Opinión: ¿Podría repetirse la controversia Bush contra Gore?

LOS ESCENARIOS QUE ME QUITAN EL SUEÑO.

Esta no es una columna sobre un caso pendiente en la Corte Suprema… todavía.

Tiene que ver con los escenarios de pesadilla en torno a la elección presidencial y sus secuelas que posiblemente podrían impulsar un caso en ese recinto. Esos escenarios se contemplan y se escribe sobre ellos con creciente urgencia a medida que el presidente Donald Trump aumenta sus predicciones de fraude electoral y prepara el terreno para impugnar la legitimidad de unas elecciones que, al menos en este momento, parece probable que pierda.

Tratar de ahuyentar tales pensamientos de mi mente solo parece magnificar una creciente ansiedad en el aire a la que hace poco le añadí un diagnóstico: el síndrome postraumático Bush contra Gore.

Cualquiera que haya vivido el desenlace de las elecciones presidenciales del año 2000 entenderá a lo que me refiero; es difícil creer que toda una generación haya alcanzado la mayoría de edad sin recordar personalmente lo que ocurrió esa fría noche de diciembre de hace casi 20 años, cuando una mayoría de cinco magistrados le entregó la presidencia a George W. Bush. Yo estaba allí en la sala de prensa de la Corte Suprema el 12 de diciembre de 2000, mientras el reloj se acercaba a la medianoche y el país contenía la respiración para ver qué sería de los 25 votos electorales de Florida determinantes de los resultados.

En la sala de prensa, dimos por hecho que los magistrados, que habían escuchado los argumentos sobre la controvertida elección de Florida apenas un día antes, habían votado y tenían la intención de emitir su dictamen esa noche, a tiempo para cumplir el plazo reglamentario de “puerto seguro” para que un estado inmunice de la impugnación en el Congreso los resultados de su votación electoral. Con los votos de seis millones de floridanos, George W. Bush estaba delante de Al Gore por 537 votos. El dictamen podía llegar en cualquier momento, así que nadie se atrevía a salir de la pequeña habitación. Se llenó tanto de periodistas y equipos de televisión de todo el mundo que mi temor más apremiante era que el espacio cerrado se quedara sin oxígeno y todos nos asfixiáramos.

Y entonces se acabó. A las diez en punto, con una opinión sin firmar y apenas razonada emitida con base en cuatro disentimientos firmados, el tribunal prohibió todo conteo posterior. Los magistrados habían abandonado el edificio. Todo lo que el público vio esa noche fue a los corresponsales de televisión, tapados de pies a cabeza para protegerse del viento en la plaza de la Corte Suprema, pasando las páginas frenéticamente para tratar de discernir qué decirle a su audiencia.

¿Podría ocurrir algo así otra vez?

Hace dos semanas, Slate pidió a diez expertos en derecho electoral y constitucional que describieran el escenario que “les quita el sueño”. La mayor parte de lo que describieron no podría involucrar de manera plausible a la Corte Suprema, ¿o sí? Por ejemplo, el profesor Bruce Ackerman de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale conjuró un colapso en el que la elección se lanza al Congreso y el vicepresidente Mike Pence, como presidente del Senado, y Nancy Pelosi, como presidenta de la Cámara de Representantes, no pueden ponerse de acuerdo sobre cómo proceder y hay violencia en las calles mientras amanece el día de la toma de protesta presidencial sin un presidente acordado. Pareciera que la Ley de Sucesión Presidencial convierte a Pelosi en presidenta en tales circunstancias. ¿Se sentiría la Corte Suprema motivada a declararla como tal?

O supongamos, como Daniel Carpenter del Instituto Radcliffe de Estudios Avanzados de la Universidad de Harvard sugiere en el artículo de Slate, que las legislaturas lideradas por los republicanos en estados potencialmente determinantes acepten la afirmación de fraude del presidente y se nieguen a certificar una clara victoria de Biden. Algunos de esos estados tienen gobernadores o secretarios de estado demócratas. ¿Qué pasa si unos tratan de bloquear la planilla de electores de los otros?

