Mujeres con discapacidad de México: los pendientes en materia de derechos

Todas las mujeres deberíamos vivir nuestros derechos humanos como una realidad cotidiana. La consigna es simple y el contexto es adverso, pero las acciones colectivas para exigir el reconocimiento y ejercicio pleno de nuestros derechos son reales, diversas y constantes. 

¿Los derechos humanos como algo cotidiano? Sí, para lograrlo es importante apropiarnos de ellos, entenderlos y resignificarlos más allá de los textos jurídicos (ojo, eso no significa que estos dejen de ser fundamentales). Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Son las condiciones básicas que permiten tener opciones reales de vida digna para todas las personas, sin excepción. 

En el amplio catálogo de derechos se encuentran, entre muchos otros: el acceso a la educación, el empleo digno, una vida libre de violencia y el acceso a la justicia.

Menciono sólo estos derechos con la intención de visibilizar un fragmento del injusto panorama que vulnera a miles de mujeres con discapacidad en México.

En este país es una realidad que la población con discapacidad se enfrenta a la sistemática exclusión de diferentes ámbitos sociales, a múltiples carencias y a la discriminación.

Esta situación se acentúa y afecta de manera desproporcionada a las mujeres con discapacidad, quienes representan el 53 por ciento (11 millones 111 mil 237 mujeres) de este segmento de la población. (1)

Es importante mencionar que las mujeres no somos vulnerables por el simple hecho de ser mujeres, sino que estamos en mayor riesgo de caer en un situación de vulnerabilidad debido a las carencias sociales, por ejemplo, dificultades para acceder a servicios de salud, rezago educativo y desempleo, lo que se traduce en menores oportunidades y pobreza. La situación de vulnerabilidad se agrava si se suman otras condiciones identitarias como la discapacidad, el origen étnico, la edad y la ubicación geográfica.

En México, las mujeres con discapacidad enfrentan sistemáticas violaciones a sus derechos humanos. 

Rezago educativo: el promedio de escolaridad a nivel nacional es de 9.7 años (secundaria o media superior), para ellas es de 5.8 años (primaria inconclusa). 

Analfabetismo: el 25.2 por ciento de la población con discapacidad es analfabeta, de este total el 59.4 por ciento son mujeres. 

Menor participación en actividades remuneradas: el 72.6 por ciento de las mujeres con discapacidad está dentro de la población No Económicamente Activa. (2)

Altos índices de violencia: el 70.1 por ciento de las mujeres con discapacidad ha vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, frente al 66.7 por ciento de mujeres sin discapacidad. Los tipos de violencia más reportados por mujeres con discapacidad son psicológica, sexual, física y económica o patrimonial. (3)

Estos datos dan cuenta de que la violencia y la discriminación que sufren las mujeres con discapacidad es crónica, severa y prevalente. 

Además de sufrir las consecuencias desproporcionadas de la falta de acceso a derechos y de la violencia, su acceso a la justicia está obstaculizado por múltiples barreras. 

Entre estas se encuentran la falta de accesibilidad física en instalaciones que impiden llegar, permanecer, desplazarse y salir con seguridad y autonomía; la falta de transporte conectado y accesible para llegar a las instancias de justicia; falta de información en formatos accesibles; falta de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana; actitudes prejuiciosas que las consideran incapaces de brindar testimonio o lo desestiman. Entre muchos otros ejemplos. 

Este ambiente hostil para acceder a la justicia termina por revictimizar a las mujeres con discapacidad que de por sí ya enfrentan una situación adversa.

Desde hace dos años, el 12 de septiembre se conmemora el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad. Una fecha clave para enfatizar que sigue habiendo muchos pendientes en materia de derechos humanos, visibilizar el panorama adverso en México que vulnera a miles de mujeres con discapacidad, cuestionar la falta de leyes, políticas públicas, programas y procesos que integren la perspectiva de género y de discapacidad. 

También es una gran oportunidad para apostarle a nuevas narrativas y espacios donde las mujeres con discapacidad sean expertas en diversos temas y posicionen demandas. 

El 12 de septiembre es un día ideal, pero el cuestionamiento y las acciones para acceder a mejores condiciones de vida debería ser una constante todos los días, todos los años.  

Sobre el autor

Fátima Itzayana Reyes, licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad  de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, cuenta con varios diplomas. Es  colaboradora en el programa Discapacidad y Justicia de Documenta y coordina el proyecto “Comunidad de aprendizaje entre  mujeres con discapacidad y aliadas” que busca ser un espacio para  compartir saberes y experiencias, fortalecer la participación política y  amplificar las voces de mujeres con discapacidad.

Fuentes de referencia utilizadas en este artículo:

1. Censo de Población y Vivienda 2020. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

2. Censo de Población y Vivienda 2020. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

3. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021