía de Miami-Dade. Tres años después no ha sucedido

Más de tres años y millones de dólares después que se ganó una batalla para resucitar una junta civil de supervisión de la Policía de Miami-Dade, se las ha arreglado para ocuparse exactamente de un caso en gran medida intrascendente.

El Panel Civil Independiente (ICP) —que durante mucho tiempo fue uno de los principales objetivos de los activistas de la reforma policial— sigue sumido en problemas. Ha sido difícil conseguir quorum en las reuniones. Su capacidad para revisar los casos se ha visto limitada, ya que la Policía exige cientos de miles de dólares por los registros y también argumenta que la autoridad legal del panel es limitada. Y ahora la inminente campaña política para elegir al primer jefe de policía electo del condado pone en entredicho su futuro.

“Ha tomado tanto tiempo ponerlo en marcha que el entusiasmo de cuando empezamos se ha desvanecido”, dijo Susan Khoury, activista local que estuvo en primera línea durante la lucha para crear el panel y que ha aprovechado eso para postularse como candidata a jefa de Policía electa. “Ahora el MDPD [Policía de Miami-Dade] está jugando con ellos y creo que es indignante. En realidad demuestra porqué es tan importante tener un ICP”.

Solo seis personas estuvieron en la audiencia de la cavernosa cámara de la comisión durante la reunión más reciente del panel. Casi la mitad de los 13 miembros de la comisión estaban ausentes o aún no habían sido nombrados. No se trató ninguno de los informes de los seis comités del grupo porque estos aún no se habían reunido o los presidentes de los comités estaban ausentes.

La única oradora de la noche fue Jeanne Baker, veterana activista comunitaria que también desempeñó un papel decisivo en la creación del panel.

“Ha habido un problema crónico de falta de presencia de los asistentes para llevar a cabo su trabajo”, dijo Baker. “Quiero empezar compartiendo y tal vez recordando a algunas personas que yo formaba parte de una coalición muy grande de organizaciones comunitarias —creo que al final había 37 organizaciones comunitarias— que realmente querían que el ICP existiera, para que hubiera una verdadera supervisión efectiva razonable de la Policía en este condado”.

El ICP enfrenta varios problemas: una interpretación contradictoria de su ordenanza, nombramientos del panel que aún no se han realizado, revisiones frustradas de las actuaciones policiales por parte del organismo, incluso su propio futuro.

En julio, la directora ejecutiva del ICP, Ursula Price, solicitó todas las quejas presentadas contra la Policía de Miami-Dade. La respuesta del departamento: la ordenanza solo requiere que el MDPD entregue alrededor del 5% de esos registros, el resto debe ser modificado, lo que pudiera tardar hasta dos años y costar más de $400,000. Sin esos registros, dijo Price, es casi imposible determinar las tendencias en todo, desde el uso excesivo de la fuerza a los accidentes de autos patrulla.

También en julio, el director de la Policía de Miami-Dade, Alfredo “Freddy” Ramírez, se disparó en la cabeza al borde de una carretera cerca de Tampa tras una discusión con su esposa. Ramírez, que apoyaba públicamente el ICP y era el candidato favorito para convertirse en el primer jefe de policía electo del condado en seis décadas, abandonó la contienda mientras se recupera. Aunque no afectará directamente a los presupuestos, deja la futura cooperación del departamento de policía con el ICP en manos de quien sea elegido jefe de policía electo en noviembre de 2024.

Esto significa que la supervivencia del panel pudiera depender –una vez más– de la presión pública y de la voluntad política.

“El jefe de policía electo no puede disolvernos. La cuestión es si el jefe de policía electo estará de acuerdo en permitirnos llevar a cabo la supervisión del departamento”, dijo la semana pasada la presidenta del ICP, Loreal Arscott, durante una entrevista con el Miami Herald. “No me preocupa que no haya apoyo. Seguimos contando con el apoyo de la oficina del alcalde. Voy a mantener la esperanza por ahora”.