El pronóstico distópico más desarrollado es un libro recientemente publicado por Lawrence Douglas, catedrático del Amherst College. El libro, que se titula “Will He Go? Trump and the Looming Election Meltdown in 2020”, es más aterrador no por la fértil imaginación de su autor sobre lo que podría suceder, sino más bien por su relato de las pocas garantías reales que se interponen entre el orden y el caos. “Nada obligaba a Gore a conceder la victoria”, escribe el profesor Douglas sobre la rápida aceptación del candidato perdedor de la decisión de la Corte Suprema. “La forma de actuar de Gore nos recuerda una verdad esencial: nuestra Constitución no asegura la transición pacífica del poder, sino que la presupone”.

Y el derecho estatutario no es mucho más útil que la Constitución, señala el profesor Douglas. Por ejemplo, la Ley de Recuento Electoral de 1887, que el Congreso promulgó para evitar otra crisis como la debacle de Hayes-Tilden de 1876, no especifica lo que realmente sucedería si se enviara una elección al Congreso en medio de una controversia sobre qué electores representan el voto de un estado.

La ley dice a la letra: “Si el presidente del Senado ha recibido más de una devolución o papel que pretenda ser una devolución de un estado, se contarán aquellos votos, y solo aquellos, que se hayan dado regularmente”. ¿Que se hallan dado regularmente? Si la regularidad fuera clara, lo más probable es que la elección no hubiera terminado en el Congreso en primer lugar.

En mi observación: “¿qué te quita el sueño?” se ha convertido en una pregunta casi tan estándar como solía ser “¿cómo va todo?”. El otro día le hice esa pregunta a Gary Hart, quien fue senador demócrata de Colorado. Junto con su compañero demócrata Timothy Wirth, también exsenador de Colorado, él y una docena de otros ciudadanos preocupados y políticamente astutos formaron recientemente una organización bipartidista que llamaron Keep Our Republic (mantengamos nuestra república). Su misión es educar al público, ahora principalmente a través de artículos de opinión, sobre las actuales amenazas a la democracia.

La posibilidad de un colapso electoral es solo una de las preocupaciones de la organización, y no necesariamente la principal. “Las facultades secretas del presidente”, fue la respuesta de Gary Hart a mi pregunta. Él me señaló el trabajo de Elizabeth Goitein, una académica del Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York. Desde años antes del gobierno de Trump (no se trata de un tema partidista), la académica ha estudiado el fenómeno de los

“documentos de acción de emergencia”

El texto de estos documentos, numerados entre 50 y 60 según los cálculos de Goitein, nunca se ha publicado y obviamente nunca se han invocado las facultades que los documentos pretenden otorgar al presidente. Se cree que autorizan acciones tan drásticas como la suspensión presidencial del “habeas corpus”, los cacheos sin orden judicial y la imposición de la ley marcial. El grupo Keep Our Republic quiere que las audiencias del Congreso pongan de relieve la existencia de este archivo, si no es que todos sus secretos específicos.

Algo más de lo que preocuparse, seguro. Pero es Bush contra Gore lo que me persigue. Tengo un espacio lleno de libros sobre el caso, en una repisa alta, así no me arriesgo a verlos por casualidad. Busqué algunos de esos libros mientras escribía esto, solo para corroborar las fechas y los hechos. Hasta los recuerdos mejor conservados pueden escapársenos.

De los actuales magistrados de la Corte Suprema, solo tres estuvieron en el tribunal máximo el año 2000: Clarence Thomas, Ruth Bader Ginsburg y Stephen Breyer. Sin embargo, los otros seis ya eran adultos hace 20 años. Ellos también tienen recuerdos. Pero, ¿tienen pesadillas?

This article originally appeared in The New York Times.

© 2020 The New York Times Company