Seis activistas fueron detenidos el sábado pasado en Oaxaca y liberados entre 24 y 48 horas después, por participar en una protesta por las calles de la capital contra el fenómeno creciente de gentrificación turística, que aunque es global, ahora impacta a la población de este estado con la falta de servicios básicos, costos excesivos por viviendas y condiciones precarias de trabajo.

El gobierno del estado informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo a seis personas por los “disturbios” y como responsables del delito de daños a establecimientos ubicados en el centro histórico de la capital.

La manifestación convocada por colectivos y personas de la sociedad civil fue para exigir a las autoridades del estado la regulación inmediata de las prácticas arrendatarias que han encarecido las viviendas en la capital y en otras regiones del estado, obligando a la población local a vivir en las periferias.

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Sin embargo, el gobernador morenista Salomón Jara Cruz asegura que esa manifestación “promueve el odio contra los extranjeros”. En su conferencia de prensa de este lunes se enfocó en los mensajes que los manifestantes pintaron durante la marcha, con leyendas como: El mestizaje entrama la explotación racial, ¡fuera gringos!

Según el gobernador, “no hay simpatía de la población por esta causa”. Dijo que su gobierno no le impide a nadie luchar por una causa, cuando se dan por motivos de un cambio en una política social, por mejores caminos, por agua, por mejores condiciones de vida o porque un gobierno solo vela por una clase social. Pero esta lucha “es repudiable”, dijo refiriéndose solo a las pintas sobre las paredes. Calificó la protesta de racista.

“La lucha racista es repudiable, tenemos el ejemplo de (Adolfo) Hitler, que se creyó una raza superior, yo no sé si esos jóvenes sean de una raza superior, los respetamos, pero en Oaxaca no hay razas superiores, nadie es más ni menos”, dijo.

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“Oaxaca no es mercancía”, dicen protestantes contra gentrificación

La protesta, con la consigna “Oaxaca no es mercancía”, también fue para exigir un alto a la mercantilización de la cultura provocada por ese fenómeno de transformación de la ciudad, que los manifestantes calificaron como “injustas y desiguales”.

Fue a manera de una calenda tradicional en Oaxaca, tuvo dedicatoria al Estado, empresarios y extranjeros. “Esta marcha va para ustedes, para reclamar, exigir y hacer respetar este territorio que es nuestro”, dijo una de las participantes antes de iniciar la caminata.

Los manifestantes recorrieron las calles con música de banda, marmota, fuegos artificiales y pancartas. Gritaron consignas como “alto al despojo de nuestros bienes y cultura…”, reclamaron la falta de agua y servicios básicos; pintaron paredes con leyendas como: fuera Airbnb de Oaxaca, fuera gringos, entre otras; y rompieron cristales de algunos comercios y bancos.

Terminó en el zócalo capitalino cerca de las seis de la tarde. Minutos después, la Policía Estatal detuvo a seis activistas participantes identificados como Filadelfo Desiderio Aldaz, líder del proyecto La Comedora Comunitaria que brinda alimento a migrantes; Meztli Hernández Jiménez, de la colectiva La Campamenta, Ricardo Martínez y Antonio Díaz Mirón, Ruth Díaz y Nizayeéjh Chávez del colectivo de Derechos Humanos COJUDIDI.

Los familiares y la defensa integrada por las abogadas Mirian Elena Velazco Velazco, Erika Lili Díaz Cruz y Ariela Cristal Ruiz Rodríguez declararon que la detención se realizó de manera arbitraria, más de media hora después de que la protesta había terminado; que fueron detenidos con excesivo uso de la fuerza atentando contra su integridad y sus derechos humanos, y que el proceso ha sido irregular.

Liberan solo a dos, cuatro siguen detenidos

El domingo por la mañana dos de las activistas: Meztli Hernández Jiménez y Nizayeéjh Chávez fueron puestas en libertad, ante la presión de unas 80 colectivas feministas de diversos estados que exigieron al fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, su libertad inmediata.

Este lunes, la abogada Erika Lili Díaz Cruz acompañó la declaración de quienes aún están detenidos por el delito de daños en propiedad ajena, un delito que, de acuerdo con especialistas, no es grave, pero requiere una fianza, que depende de la cuantificación de los daños y la presentación de una querella, la persona afectada se debe presentar ante el juez a notificar sobre los hechos.

Es un delito tiene una sanción de 5 a 10 años, pero debe ser analizado caso por caso y puede puede haber atenuante o agravante.

“Aunque es un delito que se persigue de oficio, en este caso es por querella”, considera el abogado Porfirio Zuñiga. Pero aclara que es probable que esa detención es más de carácter político ya que incluso alargaron su declaración.

Ya en la noche del lunes, se informó que fueron liberadas las cuatro personas restantes, al retirarse los cargos.

“No es escasez sino despojo”

Esta es la primera marcha que realiza la capital del estado, aunque alrededor de este tema han habido diversos foros ciudadanos en la capital, en los que se ha evaluado el cambio acelerado de las condiciones sociales y económicas de la población orientándola a la precarización.

Habitantes de distintas colonias y barrios, incluyendo al “Barrio Mágico” de Jalatlaco, han padecido la falta de agua, debido a que el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable distribuye en períodos de entre 35 a 40 días.

Los jóvenes participantes de la protesta argumentan que no es escasez sino despojo; reclaman que los hoteles hacen uso excesivo del agua para sus servicios.

“Nadie puede negar a estas alturas que hay una cantidad de turistas de primer mundo que viene a Oaxaca a quedarse, encantados por su riqueza cultural y territorial, y a crear “jugosos negocios”, declararon en la marcha.

En los últimos años, la inversión inmobiliaria y la turistificación han provocado que los turistas que se quedan a vivir y trabajar en Oaxaca comienzan a rentar departamentos en zonas céntricas y periféricas estratégicas, desplazando a la población local de sus hogares para después subarrendar en plataformas como Airbnb a un público extranjero, o bien trabajan como guías de turistas cobrando en dólares, sin pagar impuestos.

Familias oaxaqueñas se han tenido que mudar a las periferias ante la falta de regulación en los costos de la renta de departamentos, habitaciones o alojamientos en general. En esa situación no hay acuerdos lógicos con los arrendatarios, y menos ahora que la ciudad de Oaxaca fue reconocida por segundo año consecutivo, el título de ciudad favorita en 2023 por parte de la revista especializada en turismo Travel + Leisure.

Como parte de esos negocios creados con capital extranjero, también han llegado empresas de moda en busca de textiles tradicionales de los pueblos para revenderlos; cadenas de streaming que se benefician lucrando con su cultura; empresarios que invierten en la industria del mezcal, documentadas como una de las más “avasalladoras”, convirtiendo a una gran parte del estado en territorio de monocultivo y causando daños ambientales.

Todas estas prácticas han generado disgusto entre sectores de la población oaxaqueña. Refieren que no solo atenta contra la economía, los diversos ecosistemas que hay en el estado, sino que se atenta además contra las prácticas culturales y formas de subsistencia de los pueblos.