Una ola de secuestros de empresarios generan temor y preocupación en Chile

SANTIAGO, Chile.- Rudy Basualdo, un empresario metalúrgico de 50 años, se sumó hace algunos días a una estadística que hoy desconcierta a los chilenos: en menos de una semana, se registraron tres secuestros de características extorsivas. Dos en el extremo norte del país y el otro en Rancagua, una ciudad ubicada a 80 kilómetros al sur de Santiago. En esa localidad, precisamente, Basualdo fue apresado por cinco sujetos que ingresaron con armas de fuego a su fábrica y lo confinaron hacia un lugar desconocido.

“Este hecho es sumamente grave, no hay casos semejantes en la zona”, alertó el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias. El empresario permaneció más de 40 horas en cautiverio y recuperó su libertad luego que su familia pagara una suma cercana a los 45 mil dólares.

Hubo momentos de tensión, de duras negociaciones, pero Basualdo apareció sano y salvo. En medio de la conmoción pública, las autoridades intensificaron la búsqueda y en tiempo récord arrestaron a los captores: un ciudadano colombiano y dos venezolanos, quienes ingresaron al país de manera irregular.

En lo que va de 2023, y según cifras de la policía, se han realizado 427 denuncias de secuestro, lo que significa un súbito aumento de casos de un delito del que los chilenos no están familiarizados. Junto con el trance que vivió Rudy Basualdo se conocieron detalles de los otros hechos.

En Iquique, y en menos de 24 horas, ocurrieron dos raptos utilizando el mismo modus operandi, con dos jóvenes como víctimas que regresaron a sus hogares tras el pago de un rescate. ¿Los autores? Cuatro ciudadanos venezolanos, hoy detenidos, y acusados de secuestro extorsivo y asociación criminal.

“El secuestro no es un delito que haya sido traído desde un planeta lejano […] pero probablemente está muy asociado al crimen organizado y a las bandas que están hoy día operando con mayor violencia”, reconoció el fiscal general, Ángel Valencia, apuntando de manera subterránea a la ola migratoria, a la llegada de bandas extranjeras como el Tren de Aragua y al hecho que desde 2017 el fenómeno se ha incrementado.

“Según un estudio preliminar de la División de Estudios, si en 2021 tuvimos 492 denuncias por secuestro, en 2022 hubo 826; es decir, pasamos de casi 500 a más de 800 denuncias en el contexto de un año”, añadió el fiscal.

Toda esa atmósfera negativa generó un llamado de atención de distintos estamentos de la sociedad chilena. El gobierno, además, fue duramente criticado por las declaraciones de la ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, que reconoció el pago de rescates.

“Fue parte de la negociación y es lo que se hace en estos casos”, señaló la secretaria de Estado. De inmediato cayeron las críticas: “Tohá les dice a los delincuentes del mundo ‘vengan a Chile a secuestrar. Aquí les pagamos’”, apuntó el diputado del partido opositor Evópoli Jorge Guzmán. “Dijimos, hace más de un año, que Chile mutó desde el delito común hacia el crimen organizado”, respondió el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Sin embargo, las críticas también afloraron desde un gremio que generalmente es renuente a opinar en otras materias alejadas de su radio de acción. Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la organización que agrupa a los empresarios más poderosos del país, calificó a la ola de secuestros como una “amenaza”.

“Sin seguridad nadie va a querer venir a hacer negocios a Chile. Esto pasa a constituirse también como una amenaza gravísima a la inversión y al desarrollo económico”, señaló el líder de los empresarios chilenos en entrevista con el sitio Emol, y haciendo eco de una preocupación que se ha expandido con los años.

“Los secuestros son una voz de alerta para todas las autoridades. Estos delitos son inaceptables, atentan contra la democracia y, por lo tanto, el combate a este tipo de delincuentes y estos tipos de delitos tiene que ser con la más potente fuerza. ¿Y si el día de mañana secuestran bajo estos mismos mecanismos a un juez de la Corte, a un ministro de Estado?”, cuestionó Mewes, cuyo emplazamiento activó casi de manera automática el reclamo de otras organizaciones.

“Estos desafortunados sucesos nos obligan como gremio a hacer un enérgico llamado a nuestras autoridades para que actúen de manera decidida y radical en la lucha contra el crimen organizado”, indicó un comunicado de la Asociación de Industria Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet).

Para Mario Herrera, director de la escuela de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, el fenómeno de igual modo debe separarse entre la percepción y la victimización.

“En Chile siempre esa relación ha sido desigual; es decir la percepción de delincuencia siempre ha sido mayor a la real tasa de delitos que se cometen. Ahora lo de los secuestros no es nuevo en Chile, pero sí el elemento distinto es que ahora tienen visibilidad en la opinión pública y que ocurran en tan poco tiempo también es llamativo”, aseguró el académico.

“Existe una asociación natural ahí que tiene que ver con el aumento de la inmigración legal e ilegal, y la llegada de nuevas formas de delito, como extorsión o secuestro, y que en Chile no se cometían porque tienen penas muy altas. Son delitos importados por así decirlo. En resumen, la percepción de la delincuencia ha aumentado de manera significativa, pero no al mismo ritmo que la tasa de delitos”, añadió Herrera.

De acuerdo a la BIPE Antisecuestros Metropolitana de la PDI, organismo a cargo de los casos de este tipo desde Talca a Arica, en lo que va de este 2023 se registraron 118 denuncias por secuestros, de los cuales 46 terminaron siendo casos reales de rapto.

“El país está enfrentando una crisis de seguridad que se manifiesta en distintos ámbitos, ya sea en el espacio público o en la connotación de los delitos. El gobierno ha debido enfrentar un alza en los secuestros, lo que también es complicado sobremanera porque no existe la capacidad técnica o legislativa para enfrentar este tipo de delitos”, dijo a LA NACION Raúl Burgos, director ejecutivo del Observatorio Historia Política de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

“Ahora este tipo se situaciones serán cada vez más frecuentes por la articulación de las bandas y también en el crecimiento del narcotráfico. Es un contexto nuevo para Chile, pero que para otros países ya es parte de la cultura delictiva. La élite chilena ya manifestó su preocupación porque podrían sufrir este tipo de delitos y eso aquí es una señal importante”, señaló el académico.