Con la mitad de los funcionarios electos de Miami bajo investigación, la historia se repite

Cuando dos agentes de la ley entraron en el Ayuntamiento de Miami la semana pasada para arrestar a un comisionado municipal, su llegada fue un recordatorio muy público de que la Ciudad Mágica vuelve a estar inundada de acusaciones de corrupción.

El ahora suspendido comisionado Alex Díaz de la Portilla enfrenta cargos penales de haber vendido su voto a cambio de $245,000 en efectivo para su campaña. Al mismo tiempo, el FBI investiga por separado si el alcalde Francis Suárez trabajó entre bastidores para ayudar a un urbanizador que le pagaba discretamente $10,000 al mes. Y fiscales locales tienen un caso abierto a raíz de las acusaciones de que varios políticos de la ciudad —en particular el comisionado y ex alcalde Joe Carollo— ejercían una influencia indebida sobre la Policía.

Los tres hombres han negado haber cometido delito alguno. Pero con la mitad de los seis funcionarios electos de Miami bajo una nube de sospecha, el ambiente que se cierne sobre el Ayuntamiento está provocando comparaciones con escándalos pasados que pusieron patas arriba el gobierno de Miami y han dado lugar a nuevos llamamientos para limpiar la casa.

“Realmente me sorprendió lo que pareció ser, no sé, ¿arrogancia es la palabra correcta?”, dijo Merrett Stierheim, administrador gubernamental jubilado, sobre los detalles expuestos en la declaración jurada del arresto de Díaz de la Portilla. “Es decir, no son tontos”.

En el caso de Díaz de la Portilla, los investigadores afirman que el veterano político trabajó con un cabildero para obtener casi un cuarto de millón de dólares en contribuciones de campaña de una pareja adinerada de Miami que buscaba su bendición para un complejo deportivo de $10 millones en un parque público para su escuela privada.

El caso fue supervisado por la Fiscalía Estatal de Broward debido a un conflicto declarado por la fiscal estatal de Miami-Dade. La dependencia también ha llevado un caso motivado por las acusaciones de un ex jefe de Policía en 2021 de que los comisionados ejercían una influencia indebida sobre la Policía.

En particular, las denuncias del ex jefe Art Acevedo se centraron en Díaz de la Portilla y Carollo, quienes dijo presionaban a la Policía y a las autoridades normativas para que presionaran a los propietarios de negocios que no les gustaban. En general, las acusaciones se hicieron eco de una demanda presentada por propietarios de clubes de La Pequeña Habana que convencieron a un jurado federal impusiera a Carollo en abril una fallo de $63.5 millones por atacar a sus negocios.

“Uno tiene que dejar de lado su integridad en la ciudad de Miami”, dijo Acevedo mientras testificaba durante el juicio de Carollo.

Acevedo, actual jefe de Policía de Aurora, Colorado, fue contratado para dirigir la Policía de Miami en 2021, pero fue despedido siete meses después tras filtrarse a la prensa un memorando en que exponía sus quejas. También había dicho a los agentes que el departamento estaba dirigido por la “mafia cubana”, una frase usada a menudo por el fallecido dictador cubano Fidel Castro para describir a los exiliados cubanos de Miami.

Los comisionados se sintieron ofendidos y Acevedo, cubanoamericano, acabó disculpándose. Pero cuando el sucesor de Acevedo prestaba juramento, Carollo —que ha entrado y salido del poder en la ciudad a lo largo de cuatro décadas— conmemoró el momento tocando el tema musical de la icónica película de mafiosos “El Padrino”.

Cuando el Miami Herald le preguntó la semana pasada sobre los escándalos que sacuden el Ayuntamiento, Acevedo dijo que normalmente no hace comentarios sobre las investigaciones en curso. “Pero en este caso lo haré. Se lo dije a Miami”, dijo.

La historia

Justo o no, el Ayuntamiento de Miami ha sido visto desde hace tiempo con escepticismo por los críticos como parte de los bajos fondos de la región, dada su afición a las polémicas.

Por ejemplo, Stierheim, el administrador jubilado, fue designado para limpiar el Ayuntamiento hace casi 30 años tras una operación llamada Operación Greenpalm, un escándalo de corrupción pública y chantaje masivo que implicaba yates, extorsión y pagos de sobornos en el Caribe.

Cuando terminó, el comisionado de Miami Miller Dawkins sería condenado a 27 meses de cárcel por aceptar $30,000 en sobornos. El administrador municipal César Odio también pasaría un año en prisión por intentar obstruir la investigación después que el director financiero Manohar Surana lo delatara y lo grabara.

Sorprendentemente, el hombre elegido para sustituir a Dawkins también acabó entre rejas. Antes de ser despojado de su licencia de abogado e ir a la cárcel en 1998 por cargos de fraude electoral, Humberto “Bert” Hernández fue suspendido dos veces por el gobernador de su cargo en la Comisión.

Hoy, Hernández está de vuelta en el Ayuntamiento y una vez más envuelto en la controversia como cabildero y uno de los aliados más cercanos de Díaz de la Portilla. Una demanda presentada este mes alega que Hernández trabajó con el comisionado en 2020 para intentar amañar un concurso para reconstruir la Rickenbacker Marina de la ciudad. Hernández ha calificado la demanda de “frívola, sin mérito y de naturaleza difamatoria”.

Juan-Carlos Planas, el abogado que presentó la demanda en nombre de un cabildero que una vez representó al operador del puerto deportivo, dijo que la ciudad tiene que hacer frente a la corrupción institucional mediante el aumento del número de comisionados y el bloqueo de los funcionarios electos de tener un empleo externo. Sugirió cambios en los estatutos de la ciudad, su documento fundacional.

