Opinión: El costo humano de tu plátano del desayuno

EN JUNIO, UN JURADO DE FLORIDA DECLARÓ A CHIQUITA BRANDS RESPONSABLE DE LA MUERTE DE OCHO HOMBRES ASESINADOS POR UN GRUPO PARAMILITAR COLOMBIANO QUE LA EMPRESA FINANCIÓ.

Aunque varios periodistas de El Espectador fueron asesinados en las décadas de 1980 y 1990, muchos reporteros jóvenes aspiraban a ser parte del equipo del histórico periódico colombiano de finales del siglo XX. Me encantaba trabajar allí, a pesar de los riesgos. Después de que el Cartel de Medellín bombardeó nuestra sede, mis colegas y yo rescatamos de entre los escombros el escritorio en el que Gabriel García Márquez escribió sus primeros cuentos para el periódico.

Soñábamos que, desde aquel escritorio vacío, un García Márquez invisible nos instaba a seguir escribiendo historias que sacaran a la luz las injusticias en Colombia. En 1998, cuando The Cincinnati Enquirer informó que la empresa bananera estadounidense Chiquita Brands había sobornado a funcionarios colombianos para obtener una licencia de uso de una instalación portuaria de carga en Turbo, Urabá, una ciudad de la costa colombiana, empecé a investigar a la empresa como si García Márquez en persona me hubiera dado el encargo.

Chiquita negó las acusaciones del reportaje de 1998 en el Enquirer. Después, el periódico se disculpó públicamente y abandonó la investigación después de que se supo que un reportero mintió sobre las fuentes y obtuvo grabaciones de mensajes de voz de manera ilegal. Pero en El Espectador pensamos que The Enquirer tenía algo entre manos. Publicamos las acusaciones, señalando que el periódico se había retractado del artículo y que el reportero de la historia estaba siendo investigado por la policía de Ohio. Y durante años, incluso después de irme de El Espectador para trabajar en “Noticias Uno”, un programa informativo nocturno, seguí investigando a la empresa. En 2002, después de hablar con la policía nicaragüense y con autoridades militares, así como con la policía de Panamá, informé que 3000 armas para las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar de derecha conocido como las AUC, habían llegado al puerto de Urabá procedentes de Nicaragua, y que, al parecer, Chiquita había tenido conocimiento de que el grupo paramilitar estaba utilizando sus instalaciones para recibir armas.

Ahora, me gusta pensar que García Márquez habría sonreído ante el resultado de una demanda contra Chiquita en Florida. En junio, un jurado declaró a Chiquita responsable de la muerte de ocho hombres asesinados por las AUC, que Chiquita ayudó a financiar (diecisiete años antes, el Departamento de Justicia concluyó que Chiquita le pagó al grupo paramilitar más de 1,7 millones de dólares entre 1997 y 2004). Se ordenó a la empresa pagar 38,3 millones de dólares por daños y perjuicios a las familias de los hombres. Era la primera vez que Chiquita respondía por sus actos en Latinoamérica. Un portavoz de Chiquita, en respuesta a preguntas relacionadas con este artículo, dijo que los pagos de la empresa a las AUC se hicieron bajo coacción y que está apelando el veredicto.

Desde hace tiempo, el mundo sabe que algo anda mal con el negocio bananero. En Colombia, “Noticias Uno” ha investigado la asociación de Chiquita con las AUC desde principios de esta década. Y aunque la relación ha estado bajo escrutinio jurídico en Estados Unidos, Chiquita todavía tiene que enfrentarse a la justicia en Colombia. El caso de Florida planteó cuestiones éticas ignoradas durante mucho tiempo en ambos países sobre el verdadero costo de una de las frutas más baratas de los supermercados estadounidenses. Todos deberíamos preguntarnos: ¿Cuánto derramamiento de sangre hay detrás de los plátanos que desayunamos?

En la región de Urabá ese costo ha sido demasiado alto. Chiquita se instaló allí, donde la tierra para cultivar este fruto era barata, pero, según declaraciones de la empresa, se vio obligada a pagar a las AUC a través de su filial en Colombia para operar con seguridad. En el siglo XX, la pudrición por Fusarium, un hongo mortal también conocido como enfermedad de Panamá, destruyó los cultivos de banano en algunas partes del Caribe y Centroamérica, pero no en Colombia. Luego, en 1998, algunas de las operaciones bananeras de Chiquita en Honduras y Guatemala sufrieron daños debido a un huracán, lo que costó a la empresa 74 millones de dólares. Chiquita, al parecer, aceptó que pagar a los paramilitares era el precio de hacer negocios en Colombia.

Pero la empresa estaba haciendo negocios con criminales. En la masacre Saiza de 1999, las AUC incendiaron la mayoría de las casas del pueblo de Urabá y mataron a varias personas. Los paramilitares expulsaron a todos los habitantes de Saiza, amenazándolos con matarlos si no se marchaban. Los asesinatos de las AUC continuaron durante la década de 2000. Las viudas y los huérfanos de las víctimas me contaron que un subgrupo de las AUC conocido como el Bloque Bananero participaba extraoficialmente en la operación bananera, aplazando las demandas sindicales y obteniendo nuevas tierras para las plantaciones matando y expulsando a la gente de Urabá. Más de 100.000 personas fueron desplazadas de la región entre 1995 y 2006. Fui testigo de primera mano de cómo los residentes luchaban porque se hiciera justicia por estos crímenes.

