En público, Suárez dice que no es abogado de Ken Griffin. Bajo juramento dice otra cosa

El alcalde de Miami, Francis Suárez, ha afirmado durante mucho tiempo que no tiene ningún conflicto de interés en lo que respecta a su apoyo público al multimillonario inversionista en fondos de cobertura Ken Griffin, un importante cliente del despacho de abogados en que trabaja Suárez.

Pero en una entrevista realizada bajo juramento en diciembre, Suárez contradijo declaraciones públicas anteriores y dijo que es uno de los abogados de Griffin, una posible infracción de las leyes éticas que prohíben a funcionarios electos trabajar para cualquiera que tenga negocios ante su gobierno.

En su declaración jurada ante un investigador estatal de ética, Suárez dijo que Griffin no era solo un cliente del despacho de abogados donde trabaja, sino su propio cliente personal. El alcalde hizo esa afirmación como parte de un esfuerzo exitoso para conseguir que la Comisión de Ética de la Florida desestimara una denuncia no relacionada contra él. Pero al llamar a Griffin “mi cliente”, Suárez también planteó un posible conflicto de interés en virtud de la legislación de la Florida, dado que Griffin está cabildeando ante la ciudad para obtener varios permisos mientras traslada su residencia personal y la sede de su empresa al sur de la Florida.

Aunque las leyes de la Florida que rigen el empleo externo no impedirían al alcalde trabajar para una empresa cuyos clientes tienen negocios oficiales con la ciudad de Miami, la ley prohíbe a Suárez hacer trabajo legal para esos clientes, según un dictamen ético formal emitido a Suárez en 2021.

Y Suárez estaría infringiendo las leyes estatales de ética, advertía la carta, si “cualquier cliente para el que esté realizando servicios legales está llevando a cabo negocios con [no solo la Comisión Municipal, sino] cualquier junta o personal subordinado de la ciudad”. La restricción aplicaría, escribieron los funcionarios de ética, independientemente de si Suárez se recusó de cualquier asunto relacionado con la ciudad.

La oficina del alcalde se retracta ahora de la declaración jurada de Suárez. En respuesta a las más recientes preguntas del Herald, la directora de comunicaciones del alcalde, Stephanie Severino, dijo que Griffin “no es ni ha sido nunca un cliente personal del alcalde Suárez”. Tampoco, dijo, Suárez está en la cuenta de Griffin en el despacho de abogados donde trabaja Suárez.

En cuanto a porqué Suárez dijo lo contrario mientras estaba bajo juramento durante un procedimiento oficial, Severino respondió: “Al igual que millones de otros profesionales cuyos despachos sirven a clientes, el alcalde se refirió informalmente al cliente [del despacho de abogados], el Sr. Griffin, como ‘su cliente’, como sería evidente para cualquiera que leyera la entrevista completa y el contexto”.

Severino dijo que las preguntas de los reporteros exponían la “agenda sesgada” del Herald, afirmando que “si el alcalde caminara sobre el agua, el Herald informaría que ‘el alcalde Suárez no sabe nadar’”.

Si mintió bajo juramento, Suárez pudiera enfrentar un delito grave de tercer grado por perjurio con penas máximas de cinco años de prisión y una multa de $5,000.

Relevancia para la investigación estatal

Suárez mencionó su relación de negocios con Griffin el 20 de diciembre durante una entrevista de 20 minutos realizada por la investigadora de ética Tracey Maleszewski, que estaba investigando si el alcalde había infringido leyes de ética separadas al aceptar la invitación de Griffin a su suite de lujo en el Gran Premio de Miami de Fórmula Uno del año pasado y en otros eventos del circuito de fiestas de la F1.

Ese caso fue desestimado a principios de este mes después de que Griffin presentara un cheque cancelado que demostraba que el alcalde le había reembolsado el precio íntegro de las entradas de lujo para la carrera del domingo y una cena de lujo de $3,000 por cubierto tanto para Suárez como para su esposa. La fecha del registro muestra que Suárez extendió el cheque de $14,000 a Griffin después que el Herald hiciera por primera vez preguntas sobre posibles infracciones de las leyes éticas, pero dentro del periodo de gracia de 90 días para el reembolso con el fin de evitar sanciones.

