La ofensiva republicana para que los tribunales obstaculicen las acciones por el clima llega a un momento crucial

WASHINGTON — En unos días, se espera que la mayoría conservadora de la Corte Suprema presente una decisión que podría limitar seriamente la autoridad del gobierno federal para reducir el dióxido de carbono emitido por las plantas eléctricas, un tipo de contaminación que está calentando peligrosamente el planeta.

Por desgracia, es solo el principio.

El caso, West Virginia v. EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos), es producto de una estrategia coordinada desde hace varios años por los fiscales generales republicanos, algunos activistas conservadores dedicados a cuestiones legales y quienes les proporcionan financiamiento (muchos de ellos tienen vínculos con las industrias del petróleo y el carbón), con el propósito de utilizar el sistema judicial para reescribir la legislación ambiental y así restarle facultades al poder ejecutivo para combatir el calentamiento global.

Además, otros casos relacionados con el medioambiente avanzan por las salas de los tribunales federales. Algunos de ellos se fundamentan en argumentos legales novedosos, cada uno seleccionado a conciencia en busca de opciones que permitan bloquear las facultades del gobierno para regular industrias y empresas que producen gases de efecto invernadero.

Estos casos se promovieron para limitar al estado administrativo (según lo designan los actores), la EPA y otras agencias federales encargadas de establecer normas y reglamentos que afectan la economía estadounidense. Estas decisiones deberían estar en manos del Congreso, pues está más obligado a rendirles cuentas a los electores, explicó el fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, uno de los dirigentes del grupo republicano que interpuso los juicios.

En realidad, el Congreso casi no se ha ocupado del tema del cambio climático. En vez de hacerlo directamente, desde hace varias décadas les delegó autoridad a las agencias respectivas porque no cuenta con la experiencia que tienen los especialistas que redactan leyes y reglamentos complicados y pueden responder con rapidez a los cambios en las áreas científicas, en particular cuando Capitol Hill queda estancado.

West Virginia v. EPA también es notable por las enmarañadas conexiones entre los demandantes y los magistrados de la Corte Suprema que emitirán el fallo en su caso. Los demandantes republicanos, en muchos casos, han recibido donativos de las mismas personas que organizaron campañas para nominar y confirmar a cinco de los republicanos que forman parte del máximo tribunal estadounidense: John Roberts, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett.

“Es un movimiento militar de ataque de pinza”, comentó Lisa Graves, directora ejecutiva del grupo progresista de vigilancia True North Research, quien ocupó un puesto de jerarquía alta en el Departamento de Justicia. “Han preparado a los fiscales para presentar juicios ante los jueces que ellos mismos seleccionaron”.

Este patrón se repite en otros casos relacionados con el clima incoados por los fiscales generales republicanos y que en este momento siguen el proceso por los tribunales menores: la parte actora en cada caso recibe apoyo de la misma red de donadores conservadores que ayudaron al expresidente Donald Trump a designar a más de 200 jueces federales, muchos en el lugar justo para emitir sentencia en los casos relacionados con el clima el año próximo.

Al menos dos de los casos tienen un enfoque inusual que hace evidente la naturaleza agresiva de la campaña legal. En esos juicios, la parte actora demanda reglamentos o políticas que todavía no existen. Su intención es prevenir acciones que podría aplicar el presidente Joe Biden para cumplir la promesa de reducir el uso de combustibles fósiles en el país y, además, impedir que otro presidente en el futuro intente hacer algo parecido.

Los peligros para el clima

Si los demandantes obtienen la victoria en estos casos, el gobierno federal no podrá imponer restricciones drásticas a las emisiones de los vehículos para evitar sus efectos en el clima ni obligar a las empresas eléctricas a sustituir las plantas eléctricas accionadas con combustibles fósiles. Además, el poder ejecutivo no podrá considerar los costos económicos del cambio climático durante el proceso de evaluación para aprobar un nuevo oleoducto o una norma o proyecto ambiental similar.

Es muy probable que este tipo de limitaciones a la acción climática en Estados Unidos sea la perdición del objetivo mundial de reducir suficientes emisiones para evitar que el calentamiento del planeta se eleve en promedio más de 1,5 grados Celsius en comparación con la era preindustrial. Según los científicos, si se sobrepasa ese límite, aumentarán significativamente las probabilidades de que ocurran huracanes, sequías, olas de calor e incendios forestales catastróficos.

El objetivo final de los activistas republicanos, según personas involucradas en sus tácticas, es anular la doctrina legal mediante la cual el Congreso les delegó autoridad a las agencias federales para regular el medioambiente, los servicios de salud, la seguridad ocupacional, las telecomunicaciones y el sector financiero, entre otros.

Conocida como “Chevron deference”, en referencia a un fallo de 1984 de la Corte Suprema, esa doctrina sostiene que los tribunales deben deferir a agencias federales la interpretación razonable de legislación ambigua, con base en la teoría de que esas agencias cuentan con más conocimientos especializados que los jueces y deben rendirles cuentas a los ciudadanos.

Los conservadores han tenido en la mira la doctrina Chevron desde hace mucho tiempo, según Michael McKenna, cabildero republicano en materia energética que colaboró en la Casa Blanca de Trump. “Los defensores de la corriente originalista han dado pasos firmes para reescribir de manera significativa la doctrina Chevron desde hace varios años”, escribió en un correo electrónico. “Están a punto de recibir su recompensa con una victoria sustancial”.

