Yahoo Noticias Organismos internacionales y comisiones de derechos humanos documentan cada vez más casos de violencia obstétrica
Luego de que a finales de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una resolución donde reconoce plenamente la violencia obstétrica, en 2023 las comisiones de derechos humanos en nuestro país documentaron cada vez más casos en sus recomendaciones, mientras que órganos colegiados en México siguen sin admitir la validez del concepto.
En los últimos ocho años, entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México han sumado 146 recomendaciones por violencias de este tipo hacia las mujeres en el sistema de salud pública.
La segunda, además, hizo énfasis durante 2023 en la atención al tema, pues a pesar de que en México diversas instituciones la reconocen como una forma específica de violencia de género y 27 estados la incluyen en sus leyes, aún no está contemplada dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que dificulta el acceso a la justicia.
La CDHCM detalló que recibe de forma constante quejas interpuestas por mujeres o por sus familiares en las que potencialmente pudieron afectarse sus derechos humanos por parte de alguna autoridad sanitaria por la falta de atención oportuna y adecuada, o el trato indebido, en alguna etapa de su embarazo, parto o puerperio.
Esto implica que la comisión local ha documentado e investigado, a lo largo de su existencia, 69 casos en los que acreditó violaciones a derechos humanos por hechos constitutivos de violencia obstétrica ocurridos en instalaciones del Gobierno de la Ciudad de México.
Finalmente, en octubre de este año, emitió la recomendación 10/2023 por nueve expedientes de queja que resultaron en cuatro muertes maternas y cinco peri o neonatales, derivadas de irregularidades catalogadas como violencia obstétrica. En ella, se reconoce a 14 víctimas directas y 22 indirectas.
En ese documento, la comisión local reconoce que desde 2019, ha documentado con mayor frecuencia este fenómeno. Además, la estadística sobre la prevalencia de la violencia obstétrica en la Ciudad de México señala que 4 de cada 10 mujeres la han vivido. “Es una forma de violencia de género que ha sido constantemente invisibilizada, normalizada y que prevalece”, apunta el organismo.
Además, narra que en sus primeras recomendaciones, las investigaciones se centraban en el derecho a la salud, sin considerar el concepto de violencia obstétrica y sus implicaciones. Es en 2015 que plantea por primera vez un marco conceptual sobre el término y comienza a hacer observaciones y pronunciamientos más específicos.
En 2017, incluso detalló que existen tres modalidades de este tipo de violencia: física, cuando el personal médico practica procedimientos innecesarios o sin consentimiento; psicológica, que refiere al trato deshumanizado, grosero, discriminatorio o humillante, y emocional, la cual se evidencia en las secuelas en relaciones interpersonales y familiares que viven las mujeres violentadas.
La comisión de la Ciudad de México aclara que el concepto “violencia obstétrica” sigue en construcción, pero que la determinación de la Corte Interamericana de noviembre de 2022 ya la define como una violación de derechos humanos y una forma de violencia basada en el género.
Por primera vez en su historia, la CIDH señaló que las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia obstétrica y los Estados, la obligación de prevenirla, sancionarla y abstenerse de practicarla.
En tanto, durante 2023, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió 10 recomendaciones a instituciones prestadoras del servicio de salud específicamente por la violación al derecho a tener una vida libre de violencia obstétrica, que es la cifra anual aproximada que se ha mantenido desde 2015, con lo que suman 77 que refieren específicamente el concepto desde ese año a la fecha.
En 2023, ocho de las recomendaciones nacionales por violencia obstétrica se dirigieron al IMSS, una al ISSSTE y una al órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en ocho estados distintos.
Este organismo ya había emitido una recomendación general sobre la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud desde 2017, en donde construyó un marco conceptual y determinó, a partir del análisis de diversos casos, que los derechos humanos que frecuentemente transgreden estas prácticas son a una vida libre de violencia, a la protección de la salud, a la información y libre consentimiento informado, a la libertad y autonomía reproductiva, a la igualdad y no discriminación, a la integridad personal y a la vida.
