Otorgan prisión domiciliaria a Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo

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Un juez de control concedió la prisión domiciliaria a Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo; por el delito de lavado de dinero; sin embargo aún no podrá salir de prisión debido a que también está vinculado a proceso por otros delitos.

Además del cambio de medida cautelar, el juez pidió que cubriera una garantía de 10 millones de pesos y el uso de un brazalete electrónico.

El juez determinó que no había riesgo de que el acusado se diera a la fuga, además  se basó en una jurisprudencia de la Corte que obliga a revisar la prisión preventiva tras dos años de reclusión.

El caso de lavado es el único proceso federal iniciado contra Borge; sin embargo, existen otros cuatro procesos en su contra: por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública, peculado y delincuencia organizada.

El exgobernador está recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos.

Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo.
Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo.

El caso de Roberto Borge

Roberto Borge, quien fue gobernador de Quintana Roo entre 2011 y 2016, fue detenido en junio de 2017 en Panamá y extraditado en 2018.

El gobierno mexicano lo acusa de la compra de terrenos que eran propiedad del estado a precios de ganga, a través de prestanombres; así como la adquisición de una empresa de embarcaciones turísticas en la Riviera Maya, con dinero proveniente del crimen organizado.

De acuerdo con los antecedentes del caso, a Roberto Borge se le vincula con la venta de 24 inmuebles que eran propiedad del gobierno de Quintana Roo a un precio equivalente a 6% del valor comercial.

Apoyados en juicios laborales falsos, funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Roberto Borge despojaron a empresas y particulares de bienes inmuebles, pero también de dinero a través del congelamiento de cuentas bancarias.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Expansión prueba la manera en que el gobierno de Borge despojó terrenos y hoteles en Tulum, embargó condominios en Cancún y se apoderó de departamentos de lujo para después venderlos a la mitad de su valor a funcionarios públicos.

Los actos fueron legalizados por funcionarios cercanos a Roberto Borge, como Carlos Lima, exdirector del Registro Público y del Comercio (RPyC), a quien el Congreso local acaba de nombrar magistrado a propuesta directa del gobernador.

Respecto al delito de aprovechamiento ilícito del poder, Borge realizó la subcontratación simulada de servicios aéreos por alrededor de 590 millones de pesos.

Con información de Reforma