Niegan captura de García Luna; FGR va por jueces

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR) sigue acumulando fracasos judiciales en casos emblemáticos para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien inició ya la recta final de su sexenio.

Ahora un Tribunal Colegiado desechó en definitiva la orden de aprehensión solicitada contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por presunto enriquecimiento ilícito, al determinar que "no cualquier acto o hecho jurídico susceptible de ocasionar un aumento en el patrimonio del servidor público es sancionable, sino únicamente aquellos que en ejercicio de la función pública realice el servidor para acrecentar el mismo y respecto de los cuales se considere ilícito".

Al resolver un recurso de la FGR, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito confirmó la decisión del juez de Control del Reclusorio Norte, Gerardo Alarcón López, quien negó el mandato judicial al Ministerio Público del caso.

Tras la resolución, la FGR se lanzó contra los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, del Primer Tribunal Colegiado de Apelación, y el juez de Control, Gerardo Alarcón, a quienes acusó de actuar contra la administración de justicia.

La FGR aseguró que el Tribunal Colegiado negó la orden de captura contra García Luna, acusado de nexos con el Cártel de Sinaloa, pese a que los datos de prueba proporcionados al juez Alarcón López demuestran que el patrimonio del exfuncionario en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, "es desproporcionado e injustificado con relación a sus ingresos lícitos".

Indicó que a García Luna se le descubrió un ingreso injustificado de más de 43 millones de pesos durante su gestión como servidor público en el periodo de 2000 a 2012, en el que ocupó cargos en los extintos Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y sin que los mismos consten en sus declaraciones fiscales y patrimoniales.

"El tribunal integrado por los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, violentando el artículo 224 del Código Penal Federal vigente en la época de los hechos, que establecía: ‘Se sancionará a quien, con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiera acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos…", reviró.

La FGR anunció que iniciará un procedimiento legal contra el juez de Control Alarcón López, quien negó la orden de aprehensión, y de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal, quienes confirmaron dicha negativa, debido a que, a su consideración, actuaron contra la administración de justicia.

Sin embargo, la FGR destacó que existen otras tres órdenes de captura vigentes contra García Luna por presunto tráfico de armas en el caso Rápido y Furioso, en el que se introdujeron ilegalmente al país armas que fueron a los cárteles mexicanos y que, según la FGR, provocaron un gran número de muertos y por presunta responsabilidad en daño patrimonial por más de 64 mil 900 millones de pesos, en el caso de la construcción y operación de diversos penales, así como por la entrega de contratos ilegales para equipamiento de las cárceles federales.