Aun así, también está claro que el próximo jefe de Policía electo probablemente recibirá una reprimenda del líder de uno de los bloques de electores más grandes e influyentes del sur de la Florida. El presidente de la Asociación Benévola de la Policía del Sur de la Florida dice que el ICP es solo otra capa de supervisión innecesaria.

“Simplemente no creo que [la existencia de la ICP] sea necesaria”, dijo el presidente del sindicato, Steadman Stahl, que representa a 7,000 socorristas en todo el Condado Miami-Dade. “No creo que se deba tener a gente revisando lo que implica el trabajo, cuando ni siquiera saben lo que implica el trabajo”.

La muerte de George Floyd

El video de la atroz muerte de George Floyd a manos del policía de Minneapolis Derek Chauvin el 25 de mayo de 2020 saltó a los titulares internacionales y desencadenó la mayor revuelta social en varias ciudades en la historia de Estados Unidos. Las marchas en Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Atlanta forzaron el cierre de autopistas, paralizaron negocios e hicieron casi imposibles los desplazamientos al trabajo.

Miami no fue una excepción y la comisionada de Miami-Dade Barbara Jordan se dio cuenta. Jordan había luchado por la creación de un panel de supervisión policial durante casi una década. Y a través de los llamamientos de los manifestantes a la responsabilidad y la reforma policial, vio una oportunidad. Así que la comisionada puso manos a la obra para restablecer un panel de supervisión que se había cerrado más de una década antes debido a los recortes presupuestarios durante una crisis financiera mundial. Jordan no respondió a las múltiples peticiones de declaraciones sobre la falta de avances de la ICP.

El tema de un panel de revisión fue tan polémico que los dos primeros intentos de enviarlo a los electores en 2020 fueron aniquilados. El entonces alcalde Carlos Giménez vetó una votación de la comisión para un referendo. Unas semanas más tarde, los comisionados no pudieron encontrar suficientes votos para permitir que el público votara al respecto. Sin embargo, Jordan persistió.

Y a finales de agosto, tras algunas concesiones –como que se le concediera poder de citación, pero no la capacidad de castigar– obtuvo el apoyo de Giménez para que los comisionados votaran de nuevo sobre el restablecimiento del panel. Esta vez, la votación fue aprobada por ocho votos a favor y cinco en contra.

Problemas desde el principio

Hubo problemas desde el principio. El panel no solo se creó durante tumultuosas revueltas sociales, sino que también nació en el momento álgido de la peor pandemia que el mundo había vivido en un siglo. Además, varios comisionados que enfrentaban elecciones optaron por retener sus nombramientos. Y sin un director ejecutivo que se hiciera cargo, el panel ni siquiera había conseguido espacio de oficinas.

El panel sufrió un nuevo revés cuando su primera candidata a directora ejecutiva, tras una larga búsqueda, se echó atrás pocos días antes de asumir el cargo. No tenía portal digital. Según Arscott, era difícil conseguir papel y bolígrafos. Los miembros de la comisión tuvieron que recibir capacitación sobre todo tipo de temas, desde ética hasta operaciones policiales. El poder de citación es prácticamente inútil sin la lista de quejas e investigaciones que Price busca.

“No teníamos un director ejecutivo ni personas con conocimientos institucionales”, dijo Arscott. “No previmos algunas de las barreras y obstáculos”.

La primera reunión del ICP se celebró en octubre de 2021. Pero las reuniones durante el año siguiente fueron esporádicas, a menudo sin quorum. No se abordó ningún caso. Arscott se limitó a tratar de vender la supervisión policial a municipios más pequeños con sus propias dependencias de aplicación de la ley y a reunirse con ciudadanos preocupados en todo Miami-Dade. Solo Miami, Miami-Dade y North Miami tienen juntas civiles de supervisión.

