Yahoo Noticias ¿No hay militarización? Sheinbaum y colaboradores usan dichos engañosos para negarlo
El jefe de la Guardia Nacional es un general y no puede ser un civil y sus integrantes son militares formados por la Secretaría de la Defensa Nacional. Aún así, Claudia Sheinbaum -y otros candidatos y dirigentes en Morena- sostienen que México no es un país militarizado e incluso han dicho que los integrantes de la GN tienen formación en seguridad pública y no en la guerra.
Sin embargo, lo dicho por la candidata presidencial de Morena es por lo menos engañoso al analizar la composición de la Guardia, las labores de las Fuerzas Armadas y lo que marca la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sus dichos se enmarcan en una estrategia gubernamental que le ha entregado decenas de actividades de índole civil a militares, como la administración de aeropuertos, aduanas e incluso construcción de obras.
Sheinbaum respaldó el sábado en Michoacán la intención de que la Guardia Nacional se integre a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como propone una reforma a la Constitución enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Estoy de acuerdo de que el mando de la Guardia Nacional esté en la Sedena, que es diferente a que el mando de la Guardia sea del Ejército. Es distinto, el Ejército que la Secretaría de la Defensa Nacional”, dijo en una conferencia de prensa.
Aunque es cierto que la Sedena es una secretaría de estado que administra al Ejército y la Fuerza Aérea, en los hechos está integrada por militares, está encargado de la justicia militar, la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos establece que el titular de Sedena debe ser un general del Ejército.
Según dijo Sheinbaum, no habría un mando del Ejército, pero la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador indica lo contrario: que en tanto no haya un miembro de la Guardia Nacional con jerarquía de General de División, un militar del Ejército ocupará el cargo.
Al ser consultada por El Sabueso sobre esta información, el área de prensa de Sheinbaum indicó que su frase “no contradice” a la iniciativa presidencial, pero no respondió preguntas adicionales sobre Guardia y el Ejército.
Lisa Sánchez, directora de la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), rechazó los dichos de Sheinbaum. “No se puede afirmar que Sedena no es lo mismo que el Ejército”, apuntó.
“El Ejército y la Fuerza Aérea son parte de Sedena y constituyen la mayoría absoluta del personal que administra la Secretaría. Esta dependencia básicamente está dedicada a la administración de la Fuerza Armada”, comentó.
Recordó que el argumento de que Sedena es una entidad autónoma y no es el Ejército también fue planteado por el entonces ministro Arturo Zaldívar, en el marco de la acción de inconstitucionalidad que desechó la adscripción de la Guardia a la Sedena.
En aquella ocasión, y a pesar de la postura de Zaldívar, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó las modificaciones a la Ley de la Guardia Nacional, al considerar que en la Constitución se establecía que la Guardia Nacional debe ser un ente civil adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y no a Sedena.
Juan Salgado, investigador del World Justice Project, consideró que el dicho de Sheinbaum es “un eufemismo para tratar de matizar el tema de que la Guardia Nacional va a tener un control efectivo por parte de militares”.
Asumir que la Guardia Nacional no sería militar por el simple hecho de depender directamente la Sedena, sería como decir que el Ejército, que también depende de Sedena, tampoco es una fuerza castrense, dijo Salgado.
Elementos de la Guardia, con entrenamiento militar
Renata Turrent y Zaldívar, quienes hoy forman parte del equipo de campaña Sheinbaum, han participado en foros en los que defienden que no habría militarización de la Guardia, pues sus funciones y formación están enfocadas en la protección ciudadana y no en la guerra.
Por ello, dicen, supuestamente no se cumple con los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para calificarla como una fuerza militarizada.
“La ley de la Guardia Nacional explícitamente dice que todo el adoctrinamiento de los guardias, de los elementos de la Guardia, es de seguridad pública en derechos humanos, y esto lo votaron, en la creación, todos los partidos políticos”, comentó Turrent en un debate organizado por el diario Reforma.
“Los cadetes que están egresando para formar parte de la Guardia Nacional, todos están formados en seguridad pública, no en materia de guerra, en materia militar”, dijo el ministro en retiro en un ejercicio de ForoTv.
Es cierto que la Ley de la Guardia Nacional indica que es una institución de seguridad pública y de carácter civil, con formación policial, académica y axiológica, como dicen Zaldívar y Turrent.
Sin embargo, datos a noviembre de 2023 entregados por la Guardia a una solicitud de transparencia muestran que solo el 1.1% de quienes integran esta corporación son egresados de la Guardia, mientras que los antiguos miembros de la Policía Federal son el 11.2%.
En tanto, el 77.3% de los agentes son miembros de la Sedena, y el 10.4% de Semar. Es decir, casi nueve de cada diez miembros de la corporación que hoy realizan tareas de seguridad pública son soldados y marinos.
Actualmente, quien está al frente de la Guardia Nacional es David Córdova Campos, un general retirado que sucedió a Luis Rodríguez Bucio, también general retirado, que ocupa el cargo de subsecretario de Seguridad.
En respuesta a una consulta de El Sabueso, Turrent envió un documento que enlista cinco sentencias de la Corte IDH de las cuales retoma criterios para diferenciar a una institución civil o militar, según las funciones y la formación.
