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Occidente presiona a China sobre minorías y leyes de Hong Kong en revisión en ONU sobre derechos

GINEBRA (AP) — Países occidentales hicieron presión el martes en una revisión auspiciada por Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en China, y pidieron a Beijing que haga más por permitir la libertad de expresión, proteja los derechos de minorías étnicas y revoque una ley de seguridad en Hong Kong condenada por activistas independientes, entre otras cosas.

El embajador de China en Ginebra, Chen Xu, lideraba una delegación de unos 20 ministerios en China para la revisión ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Recalcó los progresos de China en erradicación de la pobreza, dijo que los ciudadanos participan en “elecciones democráticas” y añadió que la libertad religiosa se protege.

“China respalda el respeto y la protección de los derechos humanos como una tarea de importancia en la gobernanza del estado”, dijo Chen a través de un intérprete. “Nos hemos embarcado en una senda de desarrollo de los derechos humanos que sigue la tendencia de los tiempos y apropiada para las condiciones nacionales de China y los llamados logros históricos en este proceso”.

“Defendemos la filosofía centrada en el pueblo y aspiramos a ofrecer una mejor calidad de vida para todo el pueblo”, dijo.

Aunque el proceso de la ONU fomenta las recomendaciones constructivas en favor de las críticas, algunos países occidentales destacados ofrecieron consejos firmes, si no duros, a China.

Leslie Norton, de Canadá, pidió a China que ponga fin a “todas las formas de desapariciones forzosas contra defensores de derechos humanos, minorías étnicas y seguidores de Falun Gong”, e instó a que se revocara la ley de seguridad de Hong Kong.

El embajador checo, Václav Bálek, instó a China a “terminar la criminalización de la expresión religiosa y pacífica de grupos étnicos y religiosos —incluidos musulmanes, uigures y budistas, tibetanos y mongoles— con el pretexto de proteger la seguridad del estado”, y a “detener los secuestros transfronterizos e intimidación de ciudadanos chinos residentes en el extranjero”.

Kozo Honsei, vicerrepresentante permanente de Japón en Ginebra, pidió más protecciones para los derechos de las minorías en Tíbet y en la región occidental de Xinjiang.

La vista ofreció una visión amplia a la situación de derechos humanos en China. La delegación de Bolivia celebró los esfuerzos de China por reducir la deforestación y la de Burundi instó a Beijing a mejorar el acceso a atención médica en las regiones centrales y a la vivienda en Hong Kong y Macao, mientras que Irán elogió el “plan de acción nacional de derechos humanos”.

Una cifra extraordinaria de más de 160 países —algunos críticos de Beijing, otros aliados— se registraron para participar en la sesión. Eso implicó que cada país tenía un máximo de 45 segundos para hablar, lo que obligó a algunos embajadores a ofrecer lo que en ocasiones parecía un ejercicio de lectura rápida.

La delegación de China tenía un total de 70 minutos para exponer su situación.

La “revisión periódica universal” afecta a todos los estados miembros de la ONU y les expone a escrutinio —en ocasiones duro— de otros países aproximadamente cada cinco años. La sesión de 3 horas y media pretende ofrecer críticas constructivas y producir un informe escrito con recomendaciones, no críticas.

Varios grupos, como Falun Gong y activistas proTíbet celebraron pequeñas manifestaciones ante el recinto de la ONU en Ginebra durante la sesión del martes.

Varios grupos de derechos humanos tenían actos paralelos, y se esperaba que la Coalición de Defensa del Tíbet, el Congreso Mundial Uigur y activistas de derechos humanos en Hong Kong celebrasen una conferencia de prensa conjunta más tarde.

Otro grupo activista quería denunciar la repatriación forzosa de China de mujeres norcoreanas que habían huido de su país durante el mandato del líder Kim Jong Un.

Cuatro expertos independientes de derechos humanos que trabajan para el consejo pidieron el lunes la liberación de Jimmy Lai, un exeditor hongkonés que está en un proceso judicial por supuestas infracciones de seguridad nacional, así como la retirada de todos los cargos en su contra.

En la revisión anterior de China en 2018, Estados Unidos y otros países expresaron su preocupación sobre el trato que recibían los musulmanes uigures en Xinjiang.