Price —cuyo nombre es bien conocido en los círculos de reforma de las fuerzas del orden— fue finalmente contratada a finales del año pasado. Activista comunitaria con contactos que se extienden hasta Washington DC, se le atribuye el mérito de haber ayudado a dar un vuelco al problemático departamento de policía de Nueva Orleans tras el huracán Katrina.

Finalmente, en mayo pasado la comisión vio su primer caso. Se trataba de un ex agente de Miami que se sintió maltratado por la policía en un mostrador de Enterprise Rental Car tras discutir con otro agente. Cuando Price solicitó información sobre su caso, también pidió todas las quejas presentadas ante el MDPD.

La respuesta llegó en agosto en una carta de dos páginas firmada por la directora interina Stephanie Daniels. En ella se decía que, según la ordenanza por la que se creó el ICP, el MDPD solo estaba obligado a pasar los expedientes cerrados por asuntos internos, un porcentaje drásticamente inferior al de todas las denuncias presentadas.

“El PCB [Oficina de Cumplimiento Profesional, o asuntos internos] generará un cálculo de costos basada en el alcance y la cantidad de modificaciones requeridas y, una vez recibido el pago, los registros se proporcionarán en el curso normal de la actividad”, escribió Daniels.

La respuesta del departamento de Policía no incluía un cálculo del costo. Price dijo que se reunió con el personal que le dijo que conseguir los registros que solicitó pudiera llevar hasta dos años y costar $400,000. Su objetivo ahora, dijo, era llegar a algún tipo de acuerdo en el que la policía compartiera bases de datos con el ICP.

En el único caso que el ICP llegó a revisar, el de la queja del policía jubilado de Miami, no se llegó a una decisión definitiva y acabó requiriendo “una nueva revisión”.

A pesar del revés, Price sigue convencida de que el panel llegará a algún tipo de acuerdo con la Policía de Miami-Dade.

“Es solo un intento de comprender las prácticas policiales”, dijo. “No se trata de buscar una aguja en el pajar. Es para asegurarnos de que podemos ayudar al departamento de policía en las mejores prácticas para servir a la comunidad”.

Uun nuevo jefe de Policía electo en la ciudad

El tema principal sigue siendo la próxima contienda para el jefe de Policía electo. Un referendo estatal ordenó que Miami-Dade se uniera a los otros 66 condados del estado y celebrara elecciones para jefe de Policía electo por primera vez en casi 60 años. Serán en noviembre de 2024.

Y aunque el presupuesto de $1 millón del ICP no está cubierto por la Policía, deja la futura cooperación con el panel completamente en manos de quien sea elegido el próximo año. Ramírez, favorito para ganar las elecciones antes de tratar de suicidarse, apoyaba públicamente el panel. Cuando abandonó la contienda, aparecieron nuevos candidatos. Para la primera semana de octubre, nueve republicanos y tres demócratas habían presentado su candidatura. Stahl, el presidente del sindicato, dijo que espera que al final sean unos 20 candidatos.

Dos de los principales candidatos han declarado que acogen con satisfacción la supervisión policial y que no tienen intención de impedir que el panel haga su trabajo.

“Si queremos la confianza de la comunidad, entonces la comunidad debe formar parte de la Policía”, dijo Joe Sánchez, agente de la Patrulla de Carreteras de la Florida (FHP) y ex presidente de la Comisión de Miami, quien dijo que anunciará su candidatura en breve.

En el mismo tono se expresó el ex presidente de la Asociación Benévola de la Policía del Sur de la Florida John Rivera.

“No me importa que la gente investigue”, dijo Rivera. “Es lo que hay. Hay que ser franco, abiertos”.

No se solicitaron las respuestas de todos los candidatos y algunos no respondieron a las peticiones. Aún así, nadie sabe lo que depara el futuro a la junta de supervisión civil.

“Todavía hay mucho margen de mejora. Pero estoy contento de que hayamos mantenido el rumbo”, dijo Arscott. “Queremos conocer más casos. Simplemente no previmos algunas de las barreras y obstáculos”.