Operativo en Mar-a-Lago: por qué allanaron la mansión de Donald Trump, la reacción del expresidente y qué castigo podría enfrentar

PALM BEACH.– La residencia de Donald Trump en Florida, la mansión palaciega Mar-a-Lago del expresidente y su familia, fue allanada por el FBI la noche del lunes. La “noticia bomba” la dio el propio magnate en declaraciones a CNN, en las que definió el allanamiento como un ataque político contra su candidatura a las elecciones de 2024.

Hasta el momento, el hecho no fue confirmado por el Departamento de Justicia o la agencia. ¿Qué se sabe hasta el momento sobre el allanamiento y la investigación que tiene como centro al expresidente de Estados Unidos?

¿Qué buscaba el FBI?

El FBI ha entrado este lunes a registrar la mansión del expresidente estadounidense Donald Trump en el resort Mar-a-Lago en Florida para investigar el posible mal manejo de documentos clasificados.

Una persona familiarizada con la investigación consultada por The Washington Post aseguró que los agentes estarían realizando una búsqueda autorizada por un tribunal en relación a la causa abierta contra el exmandatario por llevarse a su residencia documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca.

Los agentes del FBI obtuvieron la orden de registro de un juez federal en West Palm Beach para recoger docenas de cajas que contenían supuesto material clasificado. Las autoridades tenían una causa probable para el registro porque en enero, la Administración Nacional de Archivos y Registros recuperó tras dos meses 15 cajas de documentos y otros artículos de la residencia Mar-a-Lago que, según los funcionarios del ente, deberían haber sido entregados cuando Trump dejó la Casa Blanca.

La actuación del expresidente en relación a estos archivos generó dudas sobre si habría violado la Ley de Registros Presidenciales, que requiere la conservación de memorandos, cartas, notas, correos electrónicos, faxes y otras comunicaciones escritas relacionadas con los deberes oficiales de un presidente, según el citado diario.

¿Qué dijo Trump?

El expresidente de Estados Unidos calificó el allanamiento como un acto de “mala conducta procesal”.

”Estos son tiempos oscuros para nuestra Nación, ya que mi hermosa casa, Mar-A-Lago en Palm Beach, Florida, está actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI”, dijo en un comunicado publicado en su red social Truth.

Imágenes áreas mostraron autos policiales fuera de la propiedad. Simpatizantes del exgobernante también se congregaron en el sitio ondeando afiches y banderas de Estados Unidos con el rostro de Trump.

Algunos legisladores republicanos usaron redes sociales para criticar el allanamiento y acusaron al Departamento de Justicia de excederse.

”Es una mala conducta procesal”, indicó el exmandatario y la consideró “un ataque de los demócratas de la izquierda radical que desesperadamente no quieren que me postule a la presidencia en 2024″. Asimismo, ha acusado al Partido Demócrata de armar el “sistema de Justicia” en su contra. ”Nunca antes le había pasado algo así a un presidente de Estados Unidos. Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales relevantes, esta redada no anunciada en mi casa no es necesaria ni apropiada”, ha dicho en la misiva.

”Semejante asalto sólo podría ocurrir en países quebrados del Tercer Mundo. Lamentablemente, Estados Unidos se ha convertido en uno de esos países”, siguió.

”¡Incluso entraron en mi caja fuerte!”, aseguró Trump quien según el diario The New York Times no estaba en el lugar.

¿Qué es Mar-a-Lago?

Mar-a-Lago es uno de resorts más exclusivos de Palm Beach, además de un hito histórico nacional y la segunda mansión más grande de Florida. Fue construido entre 1924 y 1927 y en enero de 1969 fue designada como un sitio histórico nacional por el Departamento de Interior. La propiedad comprende un total de ocho hectáreas y se calcula que actualmente la residencia del expresidente está ubicada en la parcela más valorada de todo el estado, según señala la página web de la mansión.

La propiedad fue adquirida por Trump en 1985 por aproximadamente 10 millones de dólares y fue usada como su residencia privada hasta 1995. En abril de ese año la mansión se convirtió en un club. Sin embargo, una parte de la propiedad quedó reservada para uso personal de la familia Trump. A pesar de estos cambios y de las múltiples remodelaciones realizadas por Trump, la mansión no ha perdido su esencia, ya que se trata de la última propiedad de Palm Beach que aún mantiene sus edificios y terrenos casi iguales a como fueron concebidos originalmente.

¿Qué le puede pasar a Trump?

El registro centró la atención en una ley penal que prohíbe la retirada de archivos oficiales.