“Acorde con la jurisprudencia de la CIDH, tanto las funciones de la Guardia Nacional —garantizar la seguridad pública— como la formación de sus integrantes —investigar, prevenir y perseguir la delincuencia, así como proteger a la ciudadanía con base en una doctrina policial fundada en el respeto a los derechos humanos— son de carácter civil”, detalla el texto.
Sobre la proporción que ocupan miembros de las Fuerzas Armadas en la Guardia, dijo que “se creó hace pocos años, en 2019, por lo que, en los hechos, el proceso de formación de los nuevos cuerpos de guardias egresados tiene un tiempo establecido”.
“Los miembros que pasaron a formar parte de la Guardia Nacional provenientes de SEDENA y SEMAR han sido actualizados en materia de derechos humanos y seguridad pública”, añadió.
Respecto a este punto, Lisa Sánchez indicó que si bien teóricamente la Guardia Nacional realiza tareas de seguridad pública, realiza actividades atribuidas a militares, como las detenciones de personas en contexto de movilidad y patrullajes disuasivos.
En noviembre del año pasado, la Guardia respondió a una solicitud de transparencia que 80,629 de sus elementos, contaba con el Certificado Único Policial (CUP), el cual avala su formación, capacidades y confiabilidad.
El Sabueso contactó a Zaldívar para obtener una postura al respecto, pero no obtuvo respuesta inmediata.
Mayor presencia de militares en México
La presencia de las Fuerzas Armadas en el país va más allá de la seguridad pública. Desde que inició la llamada guerra contra las drogas con el gobierno de Felipe Calderón, las Fuerzas Armadas han ido ganando espacio y recursos, en una tendencia que creció en el sexenio actual, según un reporte de MUCD.
En El negocio de la militarización: Opacidad, poder y dinero la organización da cuenta de cómo concentran un 3.7% de presupuesto nacional; obtienen recursos a través de convenios con gobiernos locales y hasta agosto de 2023 se registraron 30 empresas de participación mayoritaria del estado a cargo de las Fuerzas Armadas.
Según el libro ¡Gracias! de López Obrador, en la presente administración las Fuerzas Armadas se han encargado de 3,636 obras públicas, de las cuales 2750 corresponden a sucursales del Banco del Bienestar.
Las Fuerzas Armadas también tienen a su cargo la construcción del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y las ganancias de estos proyectos serán directamente para la Sedena.
Falso que con gobierno de Sheinbaum se alcanzara cero impunidad en feminicidios
Sheinbaum presumió en Querétaro que con su gobierno en Ciudad de México al crear una fiscalía especial “se logró prácticamente la cero impunidad contra los feminicidas”, deteniendo en cada caso a personas como presuntas responsables.
Pero los datos muestran que, si bien aumentaron las consignaciones o vinculaciones a proceso, en la mayoría de los casos no se ha logrado sentencia condenatoria.
Este año el estudio Hallazgos, Evaluación de la justicia penal en Ciudad de México, de la organización México Evalúa, concluyó que ningún feminicidio cometido en 2022 había sido resuelto con detenciones y sentencia, por lo que el nivel de impunidad fue del 100%.
“De 2016 a 2021 la impunidad acumulada para los feminicidios es de 56.6% a nivel nacional. Es decir, menos de la mitad de los feminicidios registrados han derivado en una sentencia condenatoria. En el estado de Ciudad de México, la impunidad acumulada en feminicidio fue 47.9%, inferior al promedio nacional”, refirió en tanto la organización Impunidad Cero.
Se pidió al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum el sustento de estadísticas o documentos para hablar de cero impunidad en feminicidios, y para verificar que en cada caso hay detenidos, pero remitieron a la Fiscalía capitalina sin que hasta el momento enviaran los datos.
¿Qué dicen los datos de la CDMX?
De 2019 a septiembre de 2023 se contabilizaron 349 feminicidios en la capital, y en el mismo lapso -según la respuesta de transparencia más reciente que se halló del Tribunal Superior de Justicia capitalino- sumaron 496 consignaciones de personas y 144 sentencias, además sin que se precise el año en que sucedieron los crímenes.
Gráfico de https://atlasfeminicidios.fgjcdmx.gob.mx/
En noviembre pasado, aún como titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, la ahora candidata al Senado Ernestina Godoy mostró un gráfico en el que destacó el incremento de detenciones y vinculaciones a proceso, es decir, agresores presentados ante los jueces.
Entre enero y octubre de 2023, refirió, fueron vinculadas a proceso 103 personas que presuntamente cometieron feminicidio, mientras que en el mismo periodo de 2022, fueron 57.
Sin embargo, en otro gráfico Godoy también mostró que en ese lapso en que se registraron 244 víctimas, los jueces emitieron 133 sentencias, de nuevo, sin especificar en qué año ocurrieron los crímenes.
La gráfica que mostró Sheinbaum el 7 de marzo no muestra sentencias, sino aumento de vinculaciones a proceso. Además, usó una categoría general de “delitos de género”, sin enfocarse en feminicidios.
Como fiscal capitalina, Godoy dijo en su primer informe en 2021 que “de los 179 casos de feminicidios registrados entre 2018 y 2020, 122 responsables están vinculados a proceso y se ordenaron 54 sentencias condenatorias”.
