Militares presos por Ayotzinapa prevén demandar a jueza

Daniela Wachauf

CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL).- La defensa legal de ocho militares del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, a quienes se les dictó formal prisión el lunes pasado, por el probable delito de comisión por omisión de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, analizan demandar a la jueza del Segundo Distrito en Procesos Penales Federales con sede en Toluca, Estado de México, Raquel Ivette Duarte.

Los abogados César Omar González Hernández y Alejandro Robledo Carretero, manifestaron en entrevista con EL UNIVERSAL que estudian los recursos legales contra el auto de formal prisión de los uniformados.

Expresaron que podría ser un recurso de apelación o una demanda de amparo y examinan las posibles responsabilidades penales en delitos de impartición de justicia en las que haya incurrido la jueza.

Insistieron en que analizan presentar una denuncia en contra de la jueza Duarte o bien ampliar la que presentaron hace casi un año al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.

En esa ocasión denunciaron a Encinas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestamente fabricar pruebas en el informe que rindió de manera pública por el caso Ayotzinapa.

Los litigantes señalaron que en el caso de la jueza hay delitos contra la administración de justicia, ya que un juez tiene responsabilidad penal al dejar preso a alguien de manera indebida.

Además, que 94 tomos de la causa fueron leídos en 24 horas, pero las pruebas y alegatos que presentó la defensa en un lapso de 144 horas no los menciona en el auto de formal prisión. Comentaron que para la jueza la defensa es inexistente, "como si fuera el Tribunal de la Santa Inquisición".

Los abogados recordaron que los uniformados tuvieron contacto con otros normalistas que están vivos y esto ocurrió en la Clínica Cristina de Iguala.

"La resolución de la jueza señala esto y lo empieza a mezclar como una ensalada mal hecha, con los jóvenes que terriblemente fueron desaparecidos, pero no tiene nada que ver con los muchachos que estaban en la clínica Cristina.

"Los ocho efectivos están acusados por el delito de omisión, es decir el que se cometió por las cosas que tenían que evitar y que no hicieron para evitar que desaparecieran los jóvenes, cosa absolutamente falsa porque los militares no estaban presentes cuando desaparecieron", remarcaron.

Recordaron que los normalistas que desaparecieron fueron entregados a la banda delictiva Guerreros Unidos por la Policía Municipal; sin embargo, en una declaración el testigo protegido conocido como "Juan", señaló que en realidad los entregaron los "verdes", es decir los militares.

Los defensores subrayaron que solamente hay "puras referencias de miembros de la delincuencia organizada que refieren lo que hicieron los verdes", pero no una acusación directa y formal individualizada de que hizo cada quién.