En 2001, Estados Unidos designó a las AUC como organización terrorista extranjera. Los directivos de Chiquita no tuvieron conocimiento de ese estatus sino hasta febrero de 2003. En abril de ese año, Chiquita admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que había pagado a las AUC, y que había seguido pagando al grupo paramilitar incluso después de su designación como organización terrorista extranjera. Chiquita declaró al Departamento de Justicia que se vio obligada a pagar al grupo paramilitar por el peligro que representaba; los dirigentes de las AUC afirmaron en una entrevista años después que Chiquita los financiaba voluntariamente. En 2004, Chiquita vendió sus operaciones en Colombia a Invesmar Ltd., el consorcio de la empresa Banacol, con sede en Colombia, que presuntamente producía plátanos en condiciones similares.

La confesión de Chiquita motivó al Departamento de Justicia a abrir una investigación sobre la empresa. En 2007, tres años después de salir del negocio bananero en Colombia, Chiquita se declaró culpable en Estados Unidos del delito de llevar a cabo transacciones con una organización terrorista global especialmente designada. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Chiquita pagó una multa penal de 25 millones de dólares al gobierno por sus vínculos con los paramilitares. Antes de la audiencia de sentencia, el Departamento de Justicia informó a los abogados de Chiquita de que no procesaría a los empleados de la empresa relacionados con la investigación.

Tras el acuerdo, Mario Iguarán, entonces fiscal general de Colombia, declaró que los ejecutivos de Chiquita tenían que ser extraditados a Colombia, y que la multa de 25 millones de dólares debía enviarse a Colombia como reparación del daño para las víctimas de las AUC. Pero ese y otros intentos de exigir a Chiquita que rinda cuentas ante la justicia colombiana no han llegado a ninguna parte o se han estancado. En 2008, la Fiscalía General de la Nación acusó a diez ejecutivos de Chiquita por sus actos relacionados con las AUC. Entre los delitos imputados están la organización delictuosa para cometer delitos agravados mediante el financiamiento, la promoción y la organización ilegal de grupos armados. En 2019, 11 años después, comenzó el juicio. Y ahora está avanzando. Las audiencias comenzarán hasta noviembre.

Animados por la victoria del Departamento de Justicia contra Chiquita, las víctimas y sobrevivientes de las AUC en Colombia han llevado sus denuncias a Estados Unidos. En la actualidad hay más de 4000 familiares de víctimas de la violencia de las AUC que reclaman reparaciones a Chiquita en Estados Unidos. La sentencia histórica de junio es uno de esos casos, que puede sentar un precedente importante para otros demandantes.

Chiquita ha dicho que apelará la sentencia; un segundo juicio que debía comenzar el mes pasado quedó en suspenso mientras se tramita el recurso. “Durante el juicio civil reciente en Florida, Chiquita presentó pruebas contundentes de que fue extorsionada para poder operar”, dijo un vocero a The Times. “Estos pagos se hicieron bajo coerción y amenaza de violencia”. La empresa no admitió haber ayudado al tráfico de armas de las AUC, ni en el momento de mi reportaje ni en su declaración de 2007. La empresa declinó hacer comentarios sobre esas acusaciones, la violencia que, según las víctimas, el Bloque Bananero de las AUC desató en su comunidad y los cargos a los que se enfrenta en Colombia.

En Colombia, el veredicto de Florida ha dado lugar a nuevas preguntas sobre por qué el sistema de justicia del país no ha hecho a Chiquita rendir cuentas. También hizo que el presidente Gustavo Petro escribiera en X: “¿Por qué la justicia de EEUU pudo determinar en verdad judicial que Chiquita Brands financió el paramilitarismo en Urabá? ¿Por qué no pudo la justicia colombiana?”. Desde que Chiquita admitió haber hecho pagos a las AUC en 2003, Colombia ha visto pasar tres presidentes y once fiscales generales y todos desaprovecharon la oportunidad de llevar a la empresa ante la justicia. Mientras tanto, los plátanos de Urabá siguen vendiéndose en todo el mundo, cultivados en las mismas tierras que fueron aterrorizadas por las AUC.

El mes pasado visité El Espectador tras el fallo del jurado estadounidense. Recordé con sus nuevos empleados cómo el periódico denunció en su día las irregularidades de Chiquita. El escritorio de García Márquez ya no está, pero ya no es necesario que nos impulse a contar esta historia. Cada año, cientos de millones de personas en todo el mundo consumen plátanos, una fruta rica en vitaminas y minerales. Pero esto es lo que el consumidor promedio debería saber: cada bocado contiene una gota de la sangrienta historia de la industria bananera.

Este artículo apareció originalmente en The New York Times.

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