Yahoo Noticias Migrantes viven abusos y una larga espera mientras llega una cita de la aplicación que lanzó EU para solicitar asilo
Danna cumplió 7 meses de vivir en todas partes en México, luego de salir de Honduras el 16 de octubre de 2023. Todavía no sabe cuántos más hará, pero el 17 de mayo también llegó al mes de habitar en el tramo de las vías del tren que va de la calle Caruso a Calzada de los Misterios, en la colonia Vallejo de la alcaldía Gustavo A. Madero.
Hace un año, cuando uno de sus hijos cumplió 14, por estos mismos días y bajo amenaza, gastó su dinero para pagar una extorsión. “No teníamos nada”, dice, “ahora cumple 15 y me toca lo mismo, no tuvimos ni siquiera para comprar una gaseosa”. Hoy, su única expectativa es que su turno en la aplicación CBP One arroje una cita pronto para hallar la forma de moverse al punto de internamiento en San Ysidro, Tijuana.
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Recapitula con todo detalle el camino que la trajo hasta aquí, mientras recorre a pie las viejas vías del tren, a unos pasos del Metro Misterios, muy cerca del albergue Cafemin, que –según supo– cerró por saturación y proliferación de enfermedades. Afuera del lugar todavía cuelga una manta que anuncia “Cerrado temporalmente”.
Ese fue el hecho que, finalmente, terminó por lanzarla a los rieles hace un mes, junto con más de 200 personas –por lo menos– que habitan en cuartitos improvisados sobre la vía o en casas de acampar instaladas en un parque que está a unos pasos del Pilares “Richard Wagner”. Antes de eso, hubo un largo periplo.
Los abusos hacia la Ciudad de México
Poco después de salir de Honduras, Danna –cuyo nombre fue cambiado para preservar su anonimato– llegó a Tapachula, donde intentó una y otra vez buscar la condición de refugiada a través de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en la entidad.
A finales de diciembre, supo que su petición, definitivamente, no prosperaría. El 24 de diciembre salió hacia la Ciudad de México –donde un abogado le había dicho que podía volver a intentarlo– en una caravana de miles de personas que cruzó el sureste a finales del año pasado.
Recuerda el maltrato durante todo el camino de los agentes del Instituto Nacional de Migración, especialmente en cuanto llegaron a Puebla –en Veracruz no los trataron mal, aclara, e incluso les advirtieron sobre los secuestros que solía perpetrar el crimen organizado– aun cuando varias veces llevaba a sus hijos, uno de 10 años y el de 15, enfermos.
Luego de enfrentar que en Oaxaca personal de Migración –asegura– les cobrara 300 pesos por persona, largas caminatas, engaños, riesgo para la salud de sus hijos, noches a la intemperie, forcejeo y huidas con elementos del INM que les amedrentaban, llegó a la Ciudad de México el 11 de febrero, junto con sus dos hijos, su hermano, su cuñada y la hija de ellos.
Con el tiempo, él se fue con su hija a Estados Unidos, su cuñada se regresó a Honduras porque ya no aguantaba seguir en México sin su familia, y Danna se quedó a la espera de CBP One ya solo con sus dos hijos. Luego de que Cafemin cerrara –cree que ahí llegó a haber más de 700 personas; sus dos hijos contrajeron dengue–, tras uno y otro albergue llegó finalmente a la “chozita en los rieles”, como la llama.
Tapada con pedazos de madera, es apenas un espacio de no más de dos metros cuadrados, donde viven ella, sus hijos y una mujer ecuatoriana con la que hizo buena amistad. Afuera cuelgan algunas de las prendas de ropa que recién lavó. El agua se las dan en un taller a unas cuadras, al que van a formarse desde temprano.
Otros negocios han florecido en las inmediaciones. En un lugar cercano, una ducha –explica mientras apunta discretamente al local– con un balde de agua cuesta 20 pesos; con agua caliente, 30. En dos establecimientos cercanos, pasar al baño se cobra en cinco pesos. Así se van resolviendo, en las cercanías, las necesidades cotidianas.