“El fin de semana me salió muy caro ... mucho más de lo que había previsto”, dijo Suárez a Maleszewski durante su entrevista. La investigación de Maleszewski no tuvo en cuenta todos los demás pases VIP de Suárez ese fin de semana, que habrían añadido miles de dólares al precio total. Suárez se ha negado repetidamente a responder a preguntas sobre quién pagó al menos dos pases VIP aún no contabilizados.

Suárez dijo a Maleszewski que Griffin era su cliente personal al tiempo que argumentaba que tal reembolso era probablemente innecesario, una aparente referencia a las exenciones legales que permiten a los funcionarios electos aceptar regalos caros principalmente relacionados con su empleo privado sin estar sujetos a la normativa habitual.

“Asistí con mi esposa a instancias o como invitado de Ken Griffin”, dijo Suárez a Maleszewski sobre las comidas en Carbone Beach, un club de cenas al que la pareja asistió el 6 de mayo antes de unirse también a Griffin en una suite de lujo en las carreras de F1 al día siguiente.

“En un exceso de precaución, y a pesar de que también era mi cliente, y podía haber justificado con base en eso, seguí adelante, y porque él es un cabildero, seguí adelante y pagué la cena”, dijo.

La activista de ética Melody Hadley aconsejó a la comisión que Suárez quedara libre de toda infracción, en parte porque el alcalde recibió las entradas de Griffin como parte de su empleo privado.

“Junto con el hecho de que el demandado [Suárez] es llamado rutinariamente para llevar saludos en nombre de la ciudad, él informó que Griffin es un cliente de su despacho de abogados, por lo que explica que las entradas le fueron entregadas por Griffin, no con la expectativa de que emprendiera alguna acción en su capacidad pública”, escribió Hadley en su recomendación de febrero. “Además, el demandado compensó oportunamente a Griffin por el valor de las entradas”.

Hadley añadió: “Como tal, no hay evidencia de una solicitud y/o aceptación de un regalo”. La comisión finalmente coincidió durante una audiencia a puerta cerrada celebrada el 8 de marzo.

‘El Sr. Suárez no ha trabajado para el Sr. Griffin’

Pero Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan dijo previamente al Herald que la asistencia de Suárez a la F1 “no estaba relacionada con ningún asunto que el despacho esté manejando”. Y el despacho, donde Suárez ha ganado millones desde que se unió en 2021, también sostiene que Suárez no trabaja en ningún caso que involucre a Griffin o Citadel.

“Quinn Emanuel mantiene su declaración previa de que el Sr. Suárez no ha hecho ningún trabajo para el Sr. Griffin o Citadel como empleado de la firma”, dijo un portavoz al Herald. “Las preguntas sobre lo que el señor Suárez quiso decir en su entrevista deben dirigirse a él”.

Citadel, la empresa de Griffin, no respondió a las preguntas del Herald sobre si Griffin era cliente personal de Suárez, y en su lugar envió un comunicado pregonando el sobreseimiento del caso. “Como dijimos la semana pasada y seguiremos diciendo cada vez que nos pregunten, no hay nada de eso, y nunca lo hubo”, dijo la portavoz de Citadel, Zia Ahmed.

Durante la entrevista, la investigadora Maleszewski no pidió aclaraciones después que Suárez dijo que Griffin era su cliente personal. Tampoco mencionó las normas éticas que prohíben las relaciones comerciales entre los funcionarios electos y cualquier persona que cabildee ante la ciudad, a pesar de las repetidas declaraciones de Suárez de que Griffin es “un cabildero”.

Cuando el Herald preguntó a la portavoz de la Comisión de Ética de la Florida, Lynn Blais, sobre el comentario de Suárez y si presentaba un conflicto de interés para él si Griffin fuera de hecho su cliente directo, escribió por correo electrónico: “No podemos opinar sobre la conducta de una persona”.

Blais dijo que solo “un funcionario o empleado público que tenga dudas sobre la relevancia de los estándares de conducta a sí mismo puede solicitar una opinión consultiva de la Comisión”.

El Herald preguntó a Blais qué ocurre cuando un investigador de ética estatal descubre una posible infracción de ética distinta de la que está investigando en ese momento, como es potencialmente el caso de Suárez.

“La Comisión de Ética no puede llevar a cabo investigaciones de presuntas infracciones de la Enmienda Sunshine o del Código de Ética a menos que una persona presente una queja jurada ante la Comisión alegando que se ha producido tal infracción”, respondió Blais. “La comisión no puede iniciar por sí misma una investigación”.