Ordena TEPJF investigar a corcholatas

Otilia Carvajal

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó investigar nuevamente las declaraciones de las corcholatas de Morena en un mitin en Toluca, Estado de México, el año pasado, para determinar si existieron actos anticipados de campaña y vulneración al principio de imparcialidad.

La Sala Especializada del TEPJF había declarado la inexistencia de estas infracciones; sin embargo, aprobó por unanimidad que se realice un nuevo análisis del caso.

Lo anterior ocurrió al considerar que "se requirió de elementos adicionales no previstos por la normativa o doctrina jurisprudencial de la Sala Superior, por lo que deberá analizar nuevamente las expresiones denunciadas".

La denuncia se realizó contra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el canciller Marcelo Ebrard por su participación en un evento en Toluca, Estado de México, el 12 de junio de 2022.

El evento se realizó en el marco del arranque de los procesos electorales en Coahuila y Estado de México, previamente a la definición de los candidatos a la gubernatura.

En su análisis, la Sala Especializada determinó que las expresiones de las corcholatas pudieron trascender a la ciudadanía, ya que se realizaron en la explanada del Teatro Morelos en Toluca, Estado de México, y se difundieron en redes sociales.

No obstante, señaló que no se acreditó una sistematicidad, por lo que no existen elementos suficientes para afirmar que el evento forme parte de una estrategia de promoción anticipada a partir de una planificación coordinada, con objetivos claros y predefinidos.

Admiten queja contra el secretario Adán Augusto

La Sala Superior del TEPJF ordenó al INE admitir una queja contra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por presuntamente buscar posicionarse de cara a la elección presidencial de 2024.

El secretario de Gobernación fue denunciado por la distribución física y digital del periódico A gusto del pueblo, que en opinión del denunciante constituye una "estrategia encubierta de marketing político" previa al proceso electoral federal.

Sin embargo, el INE desechó la denuncia al considerar que fue un ejercicio legítimo de libre expresión.