La incertidumbre
El papá de los hijos de Danna tiene ya cerca de dos años de haberse ido a Estados Unidos. Su aportación económica nunca fue una certeza, luego de que se juntó con alguien más, y aunque hace poco le dijo que estaba dispuesto a volver a enviarle dinero, no tiene ni dos semanas que cayó en prisión.
Para sobrevivir, ella toma trabajos que salen por día pero no están exentos de complicaciones. En un restaurante de la Zona Rosa, por un turno nocturno de casi 12 horas que se paga en 500 a personas mexicanas, a ella le dieron solo 200. En otro, miraron primero su ropa, y después le dijeron que necesitaba una mejor presentación. También es frecuente que le digan que sus actividades van a ser unas y acaben siendo otras.
Danna está sentada en una banca de un supermercado cercano a las vías. En algunos momentos del relato, sobre todo cuando se refiere a un futuro incierto, sus ojos se humedecen. Vuelve momentáneamente a su vida en Honduras: en su celular reproduce un video de su hijo de 15 vestido de cadete y con una medalla de excelencia. Luego muestra videos cortos de puntos que recorrió en caravana.
Abre la aplicación CBP One y el correo de confirmación del turno. Explica cómo se genera un número de espera hasta que llegue una cita fija. Cómo entonces tendrá 21 días para llegar al punto de internamiento en Tijuana –en Honduras, su padre está juntando dinero para mandarle para el pasaje–. Llega a la pantalla donde aparece el nombre de sus hijos y el suyo junto a una cifra larga. Vuelve a pasar fotos, de sus hijos y de su familia, cuando todavía estaba completa llegando a la Ciudad de México.
– ¿Y en caso de que no se dé la cita?
– Eso estaba pensando, pero fui donde el abogado y le dije que si me podía ayudar, que yo ya traía el papeleo de abajo (de la frontera sur), traigo hasta un número de seguro social, y me dijo ‘no, es que para eso tendrías que bajar a Tapachula’. No puedo, si a mí me saliera acá la permanencia, yo me quedara, peor ahora. Le digo yo ‘mi plan no es llegar a Estados Unidos así’, la dirección que tengo es la de él (el papá de sus hijos). Vamos a ver qué pasa; yo, como le dije a mi papá, voy a esperarme un mes más, y si no me sale, pues voy a buscar, le voy a decir al abogado que me ayuden, como ya no puedo ir a Tapachula, pues a iniciar otro proceso.
“Ha sido difícil”, repite como en otros momentos de la conversación. “Tanto que uno ha batallado para llegar hasta aquí, porque se sufre, se batalla, aquí uno aguanta de todo”.
Colonia Juárez: la espera y la exigencia que no terminan
A seis kilómetros de ahí, en las inmediaciones de la Plaza Giordano Bruno –muy cerca de las oficinas centrales de la Comar en la Ciudad de México– la situación no ha cambiado mucho desde que personas migrantes se quedaron ahí a vivir, hace más de un año, a la espera de un permiso migratorio, un certificado de refugio o ahora, una cita CBP One.
Lo que tampoco se ha modificado es la percepción de los vecinos de la colonia Juárez que, dicen, solo quieren que las autoridades atiendan los derechos de todos. Al igual que los de Vallejo, han realizado varios cierres de calles con esa demanda y han advertido sobre uno conjunto en Paseo de la Reforma e Insurgentes el próximo 24 de mayo.
Sergio González, vecino de la zona que forma parte de la 06600 Plataforma vecinal y observatorio de la Colonia Juárez, califica a la Comar como una vecina incómoda con la que han tenido reuniones desde hace año y medio.
Asegura que en la última, les prometieron que iban a invertir varios millones de pesos en mejorar sus instalaciones en la calle Versalles. González dice que los colonos no están en contra de la migración y que las personas migrantes son bienvenidas, pero México –señala– ha firmado tratados internacionales para que transiten con dignidad y con seguridad.
“¿Qué espera el gobierno? Hemos tenido ya graves conatos de violencia, natural habitando bajo las condiciones tan difíciles bajo las que están habitando, pero lo más grave fue la muerte de un infante migrante venezolano. Creemos que se pudo haber evitado, si las autoridades tanto del gobierno federal como del gobierno local hubiesen tenido la sensibilidad de habernos escuchado”, apunta.