Designaciones a la magistratura

Los cimientos de esa victoria se sentaron en 2015, cuando Mitch McConnell, senador republicano de Kentucky, se convirtió en líder de la mayoría en el Senado y condujo a su partido en una campaña sostenida para negarle al presidente Barack Obama la oportunidad de designar jueces federales.

Se negó a confirmar a los nominados y le dio largas al proceso en espera de que un gobierno republicano designara a esos cargos a jueces que compartieran su ideología a favor de regulación mínima del gobierno. Gracias a las acciones de McConnell, Trump no solo heredó la oportunidad de llenar un estrado en la Corte Suprema, sino también otras 107 vacantes judiciales.

Luego vino Leonard Leo, que en ese entonces era vicepresidente ejecutivo de la Sociedad Federalista, grupo legal conservador que ayudó a concretar la designación de Roberts y Alito a la Corte Suprema.

Entre los muchos donadores de la Sociedad Federalista se encuentran Koch Industries, que se ha opuesto a las acciones por el clima, y Chevron, la gigante petrolera y demandante en el caso que creó la doctrina Chevron.

Leo trabajó con Don McGahn, director jurídico de la Casa Blanca de Trump y otro miembro de mucho tiempo de la Sociedad Federalista, para investigar y recomendarle candidatos judiciales al presidente.

Trump designó a tres magistrados de la Corte Suprema, 54 jueces de tribunales de apelación y 174 jueces de tribunales de distrito. En contraste, Biden, hasta la fecha, ha designado a 68 jueces federales.

Conexiones enmarañadas

En 2020, Leo dejó el cargo al frente de la Sociedad Federalista para dirigir CRC Advisors, firma de estrategia política de derecha. En ese cargo, opera desde el centro de una constelación de grupos de apoyo y donadores no identificados que comparten un objetivo similar: aprovechar los tribunales para promover causas conservadoras y libertarias.

Uno de los mayores clientes de CRC Advisor es la Asociación de Fiscales Generales Republicanos. Otro es el Concord Fund, grupo defensor que constituye la encarnación más reciente de la red Judicial Crisis Network. El fondo también es la organización que ofrece mayor respaldo financiero, por mucho, a la Asociación de Fiscales Generales Republicanos.

Desde 2014, Judicial Crisis Network, actual Concord Fund, ha invertido más de 17 millones de dólares en las distintas campañas de los fiscales generales republicanos. En el ciclo electoral actual, Concord Fund ha aportado 3,5 millones de dólares, mucho más que el donador que le sigue en la lista de donadores, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, con 800.000 dólares.

Leo y McGahn no respondieron a nuestra solicitud de entrevistas. McConnell se negó a otorgarnos una entrevista.

Neomi Rao, de 49 años, es un ejemplo típico de los jueces que Trump designó para ocupar cargos vitalicios con ayuda de Leo y su red. Tras conversaciones con McGahn, en 2018 se presentó la nominación de Rao para sustituir a Kavanaugh en el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia después de que este fue ascendido a la Corte Suprema.

El Tribunal del Circuito de D. C. resuelve objeciones a reglamentos federales ambientales, de salud y seguridad.

Rao nunca se había desempeñado como juez y nunca había juzgado un caso. Eso sí, tenía una impecable trayectoria conservadora y no le gustaba la regulación del gobierno.

En 2017, Trump la puso a cargo de la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios de la Casa Blanca. Desde esa posición, supervisó una agresiva campaña de repliegue regulatorio que logró debilitar o eliminar más de 100 normas ambientales.

Una nueva táctica legal

De los 27 fiscales generales republicanos, un grupo central de estados de combustibles fósiles dirige los casos legales coordinados: Patrick Morrisey de Virginia Occidental, Daniel Cameron de Kentucky, Todd Rokita de Indiana, Ken Paxton de Texas y Landry de Luisiana.

En la fila, detrás del juicio de la planta eléctrica de Virginia Occidental, viene otro caso del Tribunal de Circuito de D. C., interpuesto por 15 fiscales generales, que objeta una norma federal de 2021 diseñada con el propósito de obligar a las fabricantes automotrices a vender más vehículos eléctricos y así reducir la contaminación provocada por los automóviles.

Si el resultado de ese juicio es positivo, se espera que más de diez estados gobernados por demócratas impongan normas más estrictas de contaminación vehicular a nivel estatal. Pero no hay problema, porque los fiscales generales republicanos ya incoaron juicio ante el tribunal del Circuito de D. C. para intentar bloquear la autoridad de los estados para tomar esa medida.

Si bien es cierto que ninguno de estos casos tiene como objetivo anular la doctrina Chevron, el hecho es que una serie de victorias podría, en esencia, eliminar sus efectos.

Sally Katzen, codirectora de la clínica de Procesos Legislativos y Regulatorios en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, señaló que una victoria ante la Corte Suprema este mes para los fiscales generales republicanos y sus aliados tan solo sería una probada de lo que se avecina.

“La Sociedad Federalista ha invertido mucho tiempo y energía en este proyecto, además de un enorme poderío intelectual”, explicó Katzen, quien fungió como directora de la oficina de asuntos regulatorios de la Casa Blanca durante el gobierno de Clinton. “Todo ese trabajo ha rendido frutos. Pero no creo que ahí concluyan sus planes. Creo que solo es el principio”.

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