Mujeres detenidas en la Okupa Cuba denuncian hostigamiento judicial: CNDH e INAH ahora las acusan de daños a inmueble

Las activistas Karla Tello y Magda Soberanes —quienes fueron encarceladas el 15 de abril de 2022, tras el desalojo de las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ubicadas en la calle República de Cuba, en la Ciudad de México— enfrentan un nuevo proceso penal por el que podrían volver a prisión, por los daños que fueron causados a la sede del organismo autónomo.

Apenas el pasado 24 de febrero, las jóvenes salieron del penal de Santa Martha Acatitla, donde estuvieron privadas de la libertad durante 10 meses por robo y daño a la propiedad. Entonces fueron acusadas por una particular que fue agredida dentro de su automóvil afuera del inmueble de la CNDH, proceso que actualmente llevan en libertad condicional.

Sin embargo, ahora enfrentan nuevos cargos, ya que la CNDH y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) iniciaron una denuncia en su contra por daños a bienes de la nación valuados en más de 1 millón de pesos, lo que a consideración de las activistas y el grupo de abogados que las defienden es un acto de persecución y hostigamiento judicial.

De acuerdo con el abogado Alan Piñón, Karla y Magda llegaron unas semanas antes del desalojo a la llamada Okupa Cuba Casa de Refugio en calidad de víctimas de violencia, por lo que no participaron en la toma de las oficinas, que comenzó el 7 de septiembre de 2020 y terminó el 15 de abril de 2022, cuando fueron detenidas en un operativo policiaco para recuperar el inmueble.

A través de un comunicado conjunto, las activistas sostienen: “La toma de las instalaciones fue completamente legítima, por la indolencia e ineficacia de la CNDH ante las violaciones de los derechos humanos que todo familiar de una víctima de feminicidio debe enfrentar en su búsqueda por la justicia”. Por ello, defienden el acto político, aunque insisten en que no formaron parte de él.

La CNDH las acusa por actos que ya perdonó

“Nos resulta interesante que la CNDH inicie este proceso contra Karla y Magda, después de que otorgó un perdón del ofendido a dos mujeres que sí participaron en la toma del inmueble y los daños en otra carpeta de investigación, a través de un acuerdo oficial firmado por la coordinación jurídica del organismo”, comenta en entrevista Piñón.

Por ello, los abogados consideran como un acto de intimidación “el que ahora se quiera atribuir a Karla y Magda hechos que ocurrieron antes de que ellas llegaran a la Okupa; nos parece una aberración por el uso y la manipulación del poder punitivo del Estado, que viene de una institución que se dice protectora de los derechos humanos”.

La audiencia por esta carpeta de investigación se llevará a cabo el próximo 28 de abril, en el Reclusorio Norte. Ahí, acudirán las tres mujeres señaladas por la CNDH y el INAH —Karla Tello, Magda Soberanes y Areli Castillo—, quienes fueron desalojadas de las oficinas tomadas en la calle República de Cuba.

De ellas tres, la única que ha reconocido públicamente su participación en la toma del inmueble es Areli, quien se encuentra presa todavía en Santa Martha Acatitla.

Sobre este proceso, la colectiva Libres ya Comisión por Karla y Magda señala que “parece absurdo, pero sabemos que en este país las instituciones que se supone que están del lado de quienes luchamos, del lado de las defensoras y defensores, del lado del pueblo, en realidad no han dejado de ser misóginas”, y considera que “debería darle vergüenza al INAH estar criminalizando a mujeres para pelear por muebles y muros, en una total indolencia por los motivos por los que este espacio fue tomado”.

Activistas presentarán firmas en la CNDH contra el proceso

Este jueves, Karla y Magda darán una conferencia de prensa frente a las oficinas de la CNDH, a donde acudirán acompañadas de familiares y activistas para entregar las firmas que han recabado a través de internet para pronunciarse contra el proceso judicial que la comisión y el INAH emprendieron en su contra.

Además de exigir el retiro de las acusaciones, las jóvenes y las personas firmantes solicitarán a las autoridades el reconocimiento de la vulneración de los derechos de las activistas durante los 10 meses que estuvieron detenidas, y que se haga valer el Protocolo de Estambul que ya fue realizado a Karla y Magda, para que se reconozca que fueron víctimas de tortura.

También esperan que se sancione a los funcionarios públicos que participaron en los actos que consideran violatorios de derechos humanos y que las autoridades dejen de criminalizar y deslegitimar a los movimientos feministas del país.