Impacto del reconocimiento internacional de la violencia obstétrica
La sentencia de la CIDH en el caso Brítez Arce y otros vs. Argentina –en la que por primera vez se pronuncia sobre el derecho a vivir una vida libre de violencia obstétrica– es una jurisprudencia que debe ayudar a mejorar los marcos normativos de todos los países que reconocen la competencia de la corte, señala Catalina Martínez, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe.
En ella, la CIDH reconoce tres estándares principales: el primero, que las mujeres pueden sufrir violencia en el ámbito de la salud al momento de la atención al embarazo y del posparto; el segundo, que esa violencia se denomina violencia obstétrica, y el tercero, que es una violencia basada en el género.
Por ello, establece que cuando pasan este tipo de acciones –dilación del servicio, malos tratos, ataques verbales–, las mujeres están siendo violentadas en sus derechos y no solo viviendo una negligencia médica. Para Martínez, eso cambia la visión de cómo las mujeres experimentan la atención del embarazo, el parto y el posparto. A partir de ello, establece las obligaciones del personal sanitario en términos de salud materna.
“La decisión establece el deber que tienen los Estados, y en este caso los profesionales de la salud, de brindar la información necesaria a las usuarias del sistema en cuanto a los riesgos y los tratamientos que podrían asumir o que pueden escoger en términos de embarazo, parto y posparto. Parecería algo muy obvio pero es la primera vez que estos estándares se crean, y es de los primeros a nivel mundial, inclusive, frente a la temática”, afirma la especialista.
Sin embargo, en México, órganos colegiados como el Consejo Mexicano de Ginecología –según documentó Animal Político– rechazan de entrada la existencia del término: “Nosotros, en principio, tenemos que señalar que consideramos el término de violencia obstétrica como un término que tiene una connotación peyorativa, porque está dirigido exclusivamente a los profesionales de la salud que nos dedicamos precisamente a la asistencia de la mujer durante el evento obstétrico”, aseguró el médico Francisco Javier Robles Elías en su representación.
Ante ello, la directora regional del Centro de Derechos Reproductivos explica que en la comunidad médica hay un gran rechazo del concepto, así como de lo que significa en materia de obligaciones. Para ella, les ha preocupado porque cuando se empezó a conceptualizar, venía con una respuesta muy punitivista, lo que alejó al gremio. Ahora, existe un viraje de la postura, para privilegiar la creación de condiciones accesibles y de calidad para la atención en salud materna.
“Lo que estamos proponiendo como respuesta al problema que es la violencia obstétrica es que se creen políticas públicas integrales de atención en salud materna, que empiecen a delimitar cuáles son las obligaciones de las y los profesionales de la salud. Nos alejamos del sistema penal, y proponemos unas medidas que sean más integrales”, señala.
Sin embargo, en México, los médicos que violentan a una paciente, por accidente o negligencia, han podido tener la certeza de que no enfrentarán ninguna sanción, ni siquiera en su práctica profesional. Las víctimas que recurren a una demanda civil o denuncia penal terminan viviendo procesos largos y revictimizantes, mientras que instancias gubernamentales, como la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, son inoperantes.
Muestra de ello es el caso documentado por Animal Político durante 2023, de al menos 31 mujeres que señalan al doctor Jesús Luján Irastorza por malas prácticas y violencia, pese a su supuesto enfoque en un parto humanizado. A raíz de la difusión de sus testimonios y la conformación de un colectivo propio, la Fiscalía capitalina determinó el cierre de su clínica Pronatal para investigar cuatro denuncias penales en su contra.
Martínez puntualiza que el rechazo del sector médico, sobre todo en cuanto a la capacidad que las mujeres tienen de decidir sobre su propios procesos, sigue siendo un aspecto a trabajar y en el que la sentencia de la CIDH no profundiza. Internamente, los profesionales de la salud creen que todas las decisiones las tienen que tomar ellos, por el poder que se les ha otorgado.
“Tenemos que cambiar ese paradigma, porque finalmente esto se trata de que la salud materna es un derecho reproductivo que está cubierto por la autonomía reproductiva, y en donde finalmente tenemos que entender que quienes tienen que estar tomando las decisiones sobre su embarazo, sobre la manera en la que van a parir, cómo, cuándo, dónde y de qué forma son las mujeres mismas”, explica.
