ONU: reforma judicial podría abría puerta a criminales
CIUDAD DE MÉXICO, enero 8 (EL UNIVERSAL).- Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU para la Independencia de los Jueces y Abogados, aseguró que el problema de la reforma judicial es básico, no garantiza la independencia del Poder Judicial de la Federación, y subrayó que sin regulaciones sobre la conducta de las campañas y una transparencia adecuada, abren la puerta a la influencia indebida de las élites políticas y económicas o peor aún, al crimen organizado.
En un artículo que escribió para la plataforma Open Global Rights, Satterthwaite señaló que la reforma judicial introducida por el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y aprobada en septiembre de 2024, suscita gran preocupación nacional e internacional.
"Lejos de ganarse elogios internacionales, las elecciones judiciales han suscitado críticas del Comité de Derechos Humanos, y el mandato del relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados ha expresado preocupaciones sobre las elecciones judiciales, abogando por métodos diseñados para garantizar que la selección judicial se base en la excelencia profesional y el mérito", dijo.
Expresó que la independencia judicial es esencial para la gobernabilidad democrática, ya que controla los excesos de otros poderes del gobierno y garantiza que nadie, por poderoso que sea, esté por encima de la ley: "Desmantelarla es un golpe a las protecciones de los derechos humanos a las que tienen derecho todos los mexicanos conforme al derecho internacional", precisó.
Indicó que uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es el paso de los nombramientos judiciales basados en el mérito a la elección popular de los jueces, incluidos los tribunales superiores. Esto marca un cambio notable con respecto al sistema construido en las últimas décadas para garantizar que se nombrara a los candidatos más calificados, abundó.
En ese sistema, hoy descartado, agregó, los candidatos judiciales eran evaluados con rigurosos exámenes escritos y orales que ponían a prueba conocimiento de la jurisprudencia y derecho, así como su capacidad de razonamiento analítico.