“Es el problema más grave desde la década de 1990”, durante la Operación Greenpalm. “Creo que es hora de una limpieza total”.

Planas, que también representa a un candidato que aspira a desbancar a Díaz de la Portilla, sitúa la actual racha de polémicas por encima incluso de un embrollo de finales de 2009, cuando la comisionada Michelle Spence-Jones fue suspendida y acusada de dirigir una subvención de $50,000 a miembros de su familia casi al mismo tiempo que el comisionado Ángel González dimitía como parte de un acuerdo con la fiscalía tras conseguir a su hija un “empleo fantasma” con un contratista de la ciudad.

El caso contra Spence-Jones acabaría por desmoronarse. Pero las expulsiones dejaron a la ciudad con tan pocos políticos en noviembre que fue incapaz de llevar a cabo los asuntos oficiales de la Comisión Municipal durante unas dos semanas.

La ciudad estaba tan desesperada que el entonces alcalde Tomás Regalado exhortó al entonces gobernador Charlie Crist a que nombrara a alguien para ocupar uno de los escaños vacíos. Cuando Crist se negó, Regalado tomó la medida más desesperada de pedir a González que volviera para una reunión de emergencia. (También se negó).

Durante ese caos, que también provocó elecciones especiales para cubrir las vacantes, Spence-Jones recuperó su escaño solo para ser suspendida por segunda vez, una posibilidad que enfrenta Díaz de la Portilla, quien aspira a la reelección.

“Obviamente”, dijo Crist sobre el estado actual de las cosas en Miami, “esta situación es desafortunada”.

‘Ten cuidado por quién votas’

Miami no es ni mucho menos la única comunidad de la Florida que atraviesa un escándalo. El estado se hizo cargo del gobierno casi en bancarrota de Opa-locka en 2016 después que el FBI allanó el Ayuntamiento de la comunidad del norte de Dade. Otras ciudades como Sweetwater, North Miami Beach y Hallandale Beach han visto a alcaldes procesados y suspendidos o destituidos en la última década.

Pero el listón de las polémicas notables está alto en Miami, la única ciudad acusada dos veces por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) por falsear sus cuentas para cubrir déficits de tesorería y engañar a los inversionistas en bonos.

El alcalde Suárez lo sabe bien. Solo tenía 20 años cuando un juez anuló la victoria de su padre en las elecciones a la alcaldía de 1997 por considerar que estaba contaminada por el fraude. Su propia campaña a la alcaldía de 2013 terminó prematuramente después que fiscales abrieron una investigación sobre solicitudes ilegales de boletas de ausente que acabó con varios arrestos.

Suárez hijo fue absuelto por los investigadores y su padre, Xavier Suárez, no se vio implicado en las elecciones fraudulentas de 1997. Pero las sagas siguen apareciendo de vez en cuando, como cuando Carollo —que fue investido alcalde de Miami en 1998 después que un tribunal anuló los votos por correo contaminados— se esforzó en mencionarlas durante un discurso de la noche electoral de 2017 lleno de agravios.

Hoy, Suárez hijo es alcalde y es siendo investigado por el FBI después que el Miami Herald informó que un urbanizador que enfrentaba problemas regulatorios con un proyecto inmobiliario dijo a su personal que buscó la ayuda del alcalde para solucionar los problemas de permisos. Los registros muestran que la oficina del alcalde ayudó al urbanizador, Location Ventures, a cambiar una determinación de zonificación de la ciudad que habría retrasado su proyecto. Suárez insiste en que no movió hilos en favor de su cliente.

Suárez, al que le quedan dos años de su segundo y último mandato como alcalde, no está en la boleta de este noviembre. Pero como los electores de los distritos primero y segundo de la ciudad están a punto de acudir a las urnas para elegir a los comisionados para nuevos mandatos de cuatro años, el escrutinio de los políticos de Miami se está convirtiendo rápidamente en un tema de campaña.

“Hemos sido testigos de demasiados escándalos y está muy claro que el momento para el cambio es ahora”, escribió el candidato a la Comisión del Distrito 2, James Torres, en un correo electrónico de campaña enviado el sábado por la tarde. “Únete a mí en nuestra misión de sacudir el Ayuntamiento mientras nos unimos para combatir la corrupción y aplicar firmemente los frenos a los poderosos intereses especiales y cabilderos que han dominado nuestro gobierno local durante demasiado tiempo”.

El oponente de Díaz de la Portilla, Marvin Tapia, se refirió en un comunicado de campaña al arresto del comisionado suspendido como “parte de una historia de corrupción más amplia”.

“La gente de Miami merece un líder que entre en el Ayuntamiento para representarlos con la cabeza bien alta, no que salga por la puerta de atrás esposado”, dijo.

Díaz de la Portilla, quien finalmente se entregó tras escabullirse del Ayuntamiento la semana pasada antes que las fuerzas del orden estatales pudieran arrestarlo, ha calificado el caso contra él de “obra de ficción”.

El comisionado Manolo Reyes, que también se postula para la reelección, subrayó que las personas acusadas de un delito son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, y advirtió a los electores que no hicieran acusaciones generalizadas contra todo el gobierno municipal. Reyes, uno de los comisionados acusados por Acevedo de manipular los asuntos policiales, ha negado las acusaciones.

“Hay mucha gente dedicada a su trabajo en la ciudad y no deberíamos generalizar”, dijo Reyes. “Hay mecánicos deshonestos y médicos deshonestos, pero eso no significa que todos los mecánicos y todos los médicos sean deshonestos. Seguimos trabajando. Seguimos recogiendo la basura”.

Pero ofreció unas palabras de advertencia a los electores: “Cuando vayan a votar, tengan cuidado por quién votan, y exijan que trabajen para el pueblo”.

Joey Flechas, redactor del Miami Herald, contribuyó a este artículo.