Como parte de esa autonomía –agrega– es necesario entender que las mujeres pueden tomar los riesgos que consideren necesarios, incluso si quieren parir en casa o de manera vertical: “Son ellas quienes tienen que asumir esos riesgos, y quienes tienen que asumir los tratamientos, y que confiemos porque es un tema de falta de confianza del patriarcado”.
La partería tradicional, una mirada sobre la autonomía reproductiva y el parto humanizado
Exactamente esos son los principios que han guiado la práctica de toda la vida de Juana Antonio, partera tradicional en Oaxaca, y de los que, está convencida, los médicos profesionales podrían echar mano para complementar su propio ejercicio, sin que uno u otro sean menos válidos.
En entrevista luego de su primera participación en una conferencia internacional en el Roche Press Day, luego de que su historia fuera visibilizada –junto a otras iniciativas en América Latina– precisamente como una alternativa a la violencia obstétrica que viven las mujeres en su estado, describe lo que representa para ella la partería tradicional y el parto humanizado:
“La parte más importante es entender a la mujer, darle el espacio y la seguridad con el que la mujer debe contar. La partería tradicional está basada y se lucha por el parto humanizado, que nosotros lo entendemos como que la protagonista es la mujer que va a parir y ella debe decidir cómo quiere y sus derechos”, dice Juana Antonio.
Ella, asegura, está ahí para apoyar y acompañar, y jamás limita a las mujeres que están por parir, porque el espacio y el respeto se lo merecen. Muchas veces, incluso, acuden a ella porque ya vivieron alguna experiencia de violencia obstétrica, y terminan optando por una partera. En su opinión, algunos integrantes de la comunidad médica se niegan a reconocer el dolor de las mujeres.
En sus recomendaciones, la propia CDHCM destaca el parto “humanizado” como un modelo de atención que pretende visibilizar las necesidades y valoraciones emocionales de las mujeres y familias, teniendo como finalidad principal que vivan una experiencia en condiciones de dignidad y reconociéndoles su calidad protagónica. El organismo agrega que es posible entenderlo como una convergencia entre el conocimiento y la práctica milenaria.
Así es también para Juana Antonio, que al mismo tiempo cuestiona de qué manera pueden llegar a entender los varones el dolor del parto, que nunca han vivido: “Es bien difícil de entender y de comprender, ¿por qué? ¿porque están en una institución? ¿porque portan un uniforme? Eso es lo que muchas veces yo no entiendo”.
Ella misma llegó a portar ese uniforme como enfermera auxiliar durante 26 años, de los 47 que ha dedicado a la partería tradicional. Sin embargo, no por ello ofrecía un servicio con menos cuidado o cariño, dándole a las pacientes las facilidades necesarias. “No tenemos por qué corretearlas”, dice. Juana cree que si el médico se lo propone y realmente quiere llevarlo a la práctica, sí puede llegar a proveer un parto realmente humanizado.
“Reconocimiento para mí sería que no nos vean como una competencia, porque no lo somos. El médico es médico, y nunca dejará de serlo, por algo estudió. Nosotras como parteras lo aprendimos, eso viene de años y antes era hasta más drástico para la partera, porque la mujer tenía que parir siempre de manera normal, y más cuando las comunidades están muy lejos. Para sacar a sus pacientes, muchas veces les ganó en el camino”, relata.
Ella, en cambio, nunca se ha enfrentado a la necesidad de trasladar a una paciente. Recuerda solo el caso de un recién nacido cuya nutrición debía ser atendida, y aún así el personal médico la insultó por haberlo recibido sin una incubadora. Hoy es un niño sano.
Juana ha complementado su formación con una médica, con la que colaboró durante 8 años, y hoy, aunque exista la preeminencia de la medicina hospitalaria, está convencida de que nunca dejará de hacer lo que hace, solo por la satisfacción de ver nacer a un bebé frente a la decisión autónoma de su madre.
