Municipios: el primer y último escalón para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes

El compromiso por garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes ha avanzado de una forma u otra en México, principalmente se ha logrado a nivel federal y estatal, gracias a las múltiples exigencias y reclamos desde distintos sectores. Pero a nivel municipal aún existen restos considerables en el tema: desde la inexistencia de los Sistemas Integrales de Protección Municipal, el nulo conocimiento sobre derechos de niñas, niños y adolescentes por parte de los funcionarios públicos municipales, las limitantes presupuestales y hasta falta de voluntad política.

Pese a que la reforma de derechos humanos en 2011 estableció claramente la obligación de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) de proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en pleno 2024 esta realidad aún no es una experiencia común para todos. Muchos siguen viviendo en condiciones de pobreza, sin acceso adecuado a servicios de salud, y lamentablemente, son víctimas de delitos como la trata de personas;  ejemplos que ilustran un entorno que permite la vulneración de sus derechos.

Por ello, es necesario entender y reconocer que los municipios juegan un papel fundamental en este proceso. De hecho, los municipios representan el primer y último escalón para garantizar los derechos de este sector de la población. Los municipios son la instancia de gobierno más cercana a ellas y ellos y, por ende, tienen un conocimiento directo de las necesidades y contextos locales. Esta cercanía les otorga una posición clave para identificar y abordar las problemáticas específicas que enfrenta la niñez y adolescencia en sus comunidades, a través de las facultades, atribuciones y recursos con que cuentan para implementar políticas y programas que promuevan y protejan sus derechos.

No obstante, a pesar de este potencial, muchos municipios no han logrado materializar efectivamente los mecanismos que permitan cumplir con sus obligaciones en este ámbito. Uno de los principales desafíos radica en la falta de conocimiento, voluntad política y compromiso por parte de las autoridades municipales. En muchos casos, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes no se considera una prioridad en la agenda política local, lo que se refleja en la ausencia de acciones concretas para su promoción y garantía.

Otro reto es la falta de recursos humanos y financieros suficientes para brindar una protección integral a este sector de la población. La realidad es que muchos municipios enfrentan limitaciones presupuestarias que dificultan la implementación de políticas y programas orientados a la niñez y la adolescencia, más allá de los apoyos enfocados al tema educativo. Asimismo, la falta de personal capacitado y especializado en temas de niñez y adolescencia dificulta el brindar una adecuada atención a las necesidades y problemáticas que ellas y ellos experimentan.

A esto, hay que sumar la falta de coordinación y articulación entre los diferentes niveles de gobierno y las instituciones involucradas en la protección de derechos de la niñez. La descentralización de responsabilidades tiende a generar confusiones y duplicidad de esfuerzos, dificultando la eficacia de las políticas y programas implementados. Es fundamental establecer mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan una acción conjunta y coherente en beneficio de este sector de la población.

Resulta prioritario que las próximas presidencias municipales asuman esta responsabilidad de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Necesitan contar con una instancia especializada que coordine y supervise las acciones de protección dirigidas a este sector. Y dicha instancia deberá conformarse por personal capacitado y contar con los recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones de manera efectiva.

Asimismo, las presidencias municipales deben contemplar, dentro de sus programas de gobierno, acciones enfocadas en garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, y asignarles recursos suficientes. Esto incluye no solo la inversión en programas y servicios educativos (que son los más comunes), sino también en la suficiencia de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para poder proporcionar el abanico de servicios integrales, que, por Ley, deben brindar los municipios.

En suma, es necesario que las presidencias municipales promuevan la escucha activa en la identificación y abordaje de las problemáticas que les afectan. La participación de niñas y niños es un elemento clave para el diseño e implementación de políticas públicas y programas de gobierno que respondan efectivamente a sus necesidades y demandas.

Desde Save the Children, presentamos “Visión 2030. Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en un Proyecto de Nación”; una propuesta con 14 prioridades estratégicas para mejorar la protección y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes en todos los niveles de gobierno. Esta agenda constituye una guía para que quienes aspiran a un cargo de elección popular, cuenten con elementos que les permita incluir acciones concretas para la niñez y adolescencia en sus propuestas y planes de gobierno para que México sea, desde sus comunidades, un gran país para las niñas, niños y adolescentes.

* Miguel Ramírez Sandi es coordinador de Incidencia Política de Save the Children México (@SaveChildrenMx).