Yahoo Noticias Mujer herida en la cara gana batalla legal contra Fort Lauderdale
Más de tres años después que Eliezer Ramos, policía de Fort Lauderdale, disparó una bala de goma a la cara de LaToya Ratlieff, un juez federal dictaminó que la defensa de que el policía “solo cumplía órdenes” no le otorga inmunidad calificada frente a la demanda de derechos civiles que Ratlieff presentó en su contra.
El fallo significa que Ramos podría no disfrutar de la protección frente a la responsabilidad personal que suele concederse a los funcionarios públicos que enfrentan demandas civiles.
Tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis y las marchas que siguieron poco después en todo el país, algunas de las cuales generaron violencia, Ratlieff salió a las calles de Fort Lauderdale para protestar pacíficamente el 31 de mayo de 2020. Cuando abandonaba la manifestación, Ramos disparó una bala de goma contra la multitud, alcanzando a Ratlieff encima del ojo derecho.
En mayo de 2022, Ratlieff presentó una demanda federal de derechos civiles contra la ciudad de Fort Lauderdale, la Policía de Fort Lauderdale, Ramos y varios agentes más. La demanda, de 36 páginas, alega que el proyectil causó “lesiones oculares graves y permanentes, lesiones neurológicas y otras lesiones físicas y emocionales directamente atribuibles”.
Ratlieff alega violaciones a las enmiendas Primera, Cuarta y Decimocuarta. También acusa a los agentes de agresión tanto por el uso de proyectiles como de gases lacrimógenos, así como de negligencia en el uso de las balas de goma.
Ratlieff alega que Ramos disparó el proyectil “para ayudar a dispersar a la multitud de manifestantes”, “para detener una manifestación pacífica” y “para asegurar que la multitud de manifestantes pacíficos no pudiera seguir practicando pacíficamente sus derechos protegidos por la Primera Enmienda”.
El juez de distrito Rodolfo Ruiz negó la petición de Ramos de desestimar muchas de las demandas presentadas en su contra, incluidos los cargos de violación de la libertad de expresión, agresión y negligencia.
En su petición de desestimación de la demanda de Ratlieff, Ramos alegó que tiene derecho a la inmunidad calificada frente a la demanda que infringió sus derechos amparados por la Primera Enmienda.
La inmunidad calificada es una defensa legal para proteger a los funcionarios públicos, como los agentes del orden, de la responsabilidad en acciones civiles privadas siempre que no hayan infringido un derecho constitucional claramente establecido.
Ramos argumentó que tiene derecho a la inmunidad calificada porque no está claramente establecido “que seguir una directriz de usar fuerza no letal durante una protesta en la que los alborotadores estaban ‘lanzando botellas, piedras y otros objetos” infrinja los derechos de la Primera Enmienda de un demandante “en... términos claros”.
Del mismo modo, sus compañeros, Douglas MacDoughall, Robert Dietrich, Paul Cristafaro, Avery Figueras y Steven Greenlaw, incluidos como demandados en la demanda enmendada, argumentaron que no está claramente establecido que emitir la directiva mencionada infrinja la Primera Enmienda.
El juez Ruiz rechazó estos argumentos, concluyendo que
instruir a “agentes subordinados a usar armas menos letales para dispersar a una multitud en una gran manifestación pública” infringe los derechos de la Primera Enmienda de un manifestante debido al “principio más amplio, claramente establecido, de que los manifestantes pacíficos tienen el derecho de la Primera Enmienda a participar en actividades expresivas”.
Ruiz consideró además que la distinción de Ramos de que estaba siguiendo una directiva en lugar de emitiendo una orden era intrascendente porque tenía motivos suficientes para “cuestionar la validez de” esa orden.
Los abogados de Ratlieff, Michael Davis, Stuart Ratzan y Ben Kuehne, hicieron la siguiente declaración: “Agradecemos que el juez Ruiz haya reconocido que las acciones del detective Ramos no cumplen la norma de inmunidad cualificada. Esperamos llevar el caso de LaToya ante un jurado a principios del próximo año”.
La decisión de Ruiz de negar la solicitud de inmunidad calificada de los agentes no es sorprendente debido a la fase en que está el proceso judicial, según Joanna Schwartz, profesora de Derecho de la UCLA y autora del libro “Shielded: How the Police Became Untouchable”.
“Son relativamente pocas las mociones de inmunidad calificada que se conceden durante la fase de petición de desestimación, porque hay que tomar los hechos tal como el demandante los ha alegado en su demanda”, dijo Schwartz en una entrevista con el Herald.
