El candidato opositor Edmundo González Urrutia no contempla bajo ningún punto de vista solicitar refugio en una residencia diplomática extranjera en Caracas ni abandonar Venezuela tras la orden de arresto emitida en su contra por la dictadura de Nicolás Maduro ayer, ya que esto implicaría darle la espalda a los venezolanos que lo eligieron por amplia mayoría en las urnas el pasado 28 de julio para ser el nuevo presidente del país.

Así lo confirmó en conversación con LA NACION su abogado José Vicente Haro, quien ofrece al exdiplomático venezolano asesoría jurídica desde que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) comenzó un proceso en su contra tras las elecciones presidenciales, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro en un proceso que no cumplió con los estándares democráticos y que fueron denunciadas por fraudulentas por la oposición, observadores independientes y gran parte de la comunidad internacional.

“En modo alguno Edmundo González Urrutia contempla esta posibilidad: ni irse de Venezuela, ni pedir asilo, ni refugiarse en una embajada en calidad de huésped. Son alternativas que él no considera que se corresponden con la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio con motivo de las elecciones presidenciales”, indicó Haro en diálogo telefónico a este medio.

El aspirante presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), bajo el liderazgo de María Corina Machado, se encuentra bajo resguardo en paradero desconocido, aunque “debe cambiar de lugar, como una situación propia de alguien que está en medio de una persecución política”, indicó su abogado, quien señaló que su cliente abandonó su hogar en la capital venezolana de forma “permanente” para asegurar “el bienestar suyo y el de su familia”.

“No está planteado que regrese a su casa porque corre peligro su vida, su seguridad y su integridad física”, señaló Haro, que por el contrario sí se encuentra actualmente en la propiedad de González Urrutia prestando asistencia a la esposa del candidato, Mercedes López, de 75 años. “Estoy aquí con ella acompañando en caso de que llegue alguna autoridad a ejecutar una orden judicial, que hasta ahora mismo no ha sucedido, con el objeto de ejecutar una aprehensión sobre la persona de González Urrutia”, explicó.

El letrado puntualizó que considera “muy probable” que las fuerzas de seguridad chavistas allanen la vivienda de González Urrutia. En ese caso, tanto él como la esposa del candidato prestarán “la colaboración correspondiente”, dijo. “Y, lo más importante, estaremos pendientes de que se garantice la libertad, la vida y la seguridad de la esposa de Edmundo González Urrutia”, añadió.

A pesar de las horas de tensión que viven González Urrutia y su familia, el candidato “está muy bien, se mantiene firme, con carácter fuerte, muy esperanzado y trabajando en lo que corresponde”, que es mantener el contacto con la comunidad para reforzar su apoyo y comunicarse por medio de las redes sociales con los venezolanos “cuando es necesario y pertinente emitir comunicados”, dijo su abogado.

La esposa del exembajador también “ha mantenido una fuerza, el coraje y una valentía admirable, mientras espera tranquila en su hogar a que todo esto pase, aunque está cansada de toda esta situación porque no es agradable tener todas estas amenazas y hostigamiento de funcionarios del Estado”, agregó Haro.

A la espera de funcionarios

La fiscalía de Venezuela emitió el lunes por la noche una orden de aprehensión contra González Urrutia después de que el aspirante se ausentara a tres citaciones para declarar en la causa abierta en su contra por la publicación de las actas de escrutinio recopiladas por la oposición en el sitio web “Resultados Venezuela”, en el que afirman está evidenciado el triunfo abrumador de su candidato frente a Maduro. La decisión del ente judicial venezolano fue rechazada por varios países de América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea.

La solicitud de arresto, firmada por el fiscal Luis Ernesto Dueñez Reyes, fue publicada en redes sociales por el Ministerio Público de Venezuela, pero aún no ha sido enviada a los representantes legales de González Urrutia. “Ya teníamos información de que eso estaba en camino, pero no lo hemos recibido, la conocemos por las redes sociales, que es de lo más extraño”, aseveró su abogado.

“Hemos estado aquí en la residencia a la espera de que lleguen los funcionarios por si quieren ejecutar la diligencia para tratar de ubicarlo a él, para brindarle la información correspondiente... pero conocemos la información que todo el mundo conoce a través de un comunicado en redes sociales porque nunca recibimos notificación ni nada”.

“No me sorprende”, expresó Haro sobre el inusual camino elegido por el Ministerio Público venezolano. “Como ya lo ha dicho el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el problema de la institucionalidad alcanza lamentablemente al Poder Judicial y no está garantizada ni su independencia ni de las instituciones claves de la Justicia. Pero estamos atentos y siguiendo los parámetros que tengo que seguir como abogado para colaborar con las autoridades”.

El pedido formal publicado por la fiscalía enlista una serie de delitos por los que se lo acusa a González Urrutia, como usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, daños a sistemas y asociación (vinculada a la delincuencia organizada). Todos estas supuestas faltas están asociadas a la publicación de las actas de escrutinio, “que de conformidad con la reglamentación electoral son documentos lícitos que obtuvieron los testigos acreditados del CNE”, dijo Haro.

“Se le pretende atribuir a González Urrutia el haber resguardado, trasladado, digitalizado y subido esto a la página web, incluso haber comprado el dominio y el host de esa página web. Y yo te puedo decir, y así lo dijo el jueves de la semana pasada el PUD, que él no tuvo nada que ver con toda la digitalización, el resguardo, custodia y subir a esa página web las actas. Eso fue una acción voluntaria de los testigos electorales legalmente acreditados por el CNE”, señaló el abogado.

Además, el letrado agregó que estas acciones no constituyen un delito en el código penal y que, de hecho, en las elecciones presidenciales de 2013 el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela hizo el mismo proceso de publicación de actas en internet.

“Me llama la atención como abogado que jurídicamente se le quiera atribuir cargos delictivos a mi representado por un hecho que no tiene carácter penal, no está establecido como delito en ley alguna, ni en modo alguno está previsto sanción administrativa, y además con lo que él no tuvo nada que ver desde el punto de vista material”, señaló.

Tal como dijo en declaraciones anteriores Machado, al momento no se produjo “en absoluto” ningún tipo de negociación con el régimen de Maduro, y la oposición se mantiene firme en “el llamado al encuentro de los venezolanos de manera de poder establecer puentes para que de alguna forma estos debates se resuelvan por una vía consensuada, negociada y dialogada a través de la fórmula que se ha ofrecido de la verificación independiente de los resultados electorales”, dijo Haro.

El abogado insistió en la presión de la comunidad internacional para que se ofrezcan garantías para la verificación de las actas de los resultados electorales a través de un grupo independiente de expertos. “Ahora lo importante es resolver la situación política en especial por la incertidumbre que creó en todos los venezolanos, para tener un panorama del país especialmente en el futuro”, indicó.