Su principal demanda: la calle no es albergue. México, señala, tiene que generar las condiciones para que las personas migrantes que se queden tengan alternativas y un trabajo digno. Algo virtuoso y positivo, admite, es que a pesar de las condiciones en las que habitan, los vecinos les ven todos los días trabajando o buscando empleo en el mercado local, en comercios aledaños o en restaurantes, aunque tampoco se puede hablar de integración, según su perspectiva.
“Bienvenidos los haitianos. Cuando vemos la situación en la que está Haití, pensamos ‘qué bien que estén aquí, porque en su país está muy difícil’. Para nada estamos pensando en que sean repatriados, al contrario. México es un país refugio, la Ciudad de México es una ciudad refugio, y lo que nos preguntamos es: ‘Si la Ciudad de México es una ciudad de derechos, ¿qué espera el gobierno de la ciudad, trabajando en coordinación con el gobierno federal, para crear las condiciones idóneas para la permanencia de los migrantes aquí?”, cuestiona.
Durante 2023, Haití ocupó el quinto lugar en eventos (45 mil 091) de personas en situación migratoria irregular, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, detrás de Venezuela, Honduras, Guatemala y Ecuador. En 2022 había ocupado el undécimo lugar, con 4 mil 503, lo que representa un crecimiento del 900% de un año a otro.
González describe que la muerte del menor de edad a la que refiere se debió, en apariencia, a una condición de vías respiratorias. El clima, dice, es poco propicio, además de que en las casas de campaña donde las personas migrantes pernoctan prevalecen condiciones de extrema precariedad, inseguridad, malnutrición, incertidumbre y estrés.
La plataforma vecinal alega que la falta de infraestructura gubernamental para proveer lugares dignos y ordenados no es pretexto. Según su mapeo, una opción sería un edificio que está vendiendo el Indaabin en Paseo de la Reforma y Río Neva, que antes ocupó la FGR; otra sería un espacio subutilizado del ISSSTE, donde se ubicaba una de sus tiendas, en Obrero Mundial y Doctor Vértiz, y finalmente, un inmueble que ocupaban las Guardias presidenciales, en San Antonio Abad y Hernández y Dávalos, en la colonia Asturias.
En su última manifestación, el pasado 30 de abril, entre sus principales consignas, repitieron una y otra vez: “Garduño, escucha, presenta tu renuncia” y “Luisa, vecina, sal de tu oficina”, luego de criticar la gestión del primero al frente del Instituto Nacional de Migración y la inacción de la segunda como titular de la Secretaría de Gobernación.
Una respuesta ineficaz ante CBP One
Falta de accesibilidad, fallas de operatividad, largas esperas y poca eficacia del gobierno mexicano para garantizar condiciones de estancia para esperar una cita son algunas de las consecuencias que organizaciones no gubernamentales han documentado tras la implementación de la aplicación CBP One.
Esto obliga a las personas a permanecer en México de una manera más prolongada –explica Jerónimo del Río, investigador de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho–, pues se ha convertido, de facto, en un tercer país seguro, sin que hasta ahora garantice las condiciones adecuadas para esas poblaciones.
“Definitivamente, esto es algo que vino a cambiar la lógica del flujo migratorio por nuestro país. Creó la obligación de contar con mayores condiciones en estados donde antes probablemente no era del todo necesario. La muestra más clara de que estamos rebasados, y no por falta de capacidad o de recursos sino porque no estamos poniendo los huevos en la canasta que deberían ir, es que el presupuesto asignado al Instituto Nacional de Migración es infinitamente superior al asignado a la Comar.
“Esto sumado al hecho de que es una institución militarizada, es una muestra clara de las intenciones del Estado mexicano hacia la población migrante. Estamos muy lejos de querer atender el tema con una perspectiva humanitaria. México tiene que empezar a representar sus intereses en materia migratoria; hemos implementado una política migratoria que responde más bien a los intereses de los Estados Unidos”, añade.
De acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones, CBP One genera actualmente cerca de mil 500 citas al día en toda la frontera norte. Desde su perspectiva, esto ha tenido un impacto sobre cómo se mueve la gente en México, dónde y cómo espera. En ese sentido, las personas están llegando menos a la frontera norte sin una cita en CBP One, por lo que ahora tienden a quedarse en ciudades más seguras y con mejor accesibilidad.
Para la organización Sin Fronteras, ejercer acciones de control y de acceso a Estados Unidos mediante CBP One, una aplicación que necesariamente requiere un celular con datos, carga o conexión, en primer lugar habla de una visión clasista y restrictiva del país vecino, porque quienes emprenden una travesía desde sus países de origen con frecuencia son víctimas de extorsión o robo de sus pertenencias. Además, se requiere un conocimiento básico de la tecnología –que, a diferencia de Danna, no todos tienen– para descargar, registrar datos y aplicar constantemente.
“Hay que reconocer que los flujos migratorios son mixtos, que puede haber personas que tienen las posibilidades de tener un celular y acceder a esta aplicación con mucha mayor tranquilidad, pero hablamos de estos flujos donde la mayoría de las personas tienen el dinero contado, no tienen redes de apoyo, van buscando las mejores rutas o han pagado cantidades exorbitantes”, señala Wendy Castro, subcoordinadora del área legal de Sin Fronteras.
Al mismo tiempo, según han documentado las organizaciones, el uso de la aplicación ha generado extorsión y fraudes por parte de personas, regularmente en la frontera sur del país, que prometen sacar o adelantar la cita. Además, persiste una respuesta ineficaz del gobierno mexicano para establecer mecanismos prácticos y reales con los que puedan responder las instituciones gubernamentales respecto a los compromisos previos con Estados Unidos.
“Si bien se determinó el uso de un programa, que es el programa CBP One a través de esta aplicación, no se previó que para que estas personas pudieran sacar la cita, tenían primero que llegar al menos al centro del país. Entonces muchas veces el mismo Instituto Nacional de Migración desde el punto fronterizo del sur les detiene porque no tienen la cita, y a pesar de que expliquen, son detenidos, pasados a una estación migratoria y muchas veces devueltos a su país de origen sin siquiera hacer una valoración de la integridad o del riesgo que corren”, señala Castro.
El gobierno mexicano, subraya, en ningún momento debe dejar de lado la protección a los derechos humanos de las personas migrantes en el trayecto, pues fue una condición que nuestro propio país puso, en acuerdo con el gobierno estadounidense, para implementar CBP One. Sin embargo, en los puntos de internamiento del norte prevalecen las detenciones incluso cuando las personas muestran una cita ya confirmada.
México, país destino
Para la especialista, también hay que hablar de la tardanza de las citas en CBP One, pues todavía no se encuentra una respuesta lógica al hecho de que para algunas nacionalidades se genere más rápidamente en determinadas épocas. “No hay una certeza de cuáles son los principios prioritarios que toma en consideración”, remarca.
Esto ha generado que las personas reformulen su proyecto de vida –como probablemente lo haga Danna– y aunque su plan inicial fuera llegar a Estados Unidos, en el proceso de estar en México necesitan más medios de subsistencia, por lo que terminan iniciando un proceso de integración a la comunidad mexicana, y una segunda oportunidad en nuestro país, si la recepción es positiva. Sin embargo, acogerse al gobierno mexicano puede complicarse cuando en lugar de ayudarles y proteger sus derechos, es quien los vulnera.
“Hemos podido ver –en algunas zonas periféricas y conurbadas–, afortunadamente, procesos de integración a nivel comunitario, a nivel empresarial, a nivel comercio, y esto nos permite ver que si hacemos un cambio de narrativas, que si dejamos de estigmatizar, de discriminar y de tener esta mirada xenofóbica, podemos lograr un proceso de integración.
“Hay que recordar que la Ciudad de México es una ciudad intercultural, somos una ciudad huésped. Eso obliga a los gobiernos de la Ciudad de México a tomar las medidas necesarias para garantizar el acceso a servicios, a derechos y a un proceso de integración intercultural. Estos procesos son lentos, son paulatinos, todavía nos queda mucho por aprender, por deconstruirnos y por reeducarnos, pero se están dando poco a poco”, agrega.