Dado que el pleito está en la fase de propuesta de pruebas —el proceso formal de intercambio de información entre las partes sobre testigos y evidencia—, los agentes pueden volver a plantear el tema de la inmunidad calificada una vez concluida la fase de propuesta de pruebas durante una petición de juicio sumario. También pueden plantearla en lo que se denomina una apelación interlocutoria, en la que el Tribunal de Apelaciones evaluaría el asunto.
Sin embargo, el juez Ruiz accedió a las peticiones de los demandados de desestimar los cargos por violación de los derechos de Ratlieff a la Cuarta Enmienda y a las garantías procesales. Concretamente, el tribunal consideró que no se había infringido la Cuarta Enmienda —que protege a las personas de registros e incautaciones no razonables— porque la situación no constituía una “incautación”. Ruiz también desestimó una demanda por violación de la libertad de expresión por parte de la ciudad.
La orden permite a Ratlieff presentar una segunda demanda modificada en la que revise sus alegaciones.
La Policía de Fort Lauderdale declinó hacer declaraciones sobre litigios pendientes.
Ratlieff marchó con otros manifestantes hacia la estación de la Policía de Fort Lauderdale tras la muerte de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis. La manifestación se desarrolló sin incidentes, con la presencia de agentes voluntarios formados para desactivar la tensión. Los organizadores clausuraron el acto y la multitud se dispersó, dividiéndose en pequeños grupos que se dirigieron hacia los autos estacionados en las inmediaciones.
Los problemas comenzaron cuando un grupo de manifestantes vio a los agentes alineados en un estacionamiento cercano y se detuvieron para mostrar pancartas y corear lemas. Steven Pohorence, agente con un historial de incidentes de uso de la fuerza, se adentró en la multitud y empujó por la cabeza a una mujer arrodillada, muestra el video del incidente.
Los manifestantes empezaron a lanzar botellas de agua en represalia.
Los policías, con equipo antidisturbios, respondió con balas de goma y gas lacrimógenos.
Pohorence fue acusado de un delito menor de lesiones. Fue declarado inocente por un jurado en diciembre de 2022.
Las grabaciones de las cámaras corporales mostraban a los agentes disparando a los manifestantes mientras intercambiaban bromas entre ellos.
Según la demanda de Ratlieff, los agentes no dieron ninguna advertencia de dispersión, un requisito antes de usar municiones “menos letales” y agentes químicos para el control de multitudes. Mientras caminaba de regreso a su auto, Ratlieff vio al grupo de manifestantes agitados y dijo que trató de calmar la situación. El video la muestra arrodillada en el suelo, animando a otros manifestantes a unirse a ella para mostrar a los agentes que eran pacíficos. Llevaba un cartel en el que se leía: “No nos maten más”.
Ratlieff alegó en su demanda que la Policía usó “ilegalmente” munición de impacto y agentes químicos como parte de un esfuerzo para impedir derechos constitucionalmente protegidos y que esto se hizo “maliciosa y sádicamente para dañar y lesionar a los congregados, incluida la demandante”. Ratlieff tosía, se ahogaba con el gas lacrimógeno y se alejaba dando tumbos cuando Ramos disparó un proyectil de goma desde unos 30 pies de distancia. La alcanzó en la frente y le fracturó la órbita derecha. Se desplomó en un charco de sangre.
Los protocolos de capacitación de la Policía de Fort Lauderdale establecen que los agentes solo deben apuntar a la cabeza y al cuello si la fuerza letal está justificada. Ramos declaró posteriormente a los investigadores que estaba apuntando a un hombre que estaba detrás de Ratlieff, quien lanzó una granada de gas lacrimógeno contra la Policía. Ramos fue absuelto en una investigación interna sobre si había habido mala conducta. El jefe de la Policía de la ciudad, Rick Maglione, dimitió en medio de la polémica.
La inmunidad calificada es un tema muy controversial. Sus defensores sostienen que es necesaria para proteger a los funcionarios públicos de la responsabilidad, la distracción y el acoso en el ejercicio de sus funciones. Los detractores insisten en que la doctrina es un obstáculo para la justicia de las víctimas de mala conducta policial.
La muerte de Floyd, de 46 años, quien gritó “no puedo respirar” mientras un agente le presionaban el cuello contra el pavimento con la rodilla durante nueve minutos y 29 segundos, dio lugar a la condena del ex agente Derek Chauvin por homicidio en segundo grado.
El caso ha dado lugar a una propuesta de ley, denominada George Floyd Justice Policing Act, que limita la inmunidad calificada, además de otras reformas. Los esfuerzos por aprobar la ley han sido infructuosos y la inmunidad calificada ha sido uno de los principales puntos de fricción.
