Misión de ONU alerta de reactivación de ‘maquinaria represiva’ de Maduro tras elecciones

Una misión internacional de la ONU alertó que hay una nueva ola de persecución contra líderes de la oposición y la sociedad civil venezolana tras los polémicos resultados de las elecciones presidenciales del domingo pasado.

En el país sudamericano estallaron protestas a nivel nacional luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, controlado por el chavismo, atribuyó la victoria a Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo frente al candidato opositor Edmundo González.

“Estamos asistiendo a la reactivación acelerada de la maquinaria represiva que nunca fue desmantelada y ahora es utilizada para socavar las libertades públicas de los ciudadanos y su derecho a la participación política y la libre expresión de las ideas”, dijo Patricia Tappatá, experta integrante de la Misión internacional independiente de la ONU de determinación de hechos sobre Venezuela.

La entidad expresó su preocupación por la aprehensión del Coordinador de Voluntad Popular, Freddy Superlano, y dos personas más que le acompañaban, por individuos encapuchados armados en la mañana del martes 30 de julio.

“Información preliminar obtenida por la Misión indica que dichos individuos serían miembros del SEBIN [Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional]”, detallaron.

Otros cuatro dirigentes de organizaciones políticas de oposición fueron detenidos. Además, el Fiscal General anunció una investigación contra la principal líder opositora, María Corina Machado, a la que vinculó a un presunto ataque cibernético contra el CNE durante la jornada electoral, informó la Misión.

Un informe de 411 páginas, publicado en 2020 por la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Venezuela instó al régimen de Maduro a rendir cuentas por los crímenes de lesa humanidad que ese ente internacional determinó fueron cometidos en la nación sudamericana durante las protestas de años anteriores.

Reprimir manifestaciones

La Misión indicó que “desde el anuncio parcial de los resultados, miles de personas (incluyendo hombres, mujeres, niños y niñas y adultos mayores) han salido a las calles y plazas del país para expresar su desacuerdo”.

Las manifestaciones fueron reprimidas casi de inmediato por las fuerzas de seguridad y los llamados colectivos, paramilitares del régimen, y Maduro anunció que mantendría a la Guardia Nacional y la policía patrullando las calles.

Los venezolanos han publicado en las redes sociales videos donde se observan a motorizados recorriendo las calles en las noches y disparando al aire si detectan a ciudadanos fueras de sus casas.

La Misión reportó que recibió información creíble sobre detenciones, personas heridas y fallecidas.

“Así como sobre violencia desplegada por cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados que apoyan al Gobierno (conocidos como colectivos) en el marco de esas protestas. Los incidentes registrados ocurrieron en al menos 17 de los 23 estados del país y en el distrito capital”, detalló.

La organización venezolana Foro Penal informó este jueves que han registrado 672 arrestos verificados e identificados y 11 muertos.

La Misión ha registrado al menos seis muertes, así como decenas de heridos, “sin que existan datos oficiales al respecto”. El Fiscal General informó sobre la muerte de un miembro de la fuerza armada y 46 heridos entre militares y policías.

Por su parte, el Ministerio Público indicó la detención de 749 personas hasta la fecha.

Mientras que algunas de estas personas han sido liberadas, otras permanecen detenidas, y algunas enfrentan imputaciones graves, como delitos de terrorismo, señaló la Misión.

CIDH condena violaciones

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) se sumaron a condenar la represión contra los manifestantes e hicieron un llamado al régimen de Maduro para que respete el derecho a la libertad de expresión, la reunión pacífica, el trabajo periodístico, y garantice la seguridad de quienes se manifiestan.

Enumeró que desde el fin de la jornada electoral del 28 de julio, organizaciones de la sociedad civil han contabilizado al menos 300 protestas espontáneas en todo el país, exigiendo atención a las denuncias de graves irregularidades en el conteo de votos, falta de transparencia, fraude electoral y obstáculos al proceso de auditoría ciudadana.

Según registros de medios de prensa, organizaciones de la sociedad civil y particulares, al menos 115 de estas manifestaciones han sido violentamente reprimidas por el Estado, tras la previa advertencia del entonces candidato Nicolás Maduro de que podría haber “un baño de sangre y una guerra civil en el país”.

La represión, que replica patrones observados en 2014 y 2017 en un contexto de ausencia de Estado de Derecho y democracia, se está dando con el apoyo de grupos civiles armados conocidos como “colectivos”. Estos grupos actuarían con el consentimiento estatal, según las organizaciones, bajo el “Sistema Popular de Protección para la Paz”, que les habría atribuido tareas de vigilancia, seguridad y contraloría social.

La actuación de los “colectivos” podría generar la responsabilidad internacional del Estado por su tolerancia, colaboración o aquiescencia del accionar de estos grupos en posibles graves y masivas violaciones de los derechos humanos.

En cuanto a la situación de la libertad de expresión, la CIDH dijo que recibió información sobre bloqueos a medios de comunicación y agresiones a periodistas y trabajadores de los medios, que incluyeron detenciones arbitrarias, impedimentos para la cobertura periodística y hostigamientos.

Los registros indican al menos 60 casos de agresiones a la libertad de expresión, incluyendo al periodista Jesús Romero que resultó herido mientras cubría manifestaciones. Cinco periodistas fueron detenidos por fuerzas del orden y al menos cuatro periodistas han sido deportados.

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