Las penas por infringir esa ley incluyen la inhabilitación para ocupar cualquier cargo federal. Dado que se cree que Trump se está preparando para presentarse de nuevo a la presidencia en 2024, esa inusual sanción planteó la posibilidad de que se le impida volver a la Casa Blanca legalmente.

En concreto, la ley en cuestión —la Sección 2071 del Título 18 del Código de los Estados Unidos— tipifica como delito que alguien que tenga la custodia de documentos o registros gubernamentales “oculte, elimine, mutile, borre, falsifique o destruya” dichos documentos de forma voluntaria e ilegal.

De ser declarados culpables, los acusados incluso pueden ser multados o condenados a prisión por un máximo de tres años. Además, el estatuto dice que, si están actualmente en un cargo federal, “perderán” ese cargo, y serán “inhabilitados para ocupar cualquier cargo bajo los Estados Unidos”.

A primera vista, si Trump fuera acusado y condenado por eliminar, ocultar o destruir registros gubernamentales en virtud de esa ley, no podría volver a ser presidente. Pero hay motivos para la cautela: la ley estuvo bajo escrutinio después de que saliera a la luz que Hillary Clinton había utilizado un servidor de correo electrónico privado para llevar a cabo asuntos gubernamentales mientras era secretaria de Estado.

Algunos republicanos estuvieron brevemente fascinados con la posibilidad de que dicha ley pudiera mantener a Clinton fuera de la carrera presidencial en 2016. Pero al considerar esa situación, varios juristas —entre ellos Seth B. Tillman, de la Universidad de Maynouth, en Irlanda, y Eugene Volokh, de la Universidad de California, en Los Ángeles— señalaron que la Constitución establece los criterios de elegibilidad para quien puede ser presidente, y argumentaron que las sentencias del Tribunal Supremo sugieren que el Congreso no puede alterarlos. La Constitución permite al Congreso inhabilitar a las personas para ocupar el cargo en los procedimientos de destitución, pero no otorga tal poder para el derecho penal ordinario.

El lunes, una de las voces más prominentes que apuntaban a la Sección 2071, el abogado demócrata Marc Elias —que sirvió como consejero general de la campaña de Clinton— citó inicialmente la disposición de descalificación de la ley en un post de Twitter como “la razón realmente, realmente grande por la que la redada de hoy es un potencial éxito de taquilla en la política estadounidense”.

Siguió con otra publicación en Twitter en la que reconocía que cualquier condena en virtud de la Sección 2071 podría no impedir en última instancia que Trump volviera a aspirar a la presidencia, pero argumentó que una lucha legal al respecto seguiría siendo importante.

“Sí, reconozco el desafío legal que la aplicación de esta ley a un presidente podría cosechar (ya que las calificaciones se establecen en la Constitución)”, escribió. “Pero la idea de que un candidato tenga que litigar esto durante una campaña es, en mi opinión, un ‘éxito de taquilla en la política estadounidense’”.

Otra investigación que involucra a Trump

Por otro lado, una comisión de la Cámara de Representantes investiga la eventual responsabilidad de quienes podrían haber instigado el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, incluido el entonces presidente Trump y su entorno.

El panel, de siete miembros demócratas y dos republicanos de la Cámara de Representantes, ha estado investigando el ataque durante el último año, entrevistando a más de 1000 testigos y acumulando decenas de miles de documentos.

En julio se celebró una serie de ocho audiencias sobre el asalto al Capitolio y en septiembre se iniciará otra ronda mientras la investigación continúa.

El Departamento de Justicia estadounidense también está investigando el ataque. Pero el fiscal general Merrick Garland aún no ha señalado a ningún culpable. ”Tenemos que hacer rendir cuentas a todas las personas que sean penalmente responsables de intentar anular unas elecciones legítimas”, dijo recientemente, subrayando que “ninguna persona está por encima de la ley”.

Aunque el Departamento de Justicia ha observado con interés cómo cada una de las ocho sesiones ha revelado nueva información que podría figurar en un posible proceso judicial contra el expresidente, Trump ya fue absuelto una vez de un juicio político por presuntamente incitar una insurrección contra la democracia de Estados Unidos.

Desde que tomó su último vuelo del Air Force One de Washington a Florida el 20 de enero del año pasado, Trump sigue siendo la figura más polarizante del país, continuando su campaña sin precedentes para sembrar la falsedad de que realmente ganó las elecciones de 2020.

Agencias AFP, AP, ANSA y Reuters