Ex ministro boliviano admite aceptar sobornos y desviar un contrato de gas lacrimógeno a una empresa de la Florida

Un ex ministro del gobierno boliviano se declaró culpable el jueves de confabularse para lavar cientos de miles de dólares en sobornos a través de un banco de Miami a cambio de desviar un contrato inflado de gas lacrimógeno a una empresa del sur de la Florida.

Arturo Carlos Murillo Prijic, de 58 años, admitió en un tribunal federal de Miami que recibió al menos $532,000 en sobornos de una empresa de Broward para que pudiera conseguir un contrato de $5.6 millones para suministrar gas lacrimógeno y otros equipos no letales al Ministerio de Defensa boliviano. Murillo recibió al menos $130,000 en sobornos en efectivo a través de sus cuentas bancarias en Miami, según los fiscales.

Murillo, representado por la abogada defensora Ana Davide, enfrenta un máximo de 10 años de prisión por su condena por lavado de dinero ante el juez de distrito federal Paul Huck.

Otros cuatro hombres implicados en la trama de corrupción para vender gas lacrimógeno al gobierno boliviano fueron sentenciados en junio a penas de prisión de entre dos y cuatro años.

La policía boliviana usó el gas lacrimógeno —vendido a precios inflados junto con sobornos a funcionarios del gobierno— para controlar a los partidarios del líder socialista Evo Morales durante las protestas callejeras después de su renuncia a la presidencia tras unas disputadas elecciones en 2019.

En el centro de la trama de corrupción estaba Murillo, el ex ministro de gobierno boliviano. Fue miembro del gabinete en la administración conservadora que reemplazó brevemente a la administración socialista de Morales. Murillo fue arrestado en 2021 en una casa en Doral por cargos de confabulación y lavado de dinero que lo acusan de aceptar más de $500,000 en sobornos del proveedor de gas lacrimógeno del sur de la Florida, Bravo Tactical Solutions, entre noviembre de 2019 y abril de 2020.

Los otros cuatro acusados nombrados como coconfabulados se declararon culpables el año pasado y cooperaron con los fiscales federales en el caso contra Murillo.

Son: Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, ex jefe de gabinete del ministro, condenado por lavado de dinero y sentenciado a 42 meses; Bryan Berkman, presidente ejecutivo de Bravo Tactical Solutions en Tamarac, condenado por corrupción en el extranjero y sentenciado a 28 meses de prisión y 36 meses de confinamiento domiciliario; su padre, Luis Berkman, de Georgia, condenado por lavado de dinero y sentenciado a 38 meses de prisión y 16 meses de confinamiento domiciliario, y el ciudadano estadounidense Philip Lichtenfeld, quien fue declarado culpable de corrupción en el extranjero y sentenciado a 26 meses de prisión y a pagar una multa de $75,000.

Bryan Berkman, Luis Berkman y Litchtenfeld fueron acusados de pagar más de $1 millón en sobornos a Murillo, Méndez y otros dos funcionarios bolivianos para obtener el contrato de defensa de los gases lacrimógenos con el gobierno conservador de la entonces presidenta interina boliviana Jeanine Áñez.

“Lavaron el producto de los sobornos y las ganancias ilícitas a través de cuentas bancarias en Estados Unidos, Bolivia y Singapur, y organizaron la entrega de sobornos en efectivo en Miami, Florida, y Cochabamba, Bolivia”, escribió el fiscal federal Eli Rubin en un memorando de sentencia. “Y en el proceso, se enriquecieron generosamente cometiendo delitos graves y calculados”.

Rubin solicitó las penas máximas de prisión para cada uno de los cuatro acusados —10 años para Luis Berkman y Méndez, y 5 años para Bryan Berkman y Lichtenfeld—, pero el juez Huck no se mostró convencido.

En el tribunal federal de Miami, los cuatro acusados firmaron declaraciones de hechos como parte de sus acuerdos de culpabilidad, admitiendo el siguiente esquema:

Entre marzo y abril del año pasado, Bryan Berkman, Luis Berkman, Lichtenfeld, Murillo y Méndez hicieron arreglos para que el Banco Central de Bolivia transfiriera unos $5.6 millones a Bravo Tactical Solutions. A su vez, la empresa del sur de Florida transfirió unos $3.3 millones de esos ingresos a una cuenta bancaria en Brasil para pagar al fabricante real del gas lacrimógeno en virtud del contrato de defensa de Bravo con el gobierno boliviano.

La diferencia —unos $2.4 millones— correspondía al contrato de defensa inflado de Bravo, que cubría un reparto tanto de los beneficios como de los sobornos, según Investigaciones de Seguridad Nacional y la Fiscalía federal.